En México, en lugar de protegerlos, el Gobierno espía a periodistas y activistas

Durante los últimos 6 años, tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje.

Dos influyentes periodistas, abogados que investigan el caso de los 43 de Ayotzinapa, una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la Policía y un economista que ayudó a redactar un proyecto de la Ley Anticorrupción, son solo algunas de las personas que, desde el 2011 han sido espiados por el Gobierno mexicano, que utiliza un programa de espionaje israelí.

Conocido como Pegasus, el software se instala en teléfonos inteligentes para la vida diaria de una persona vigilando desde llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios hasta el acceso a la cámara y micrófono del móvil.

Terroristas y criminales

NSO Group, la empresa fabricante de Pegasus, señala que este está dedicado exclusivamente para el combate a terroristas y grupos criminales. Sin embargo, analistas forenses independientes en colaboración con el New York Times, han descubierto que este ha sido utilizado contra personas que han sido críticas al régimen del Gobierno federal, afectando incluso a sus familiares.

¿Qué dice la ley?

Al respecto, las leyes mexicanas estipulan que solo un juez federal tiene autorizar las comunicaciones privadas y para esto, los funcionarios deben mostrar que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud.

Ante esto, organizaciones civiles, periodistas y activistas espiados presentaron una denuncia ante la PGR con el fin de que el caso sea investigado.

Algunos de los afectados

• Centro Miguel Agustín Pro Juárez
• Aristegui Noticias (Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán)
• Carlos Loret de Mola (Televisa / El Universal / Radio Fórmula)
• Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
• Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO)

Con información de The New York Times.

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