7 frentes abiertos a la vez | Pone Peña Nieto en jaque la gobernabilidad del país

7 frentes abiertos a la vez | Pone Peña Nieto en jaque la gobernabilidad del país

A dos años para la próxima elección presidencial, las coaliciones sociales sobre las cuales el PRI podía gobernar se han resquebrajado. Los frentes abiertos del presidente Enrique Peña Nieto, no solo determinarán las condiciones del PRI rumbo al 2018, sino que establecerán las condiciones de gobernabilidad del país entero en el corto y mediano plazo.

FOTO: Moisés Pablo /Cuartoscuro.
FOTO: Moisés Pablo /Cuartoscuro.

De acuerdo con el resumen semanal del CIDAC, intitulado El 7-0 de Peña Nieto, desde hace algunas semanas, un cúmulo de episodios en la vida política del país han puesto en evidencia las diversas fracturas que exhibe el modelo de gobernabilidad actual del Gobierno federal.

Y recuerda: “A su inicio, la administración de Enrique Peña Nieto tenía ante sí la oportunidad de posicionar al Partido Revolucionario Institucional en el poder, sobre todo considerando que había recuperado la Presidencia tras dos sexenios de gobiernos panistas Peña Nieto gozaba de una aprobación superior al 50% y tenía el apoyo de distintos grupos sociales, como la iniciativa privada, la Iglesia e incluso de los principales partidos de la oposición en el Congreso bajo el marco del Pacto por México”.

Tomando en cuenta la coyuntura de inseguridad nacional y volatilidad económica internacional, insiste el CIDAC, en caso de no atenderse, estos frentes podrían poner en jaque la estabilidad y gobernabilidad del país.

 

  1. El distanciamiento con el sector empresarial

Si bien la reciente aprobación de la versión modificada de la Ley 3 de 3 por parte del Legislativo fue el punto culminante del distanciamiento entre el Gobierno federal y el sector empresarial, el inicio del conflicto puede rastrearse hasta finales del año 2013 con la aprobación de la Reforma Fiscal. Desde el inicio de la discusión en el Congreso, el sector empresarial se posicionó en contra de la reforma, argumentando que la iniciativa de Peña privilegiaba fines recaudatorios a costa de desincentivar la inversión. En su momento, la iniciativa privada pujaba por el aumento de la base gravable mediante impuestos generalizados a alimentos y medicinas. Sin embargo, la Reforma aprobó diversas disposiciones específicamente orientadas a la actividad empresarial, por ejemplo la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre alimentos con alto contenido calórico y bebidas, así como la disminución de la deducibilidad en prestaciones y en capital. Esto provocó que tanto en 2014 como 2015, el sector empresarial demandará la reconsideración de la miscelánea fiscal en aras de atemperar las nuevas obligaciones. Inclusive durante 2015, el PAN capitalizó la causa de derogar la Reforma en el contexto electoral de ese momento.

Este año la iniciativa privada tuvo una participación determinante en el desarrollo de la iniciativa Ley 3 de 3. Gracias a organizaciones empresariales como la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, la iniciativa pudo superar el umbral de firmas necesario para que iniciara su discusión en el Congreso. Aunque dicha ley podría haber representado una posible reconciliación entre el Gobierno federal y el sector empresarial, las modificaciones de último minuto en torno a las obligaciones impuestas a las empresas que son prestadoras de servicios al sector público, terminaron por agravar la situación.

 

  1. El recrudecimiento del conflicto magisterial

La Reforma Educativa fue una de las primeras reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013. Entre las disposiciones secundarias más importantes, la reforma creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa para regular el ingreso, permanencia y desarrollo de los maestros dentro del servicio profesional docente. Desde su inicio, la reforma resultó en el enfrentamiento con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), provocando diversas marchas y bloqueos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México. La reforma causó tanta controversia que incluso durante su discusión, el Congreso se vio obligado a sesionar en una sede alterna a San Lázaro debido a los bloqueos y enfrentamientos. Antes del enfrentamiento más reciente en Nochixtlán, ya se habían dado otros choques importantes, como los desalojos de los plantones en el Zócalo de la capital, los bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el incendio de la sede estatal del PRI en Guerrero. Más tarde, el conflicto se agravó con la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la designación de Aurelio Nuño como nuevo secretario de Educación, y el giro de varias órdenes de aprehensión en contra de los líderes magisteriales. En días recientes el conflicto ha tomado dimensiones desproporcionadas. Tras 37 días el bloqueo en la capital de Oaxaca, culminó con un enfrentamiento en Nochixtlán con un total de 8 muertos, 55 policías lesionados, 21 detenidos y decenas de heridos por parte de los protestantes.

 

  1. El descontento de la Iglesia católica

La serie de iniciativas que anunció Peña para modificar la Constitución y el Código Civil de forma que se reconozcan los matrimonios igualitarios en todo el país suscitó una confrontación directa con el sector eclesiástico. El rechazo de la Iglesia católica al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo no es ninguna novedad, sin embargo, la propuesta de Peña tuvo como consecuencia el rechazo abierto de ciertos líderes eclesiásticos hacia el PRI. Inclusive, la iglesia católica se atribuyó la derrota del PRI en varios estados como Aguascalientes argumentando un voto de castigo motivado por el rechazo a dicha iniciativa. Si bien no se puede concluir que haya existido una causalidad directa entre el llamado al voto de las iglesias y el resultado electoral de junio pasado, las expresiones de descontento merecen ser sopesadas por la magnitud del mismo sector. De acuerdo al INEGI, en 2014 el 82% de la población mexicana seguía siendo católica, y, además, las iglesias generaban hasta el 11.5% del PIB de Instituciones Sin Fines de Lucro.

 

  1. La “distancia sana” del PRI con el Presidente

Tras los comicios de 2016, el PRI sufrió una de las derrotas electorales más notables de los últimos años. El partido del presidente perdió 7 de las 12 gubernaturas en juego, así como 4 estados en donde había gobernado por 80 años. A partir de este resultado, el presidente del partido, Manlio Fabio Beltrones, anunció su renuncia argumentando que el electorado había expresado su rechazo a las políticas implementadas y mencionó que “lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”. La renuncia del dirigente nacional, así como sus declaraciones, se producen en un momento crucial para el presidente y acarrean una serie de críticas directas hacia la figura de Peña Nieto por parte de figuras clave del partido. En este sentido, el mensaje de Beltrones es un mensaje hacia el Gobierno federal por no haber abordado de ninguna manera las demandas de rendición de cuentas de la ciudadanía tanto dentro del gabinete como en estados claves para el partido como Veracruz, Tamaulipas, Durango o Quintana Roo. Esta coyuntura representa una de las primeras fisuras en la unidad priista que se había mantenido a lo largo del presente sexenio. Finalmente, la renuncia de Manlio Fabio vulnera la figura del presidente pues marca una distancia significativa entre el presidente y el partido con miras a la carrera hacia 2018.

 

  1. El Ejército

Aun cuando las labores del Ejército en tareas de seguridad pública iniciaron desde el sexenio pasado, fue hasta esta administración que los encargados de las fuerzas federales han expresado malestar por el arreglo vigente. En particular, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha declarado su desacuerdo con la asignación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, que en principio corresponden a la policía. De acuerdo con el mismo secretario, las fuerzas federales han desempeñado estas labores, para compensar la ineficacia policial, sin un marco normativo que las regule y han sido objeto de múltiples escarnios y acusaciones por parte de la opinión pública y organismos nacionales e internacionales. Si bien no se ha llegado a un rompimiento evidente, lo cierto es que las expresiones del general Cienfuegos han mostrado que existe un malestar de las fuerzas federales con la política del Ejecutivo en materia de seguridad que no debe pasar desapercibido.

 

  1. Los señalamientos con las organizaciones internacionales (y nacionales)

A pesar de que se han producido importantes avances normativos en materia de derechos humanos —como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y el desarrollo de programas específicos como el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2018—, la creación de un marco jurídico e institucional ha resultado insuficiente. Así lo han expresado una serie de instituciones de carácter internacional, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de nuestro vecino del norte y recientemente Open Society quien incluso señala la existencia de crímenes de lesa humanidad. Si bien la estrategia de enfrentamiento con el crimen organizado que ha derivado en múltiples violaciones a derechos humanos no es un tema exclusivo de este sexenio —desde 2006 hasta la fecha el gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones en materia de violaciones graves a derechos humanos por parte de organizaciones nacionales e internacionales— lo cierto es que este gobierno en específico ha sido incapaz de revertir la tendencia.

El país acumula más de 150 mil muertos y 26 mil desaparecidos, además de una situación grave de ataques a periodistas. Lo anterior se agrava con una cifra negra en la cual únicamente 9 de cada 10 delitos se reporta y un número mucho menor de los denunciados efectivamente se resuelve. El diagnóstico es devastador, sin embargo el gobierno mexicano ha optado, en la mayoría de los casos, por negar la evidente realidad y por resaltar los insuficientes avances —la mayoría legales— ya mencionados. Inclusive las modificaciones derivadas de la reforma penal de 2008 parecen escasas frente al escenario de crisis de derechos humanos. En este sentido no se ha logrado reducir los altos índices de impunidad pero tampoco se han logrado acciones de prevención efectivas que atiendan todas las dimensiones del problema.

 

  1. El castigo del electorado a la corrupción

Una de las lecciones de la pasada jornada electoral fue que la corrupción de los gobernantes y el voto de castigo como mecanismo de rendición de cuentas serán torales en las campañas presidenciales de 2018. El pasado 5 de junio, las campañas centradas en promesas de castigo a gobiernos corruptos capitalizaron un gran número de votos en estados como Chihuahua y Veracruz. El mensaje no es nuevo: desde 2015 con los triunfos de Claudia Pavlovich y Jaime Rodríguez el Bronco, el tema de combate a la corrupción y castigo a gobiernos salientes había demostrado su atractivo electoral.

Dentro del Gobierno Federal, diversos escándalos incluyen a miembros destacados del gabinete, por ejemplo al ex director general de la Comisión Nacional del Agua, el secretario de Hacienda, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el ex director general de Petróleos Mexicanos, el propio presidente, y recientemente, el ex secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A pesar de ello, ninguno de estos casos ha sido castigado por las autoridades correspondientes, y el Gobierno federal ha desperdiciado sus oportunidades para demostrar un compromiso en contra de la corrupción. En este sentido, el Gobierno federal tenía ante sí la oportunidad de abordar la problemática con la Ley 3 de 3. Sin embargo, el legislativo, liderado por la bancada del presidente decidió desairar las propuestas de la ciudadanía, modificando en demasía la propuesta original y aprobando una ley descafeinada y poco funcional en ciertos aspectos.

 

Muchos frentes abiertos

FOTO: Adolfo Vladimir /Cuartoscuro.
FOTO: Adolfo Vladimir /Cuartoscuro.

El CIDAC concluye que más allá de la magnitud y la complejidad de cada una de estas problemáticas, la gravedad de la situación radica en la simultaneidad de los diversos frentes abiertos. Asimismo, tomando en cuenta la coyuntura de inseguridad nacional y volatilidad económica internacional, en caso de no atenderse, estos frentes podrían poner en jaque la estabilidad y gobernabilidad del país. El presidente Enrique Peña Nieto ha desperdiciado oportunidades de atender algunas problemáticas relacionadas con la corrupción y la rendición de cuentas, y si el statu quo permanece el resto del sexenio, entonces el escenario más optimista para México es solo que el PRI pierda las elecciones de 2018. A un año y medio de que concluya su mandato se corre el riesgo de que la situación siga empeorando, y ahí lo que tendremos que contestarnos es ¿cómo va a llegar México a las elecciones de 2018?

 


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