Tema de la semana | Seguridad pública en Sinaloa: la borrasca de marzo

Tema de la semana | Seguridad pública en Sinaloa: la borrasca de marzo

Los primeros quince días del mes de marzo aportan ingredientes de desaliento en materia de seguridad pública, por hechos como la fuga de 5 delincuentes de alto perfil del penal de Culiacán y la videograbación que exhibe a agentes municipales entregando a un grupo delictivo a 8 jóvenes que momentos antes los mismos policías habían detenido.

Después de los hechos violentos de los dos primeros meses del año, el bimestre inaugural del gobierno de Quirino Ordaz Coppel en Sinaloa, la realidad se impuso llana respecto al desamparo ciudadano y la fragilidad de las instituciones con que cuenta el Estado para hacer valer el principio de legalidad.

Sucesos como la balacera en Villa Juárez, el ataque a balazos al bar El Pirata en Culiacán, la escisión al interior del cártel de Sinaloa y la jornada de rumores en redes sociales para ocasionar pánico en la población, permitieron reeditar episodios de inestabilidad que Sinaloa ha padecido durante décadas, pero a la vez constituyeron reto y prueba para la administración pública estatal recién instalada.

Lo que faltaba, la estrategia de capacitar a las policías locales en cuarteles militares para que coadyuven al combate de la alta delincuencia sufrió un revés, como si hiciera falta uno más, al probarse que los cuerpos de seguridad pública operan para el crimen y no para la paz ciudadana.

Enseguida, en refrendo de la percepción de ingobernabilidad, vino la fuga de 5 reos de alto perfil en delincuencia organizada, exhibiendo al sistema penitenciario de Sinaloa con rejas y vigilantes que fácilmente dobla la corrupción.

Lo anterior conduce a las siguientes exigencias:

 

  1. Revisar los programas y estrategias de seguridad pública y de ser necesario refundarlas desde cero, frente al alarde del crimen que muestra el control de policías y el rebasamiento numérico y táctico a las corporaciones policiacas.
  2. Mantener al Ejército en labores de seguridad pública, inclusive reforzando su presencia y efectividad, mientras se recupera las confianzas en las policías estatales.
  3. Mejorar y aplicar indistintamente las acciones anticorrupción, pasando del amago discursivo a la aplicación enérgica del marco legal.
  4. Acelerar la etapa de resultados de la recién creada Fiscalía General del Estado, dándole el voto de confianza a Juan José Ríos Estavillo, cuya designación fue cuestionada al ponderarse amistad y lealtad con el gobernador, en vez de capacidad y propuesta.
  5. Relanzar el pacto social para el combate al delito, yendo más allá de los operativos policiacos, para involucrar a la ciudadanía en labores de participación, prevención y solución a mediano y largo plazo.
  6. Cambiar al discurso en autoridades que minimizan la presencia y efectos de la violencia, reconociendo la magnitud de esta e implementando las acciones que el fenómeno delictivo requiere.
  7. Uso eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a seguridad pública y engarzarlos a programas sociales de creación de alternativas a zonas y sectores más afectados por la inseguridad.

 

El gobernador Quirino Ordaz Coppel está a tiempo de implicar a sectores ciudadanos, expertos, instituciones y organismos nacionales e internacionales que proponen estrategias integrales de combate al delito, en refuerzo al uso de la fuerza pública y la reacción que es lo que predomina hoy en la respuesta que el Gobierno da a la delincuencia.

 

El Estado no puede, dicen los hechos, pero quizá la fusión de estrategias y participación ciudadana dé mejores resultados en la recuperación de Sinaloa, para vivirlo y progresarlo.

 


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