Tema de la semana | Cacería de Uber: ¿Quién está detrás?

Tema de la semana | Cacería de Uber: ¿Quién está detrás?

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Las agresiones por parte de inspectores de vialidad a choferes de Uber en Mazatlán es la última escalada de un conflicto que inició incluso antes de la llegada de esta opción de transporte, cuando el gobernador, Mario López Valdez, declaró que no permitiría su entrada a la entidad.

Al igual que en muchas otras ciudades del mundo, la llegada de Uber a Sinaloa en octubre pasado ha causado gran malestar entre los concesionarios del transporte público, quienes a través de manifestaciones, persecuciones e incluso agresiones buscan frenar, o por lo menos hacer más sinuoso el establecimiento de esta nueva opción de transporte en el estado.

Sin embargo, los transportistas no fueron los primeros en iniciar con el conflicto alrededor de la llegada de Uber a Sinaloa. En septiembre pasado, apenas un día después de que la empresa anunciara su arribo al estado, el gobernador Mario López Valdez sentenció que no permitiría que eso ocurriera.

El argumento del gobernador, así como de los transportistas, es que la Ley de Transporte establece que el servicio de taxi solo puede ofrecerse a través de permisos o concesiones, con los cuales no cuenta el esquema de trabajo de Uber. En contraparte, Uber alega que no son una empresa de transporte como tal, sino una plataforma tecnológica que conecta a los conductores y usuarios, quedando así fuera de lo contemplado en el marco jurídico estatal.

Con estos antecedentes, Uber empezó a operar en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis a partir del martes 4 de octubre pasado, fecha desde la cual sus choferes han sido objeto de acoso constante, tanto por parte de grupos de taxistas, como de autoridades de vialidad y transporte.

En los últimos días, hechos como la agresión por parte de presuntos inspectores de vialidad y transporte (con gafete) a dos vehículos de Uber en Mazatlán, que dejó daños físicos y materiales a sus conductores; la trampa que un grupo de taxistas tendió a otro conductor en la ciudad de Los Mochis e incluso el asesinato de un presunto chofer la noche del jueves en la colonia Villa Universidad en Culiacán, muestran cómo el conflicto sigue escalando ante la aparente indiferencia de las autoridades.

El asunto incluso ha llegado a enfrentar al alcalde de Mazatlán, Carlos Felton, y al secretario general del Stase, Armando Heráldez, con las autoridades estatales.

Por un lado, Felton ha hecho un llamado a la Dirección de Vialidad y Transporte, solicitándoles que se conduzcan con base a la ley. Esto refiriéndose a los operativos en los cuales se han detenido a más de 50 vehículos en todo el estado.

Asimismo señala que la detención de los vehículos de Uber, que en varios casos han terminado con violencia, daña la imagen del puerto y afecta la actividad turística, pues varios de los choferes han sido detenidos mientras llevaban a su destino a algún turista extranjero.

Por otro lado, Heráldez Machado ha declarado a los medios que el Stase ya ha recibido varias quejas por parte de inspectores de vialidad que se niegan a trabajar en los operativos contra Uber. Esto por considerar que se encuentran en riesgo ante los posibles enfrentamientos entre transportistas y los colaboradores de esta plataforma.

Heráldez hizo además un llamado al gobernador para que garantice la seguridad de quienes participen en los operativos, o en su defecto, cambien su estrategia para usar la fuerza pública y no personal de la Dirección de Vialidad y Transporte.

Y abundó en el conflicto al señalar que el Gobierno del Estado muchas veces es omiso para castigar a otros servicios como camiones o carros de volteo que operan sin permiso y a los que no se toca.

Así, la llegada de Uber a Sinaloa empieza a mostrar cada vez mayores tintes políticos y una atención por parte de las autoridades estatales que ya quisieran tener otros asuntos que se antojan de una urgencia mucho mayor, como la seguridad pública. Mientras tanto, las agresiones y conflictos siguen subiendo de nivel, amenazando con prender la mecha a un polvorín que amenaza con dejar mayores consecuencias a concesionarios, choferes, usuarios del servicio e incluso otros sectores, como el turismo en el puerto de Mazatlán.

 


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