Tema de la semana | ¿Qué hace falta para que el Gobierno estatal castigue a funcionarios corruptos?

Tema de la semana | ¿Qué hace falta para que el Gobierno estatal castigue a funcionarios corruptos?

Al rendir protesta como gobernador, Quirino Ordaz Coppel prometió que durante su gobierno los funcionarios corruptos serían llevados a la cárcel. Diez meses después se han identificado diversos casos de desvío de recursos, así como exorbitantes cantidades de presupuesto mal empleado durante la pasada administración, sin embargo, la promesa de Ordaz Coppel aún no se ha cumplido. ¿Por qué?

“La ciudadanía quiere un gobierno transparente… Estamos obligados a cuidar el dinero público y usarlo con transparencia”, dijo Quirino Ordaz el 31 de diciembre del 2016, durante su discurso de toma de protesta como gobernador en el recinto de plenos del Congreso del Estado.

Dos días después, su secretario de administración y finanzas, Carlos Ortega Carricarte, presentó un informe en el que se documentaba el precario estado financiero en que recibió la administración pública estatal. Al ser cuestionado al respecto por los reporteros, el gobernador fue lapidario: “Si alguien desvió dinero público, se aplicará la ley caiga quien caiga”.

Gestos como este informe financiero, la propuesta de Ordaz Coppel de incrementar las penas a funcionarios corruptos y el trabajo de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, al revisar y aplicar sanciones a funcionarios de turismo, obras públicas y finanzas, entre otras, hablan de voluntad política para ir por el camino de transparencia que la sociedad marca a las administraciones de todos los niveles.

Sin embargo, a casi un año de gobierno y a pesar de las acciones antes mencionadas, la sociedad sinaloense aún se encuentra a la espera de ver tras las rejas a aquellos funcionarios que han aprovechado sus cargos públicos para realizar actos de corrupción y quedar en la impunidad.

Al poco tiempo, la Auditoria Superior del Estado (ASE), anunciaba el descubrimiento de desvíos millonarios durante la administración, mismo que se tradujo en la presentación de trece denuncias penales en contra de sus exfuncionarios.

Meses después, la auditora superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, anunció diez nuevas denuncias en contra de las secretarías de Salud, Agricultura y Turismo por delitos como desvío de recursos, negociaciones ilícitas, desempeño irregular de la función pública y tráfico de influencias.

Por su parte, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ha identificado diversos casos en los que se ha castigado a funcionarios menores con sanciones administrativas, mientras que las denuncias penales se han dejado a las “instancias que tengan la competencia para eso”.

Pero, ¿dónde están los peces gordos?

Como parte de la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, esta semana el jurista guasavense, Ricardo Aguilasocho Rubio, fue nombrado el primer magistrado anticorrupción de Sinaloa, siendo este el funcionario que justamente se dedicará a aplicar las sanciones administrativas graves en que incurran servidores públicos y empresarios.

Con su nombramiento es de esperarse que los desvíos y malos manejos detectados ya por la Auditoría Superior y la Secretaría de Transparencia, sean retomados por el nuevo magistrado, con el fin de que de una vez por todas se aplique un verdadero combate a la corrupción en Sinaloa.

 

¿O qué hace falta para que el gobernador del estado se decida a exigirle a la pasada administración que pague por el daño hecho al erario público?


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