Tema de la Semana | Una de cal: sistema anticorrupción en Sinaloa

Tema de la Semana | Una de cal: sistema anticorrupción en Sinaloa

El Congreso de Sinaloa aprobó el jueves 8 de junio las primeras leyes que le dan forma al Sistema Estatal Anticorrupción, en un paso importante para combatir conductas ilícitas que dañan al patrimonio público. El soporte legal contra delitos como peculado y cohecho ya es una realidad, pero debe acompañarse de instancias de sanción y autoridades con voluntad política y mano firme para hacer valer la norma jurídica.

En un contexto confuso sobre las medidas que se adoptarán para investigar y castigar el supuesto mal uso de recursos públicos que se efectuó en el gobierno que encabezó Mario López Valdez, según lo han hecho público el actual gobernador Quirino Ordaz Coppel y los integrantes de su Gabinete, el Congreso dotó de “garras” y “dientes” al Estado en la lucha anticorrupción.

A pesar de que en algunos aspectos se sostuvo el estancamiento o retroceso respecto a normas nacionales e internacionales, como es el caso de no hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses (Ley 3 de 3), el trabajo legislativo en torno a las iniciativas de Ordaz Coppel sí responde a la exigencia social en favor de la transparencia.

En refuerzo al Sistema Estatal Anticorrupción los gobiernos estatal y municipales están llamados a fortalecer en sus estructuras administrativas esta tendencia por la rendición de cuentas. Se deberán cuidar 5 flancos importantes:

La designación de un fiscal estatal anticorrupción que posea conocimientos, independencia plena hacia los sujetos obligados y sobre todo capacidad de investigación para sustentar correctamente las denuncias penales que se presenten.

Cultivar la cultura de la honestidad en las diferentes esferas de gobierno con auditorías permanentes a dependencias públicas que manejan recursos públicos, con tal de prevenir, detectar y sancionar en primera instancia.

Llevar más allá del papel las disposiciones que obligan a la participación social en el escrutinio del ejercicio del erario, en cumplimiento a las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana.

Hacer del combate a la corrupción una política de Estado que abarque por completo a la pirámide administrativa estatal y generar desde el principio señales contundentes de aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Aplicar la ley estrictamente a ex servidores públicos que han sido señalados de uso inadecuado de recursos públicos, así como a particulares o empresas que se asociaron a prácticas corruptas. No caer en el “borrón y cuenta nueva” es el reto principal del Sistema Estatal Anticorrupción.

El combate a la corrupción tiene que establecerse como acción y mentalidad a prueba de todo. Aún contra las resistencias de los poderes constitucionales a la fiscalización auténtica, como ocurre con el programa Gobierno Abierto, que está siendo boicoteado por instituciones federales, doblegarse ahora significaría retrocesos imperdonables.

Una vez concretado en Sinaloa el Sistema Estatal Anticorrupción, que es “una de cal por las que van de arena”, lo que sigue es multiplicar la intervención ciudadana en la vigilancia de que se aplique este paquete de leyes. Es equivocado pensar que la batalla social por la transparencia ha terminado; al contrario, ha llegado el momento de perseverar más para que las nuevas disposiciones no acaben siendo letra muerta, como lo son tantas normas jurídicas.


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