Omisión del Congreso favorece el odio contra la diversidad sexual desde la Iglesia

Omisión del Congreso favorece el odio contra la diversidad sexual desde la Iglesia

En virtud de que la actual legislatura del Congreso del Estado se mantiene en desacato constitucional al ignorar sentencias judiciales que lo obligan a cumplir con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, la diputada Imelda Castro Castro propuso un periodo extraordinario para resolver el tema del matrimonio igualitario en Sinaloa.

En la sesión de este martes de la Diputación Permanente, la legisladora del PRD llamó al Congreso a rectificar la inconstitucionalidad en que se ha caído, por culpa de la anterior legislatura, la 60, al no permitir el matrimonio legal entre personas del mismo sexo.

“Por eso es que ahora, a 38 días que restan a esta legislatura, pido que esta Diputación Permanente, de conformidad con sus facultades constitucionales y legales, atienda la pertinencia de convocar al Congreso a un procedentemente obvio periodo extraordinario de sesiones, en el que sin menoscabo de atender la dictaminación de otros asuntos que no son menos importantes, resuelva (…) la modificación de preceptos normativos que en opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violan principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, destacó.

Dijo que no se puede permitir que ante la ausencia de compromisos en materia de promoción de los derechos humanos se mantenga una abierta campaña homofóbica auspiciada, promovida y encabezada por la Iglesia Católica.

“Su derecho a libre manifestación de sus ideas es un derecho constitucional que tienen pero, ejerciendo un derecho, no se vale que se vulneren otros derechos como los de igualdad y no discriminación”, dijo.

Refirió que muchos analistas ya hablan de la promoción del odio de la curia católica mexicana contra la diversidad sexual, lo cual consideró cada día más repulsivo, “porque los altos jerarcas de esta iglesia desafían la misericordia y compasión predicada desde el Vaticano, a la vez que envilecen con su participación la vida política del país”.

 

LO DIJO:

“Este Congreso debería entender que su falta de decisión para solucionar el desfiguro de la anterior legislatura que impidió el matrimonio igualitario, favorece que se mantenga la confrontación desde el púlpito, utilizando para arengar con argumentos supuestamente religiosos contra las identidades sexuales que no acepta”.

—Imelda Castro Castro. Diputada local por el PRD.

 

No usar la Biblia para odiar

Imelda Castro manifestó que si la Iglesia no lo hace, el Congreso debería entender que los derechos humanos no responden a religiones ni a ideologías, sino que debería atenerse a los resolutivos de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrados en Viena en 1993, en los que se dispuso que todos los estados tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“No se puede usar la biblia para promover el odio contra las personas, contra los seres humanos. Deberíamos aquí ahora, en esta Diputación Permanente, aceptar por lo tanto la pertinencia de convocar al Pleno, si comenzamos por reconocer que el principio de no discriminación fundamenta el régimen internacional de los derechos humanos al que el estado mexicano se adhiere desde su Carta Magna, porque aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación, sobre la base de una lista no limitativa de categoría como el sexo, la raza o el color de las personas, solo por mencionar algunas”, indicó.

 

Preguntas sin respuestas

La diputada dijo que el derecho de las personas a la no discriminación va de la mano con el derecho de igualdad, desde el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por ello preguntó:

¿Por qué le costó entenderlo a la anterior legislatura con sus inconstitucionales artículos 40 y 165 del Código Familiar?, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo en este Congreso, negándonos a corregir esas deficiencias a la ley, a pesar incluso del mandato de la Suprema Corte?

Castro Castro dijo negarse a aceptar que este Congreso, en los hechos, vea a los derechos humanos como letra muerta, por lo que en todo caso debería responder a la Corte por sus omisiones y dejar de fingir que no le importan los amparos que pierde por la exigencia de las personas a que se reconozcan sus derechos.

En respuesta, Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Diputación Permanente y de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), solo se limitó a instruir al secretario general para que con las comisiones unidas de puntos constitucionales, derechos humanos, equidad, género y familia se vea el seguimiento que lleva la situación que guarda la iniciativa “para que se proceda conforma los acuerdos que en un momento dado pudiéramos tomar sobre los trabajos que habrá de desarrollar la Permanente o la Legislatura en su caso, en lo que resta de este ejercicio”.

 


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