Tema de la semana | CEDH y Ley de Obras Públicas, ¿con o sin la venia de Quirino?

Tema de la semana | CEDH y Ley de Obras Públicas, ¿con o sin la venia de Quirino?

La designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que recayó en un hombre sin antecedente alguno en la defensa de las garantías individuales, y la aprobación de una  nueva Ley de Obras Públicas que alienta la corrupción en vez de combatirla, reflejan al Congreso del Estado legislando para unos pocos y no para la sociedad. La pregunta es si Quirino Ordaz Coppel, próximo gobernador, avaló ambas pifias parlamentarias.

La semana que concluye fue pródiga en lo referente al abatimiento de la esperanza social puesta en la 61 Legislatura del Congreso del Estado, uno de los tres poderes que, al menos eso dice la Constitución, tiene la representación social. es decir, actúa apegado al mandato ciudadano y vela por el interés general. Sin embargo, más allá de las letras muertas, los días recientes refrendaron que nuestros diputados son tercos en darles la espalda a los sinaloenses.

La primera muestra de ello se dio el martes 7 de junio al nombrar el Congreso al frente de la CEDH a José Carlos Álvarez Ortega, cuya hoja curricular está exenta de actividades o tesones en pro de los derechos humanos y repleta de puestos burocráticos de segundo nivel. Lo que causa ruido es que la Legislatura local tenía de dónde escoger pues entre los 13 aspirantes a cargos había personas con excelente perfil y vocación probada en la lucha por los proteger a los más vulnerables. Tres botones de muestra: Nuria González, Consuelo Gutiérrez y Jaime Cinco Soto, entre otros.

Dos días después vino otra señal que acabó de aplastar la fe en el Parlamento. Tras muchos días de cabildeos, toma de opiniones a organismos civiles y  cámaras empresariales y una serie de  aplazamientos inexplicables, el jueves 9 de junio el Congreso aprobó la nueva Ley de Obras Públicas de Sinaloa, produciendo un adefesio legislativo en vez de la norma de avanzada que ofreció. Una muestra: el anterior ordenamiento consideraba 8 excepciones en las que el Gobierno podía asignar obra sin licitar ; ahora se le amplía a 14 situaciones en que puede darla de manera directa.

Además excluyó la figura del contralor social, que ya existe en varios estados del país para que los ciudadanos vigilen el uso correcto de los recursos públicos y detecten actos de corrupción como los “moches” o el “tenpercent”. Aquí funcionarán solamente observadores, a los cuales los funcionarios deshonestos podrán hacer a un lado en el momento que se les antoje. En síntesis, la ley en la materia con enfoque anticorrupción que prometió el Congreso acabó en una burla, abriendo más puertas a las obras “por invitación” en las que el tráfico de influencias y la podredumbre hallan terreno fértil.

Ni en derechos humanos ni el obra pública los diputados estuvieron a la altura de las circunstancias. Impusieron a un ombudsman ignorante del tema en momentos en que organismos como la CNDH, Aministía Internacional y el Alto Comisionado de la ONU en México expusieron ante el mundo la práctica de la tortura en Sinaloa con fines de investigación ministerial, logrando incluso que un juez pusiera en libertad a Yecenia Armenta, la mujer acusada de asesinar a su esposo Alfredo Cuen Ojeda.

En combate a la corrupción existe la movilización nacional que con propuestas como la  Ley 3 de 3 logró que la Cámara de Diputados esté por aprobar una norma que sea efectiva en la investigación y castigo de los desfalcos que cometen servidores públicos. Es la Ley Anticorrupción que avanza a pesar de la diputación del PRI que, así como lo hizo en Sinaloa, defiende la “caja chica” en que ha convertido al erario.

Otro dato contextual tiene que ver con la victoria electoral del PRI en Sinaloa que hará que Quirino Ordaz Coppel presida el Gobierno del Estado desde el próximo primero de enero.  La praxis política señala que debió ser consultado por los diputados priistas pues será en su mandato cuando el nuevo presidente de la CEDH y la recién probada Ley de Obras Públicas apliquen cronológicamente hablando puesto que al sexenio de Mario López Valdez le restan algunas semanas.

El desfiguro del PRI en el Congreso resulta ser el que preocupa más porque debieron tomarle opinión al que gobernará Sinaloa durante cuatro años y diez meses y tuvieron que empezar, los diputados priistas, a generarle a Ordaz Coppel condiciones de gobernabilidad a través de leyes o titulares de organismos independientes que entonen con el discurso de combate a la corrupción, transparencia en obra pública y respeto a los derechos humanos que como candidato Quirino ofreció hasta la saciedad.

¿Avaló Quirino Ordaz la designación en la CEDH de un perfecto desconocedor de los derechos humanos, así como la nueva Ley de Obras Públicas que echa abajo la promesa de cerrarle todos los caminos a la corrupción e involucrar a la sociedad en la vigilancia  del dinero que gasta el Gobierno? La pregunta requiere respuestas para que los  sinaloenses sepan, ahora, qué tipo de gobernador eligieron.

Frase89

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