El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Fiscal contra Fiscal

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Fiscal contra Fiscal

 

¿Debemos deducir que las fiscalías anticorrupción, por ejemplo, son autónomas de las fiscalías generales?

Imagínate paisano: un fiscal especial investiga actos de corrupción y cuando se centra en un determinado grupo de personas, el Fiscal General del Estado se confabula con sus cómplices para desviar la investigación y beneficiar a sus amigos.

No seas mal pensado. No es en México. Es el problema en que se encuentra Alan Wilson, Fiscal General de Carolina del Sur en los EE.UU. Gracias a unos correos electrónicos obtenidos vía la ley de acceso a la información norteamericana, se supo que había contactado a un consultor político para coordinarse en el tema de desviar la investigación que involucra, entre otros, al hijo del consultor. El problema es claro. ¿Qué hacer cuando un fiscal entra en conflicto con un fiscal superior? ¿Pueden ser autónomos ambos mientras trabajan para la misma institución?

En México, las fiscalías generales nacen como parte de la implementación de la reforma a la Constitución de 2008. Por ello presentan dos aspectos fundamentales: su pertenencia al sistema acusatorio y su naturaleza de órgano constitucional autónomo.

La autonomía de una fiscalía general significa ser independiente de gobernadores, diputados, jueces, empresarios, presidentes municipales, sacerdotes, e incluso de comisiones de derechos humanos o medios de comunicación. Pero no puede interpretarse como el aislamiento del Ministerio Público de la sociedad o las autoridades de justicia y seguridad pública. La transparencia, rendición de cuentas y vinculación con el trabajo de jueces y policías es tanto de cooperación como de control.

En Sinaloa, no hay duda de la autonomía de la Fiscalía General establecida en la Constitución local, aunque no se cuente al día de hoy con su ley orgánica. Claro que lo ideal hubiera sido detallar una autonomía completa, integral, que incluyera la autonomía financiera, pero hay esperanza porque la actual legislatura no se toca el corazón para reformar la Constitución.

Cosa distinta es el ejercicio de la autonomía y el primer indicador lo encontramos en los procesos de designación y remoción de los fiscales, pues de ahí advertiremos las posibles amenazas y grilletes que el diseño legal permita. Además, las decisiones diarias de un fiscal general abonan o medran la independencia de la institución del Ministerio Público (MP).

Si bien la autonomía de las fiscalías generales es parte de su naturaleza, cosa distinta ocurre con las fiscalías especiales. Debemos diferenciar si las especiales fueron establecidas por una ley general, una ley local, el reglamento de la ley orgánica, o un acuerdo del titular del MP, aun cuando este derive de compromisos con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En todos estos casos parece claro que la fiscalía especial depende jerárquicamente de la fiscalía general y puede recibir instrucciones sobre la manera en que conduce sus trabajos.

El problema se presenta cuando la fiscalía especial se establece en un texto constitucional y además prevé determinados mecanismos para la designación o remoción de su titular. Esto significa que la jerarquía de la ley que crea a ambas fiscalías es el mismo y que el legislador quiso establecer procedimientos en el nombramiento o destitución que van más allá de la sola voluntad del titular del MP.

¿Debemos deducir de esto que las fiscalías anti-corrupción, por ejemplo, son autónomas de las fiscalías generales? No. Si esa hubiera sido la intención del legislador, así lo habría consignado. Al menos no la autonomía integral que caracteriza a las fiscalías generales dentro del sistema acusatorio.

Sin embargo, las fiscalías constitucionales especiales deben gozar, al menos, de autonomía técnica y de gestión para el desarrollo de sus actividades legales. Incluso, las leyes que crean a estas fiscalías deben establecer la prohibición al fiscal general de instruir o influir sobre el seguimiento y determinación de los casos específicos materia del trabajo de dichas fiscalías especiales.

En el informe presentado en el 20° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, se establece, en relación a la autonomía: “El fiscal y la fiscalía deben ser autónomos, independientemente de cuál sea la estructura institucional. Los Estados deben asegurar que los fiscales puedan desempeñar sus actividades profesionales de modo independiente, objetivo e imparcial.”

¿No sería bueno seguir abonando a este tema? ¿Te imaginas paisana una ley para garantizar la autonomía de los fiscales? Se vale soñar.

 


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