Observatorio: crímenes sin culpables

Observatorio: crímenes sin culpables

Compartir:

Un accidente ocurrido en Culiacán la noche del 14 de noviembre podría clasificarse como otro hecho aislado de nota roja a no ser porque retrata con exagerada nitidez ese modo de negligencia gubernamental que resulta criminal porque cuesta vidas. Se trata de un tipo de violencia derivada de la desidia u omisión de servidores públicos y al mismo tiempo impune y sin la correspondiente acción indemnizatoria.

El suceso circuló fuerte en las redes sociales no por el aliento sensacionalista sino con el ímpetu de la indignación ciudadana: cerca de las nueve de la noche de ese día una mujer, acompañada de una bebé de diez meses de edad, conducía de norte a sur su automóvil por la prolongación de la calle Federalismo, en la colonia San Rafael, cuando al caer el vehículo en un enorme bache ella pierde el control del volante y la unidad se precipitó a un canal.

Hay un capítulo de heroicidad cuando un hombre se lanza al canal para rescatar con vida a la joven madre, pero igual un episodio de tragedia al no poder esta persona hacer la proeza de también salvarle la vida a la pequeña.

En retrospectiva, casi un mes antes el alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, había sucumbido de nuevo ante la desmesura del poder al ofrecer que en diez días, a partir del 10 de octubre, no quedaría un solo bache en la desastrosa fisonomía de la ciudad capital. Y en inusitada capacidad de respuesta, al día siguiente de ocurrido el fatal accidente amaneció reparado el hoyanco que a decir de las crónicas periodísticas medía tres metros de largo por 1.5 metros de ancho y diez centímetros de profundidad.

Sin embargo, esto va más allá de la crónica policiaca. El drama familiar que ocurrió después del exabrupto discursivo del alcalde —eso de acabar con los baches en diez días— deja a la vista que los gobiernos municipales y el estatal no son sujetos de responsabilidad legal cuando una acción administrativa irregular afecta los bienes y derechos de la población.

Es decir, sí existe el desmesurado rigor gubernamental al tratarse de ciudadanos que causan un daño a infraestructura pública, pero cuando el perjuicio es a la inversa, la ley y autoridades son omisas.

A Sinaloa y sus municipios les falta una eficiente ley de responsabilidad civil que tutele los derechos ciudadanos en materia de daños causados por actos de negligencia gubernamental. Más allá del actual trámitecuadro_reverso tortuoso y la mayoría de las veces estéril de exigir la reparación de averías en automotores, debe fincarse responsabilidad a funcionarios que el pueblo les paga para que trabajen bien no para que lo amuelen más.

Que el que la hace la pague, con dinero o pagar con cárcel, según el daño causado.

¡SALUD!… GRACIAS

Vino a Mazatlán la científica Mary Nora Disis, candidata al Premio Nobel de Medicina por las investigaciones para desarrollar la vacuna contra el cáncer, y el secretario de Salud, Ernesto Echeverría, ni por enterado se dio. Tampoco aprovechó los lugares ofrecidos a especialistas sinaloenses para aprender de las eminencias presentes en el Congreso Internacional de Oncología. Así estamos, de plano.


¿Tienes una denuncia? | Hazla en ESPEJO:

Si cuentas con fotografías o videos de interés público, compártelos con nuestros lectores. Envíalos al correo electrónico: [email protected]

Compartir:

Deja un comentario