Los números incómodos de Malova | ¿Dónde quedaron 2,164 millones de pesos?

Los números incómodos de Malova | ¿Dónde quedaron 2,164 millones de pesos?

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Sin incluir en la revisión a sectores del Gobierno de Sinaloa como salud y educación, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas rindió un informe preliminar sobre el estado en que recibió las finanzas públicas el gobernador Quirino Ordaz Coppel, al asumir el primero de enero de 2017 la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

La revisión se hizo al periodo en el que Mario López Valdez gobernó a la entidad (del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016) y permitió identificar las irregularidades y prácticas inadecuadas en los ejercicios anteriores, y al mismo tiempo determinar iniciativas de mejora en la ejecución y control interno del gasto público en la presente administración.

Los principales hallazgos indican que la contabilidad  no presenta de forma veraz la información financiera del Gobierno del Estado, así como violaciones a la Ley de Obras Públicas estatal y federal con pagos en exceso que se hicieron al contratista fuera de norma y de los márgenes permitidos de los contratos. Además se adjudicaron contratos a proveedores sancionados e impedidos  por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de Obras Públicas.

A consecuencia de ello, se estará dando intervención a otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación y a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, a fin de que valoren la viabilidad de formular la denuncia y/o querella respectiva.

ESPEJO te presenta la numeralia específica que te ayude a conocer el daño a las finanzas públicas por el cual en próximos días se estará llamando a procedimiento de responsabilidades administrativas a exservidores del Gobierno del Estado.

¿QUÉ SE REVISÓ?

841 cuentas de cheques en sus saldos iniciales.

6,724 partidas de conciliación del  ejercicio presupuestal.

31,237 pólizas de gastos.

25,762 millones de pesos representan las pólizas de gastos federalizado y no federalizado.

115 convenios con la Federación, correspondientes a 1,137 obras públicas.

700 proveedores del Gobierno federal y su cumplimiento con la SFP y el SAT.

 

¿QUÉ SE ENCONTRÓ?

421 millones era el saldo real en bancos, el cual, comparado con el saldo registrado en la cuenta pública, arroja una diferencia de 667 millones. De estos, 594 millones corresponden al Banco Interacciones. Esto deriva de la revisión de 841 cuentas de cheques de 9 instituciones bancarias, de los años 2011 al 2016.

1,934 millones es el pasivo acumulado al cierre de 2016 en cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas, principalmente al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al Issstesin. Esta práctica se observa desde el 2012, con un incremento importante del 4% en el ejercicio del 2016. Los recursos no enterados se destinaron a otros fines.

567 millones se detectaron en traspasos no justificados de cuentas federales. Aquí es importante precisar que el 66.37% de las cuentas de cheques abiertas para la administración de recursos federales presenta al menos un traspaso a cuentas concentradoras de recurso estatal o a otras cuentas de recurso federalizado. El traspaso del recurso no permitió cumplir con las obligaciones contractuales previstas en los convenios de obra pública, que tuvieron que ser subsanadas con recursos no presupuestados.

830 millones de gasto operativo carecen del soporte documental que compruebe la adquisición de bienes y/o servicios es lo que se encontró en la revisión que se hizo a 4,800 pólizas. Hubo pagos con facturas apócrifas o editadas, servicios facturados sin que exista proceso de contratación ni contrato de prestación de servicio, y alteración de los documentos soporte del gasto.

23 contratos presentan convenios modificatorios con un incremento superior al 25% respecto al contrato original, conforme a lo establece la normatividad en la materia. En varios casos se observan incrementos mayores al 50%. Ello derivó de la revisión de 115 convenios de obra pública de gasto federalizado, correspondiente a 1,137 expedientes de obra. La suma de recursos del incremento que excede el 25%, asciende a 63.3 millones de pesos.

700 proveedores fueron revisados y en la compulsa que se hizo con la base de proveedores que están sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por haber incumplido el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se identificó a varios proveedores sancionados por alguna de las instituciones.

40% de la parte del pago de las obras contratadas se adeuda a contratistas, debido a que se realizaron traspasos no justificados entre cuentas y el Gobierno del Estado distrajo recursos económicos que le correspondía aportar. Aun así, la obra fue recibida formalmente mediante Acta de Entrega-Recepción.

58 actas de entrega recepción hicieron falta en una revisión a 671 contratos de obra pública, lo cual provoca que en términos de la Ley de Obras Públicas, la obra no se considere legalmente entregada.

¿QUÉ PROCEDE?

9 servidores públicos que ocuparon cargos de alto nivel en el gobierno de Mario López Valdez serán sujetos a procedimientos como presuntos responsables de violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

1,021 millones es el monto sobre el que habrán de rendir cuentas los 9 funcionarios.

1,143 millones es otra suma en la que durante los próximos días se estará llamando a procedimiento de responsabilidades administrativas a otros servidores públicos, que involucran más irregularidades administrativas relacionadas con manejo indebido de recursos públicos.

 


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