Por mal manejo de recursos, inhabilitan a dos exsecretarios de ‘Malova’

Por mal manejo de recursos, inhabilitan a dos exsecretarios de ‘Malova’

Por existir un pasivo de 1,175 millones de pesos que no fueron enterados al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) y un faltante de 667 millones en el saldo inicial del gobierno, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado inhabilitó para ejercer el servicio público a dos secretarios de Malova: Armando Villarreal y José Luis Sevilla.

La decisión se toma tras la detección de diversas irregularidades administrativas detectadas en el ejercicio del gobierno anterior, por lo que Armando Villarreal Ibarra, exsecretario de Administración y Finanzas con Mario López Valdez, fue inhabilitado por siete años, mientras que a quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez, se le impusieron tres años.

También se incluye en esta determinación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a otros cuatro exfuncionarios malovistas.

En conferencia de prensa, la titular de esta dependencia, Guadalupe Yan Rubio, y el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña Martínez, dieron a conocer los dictámenes mediante los cuales estos exfuncionarios quedaron inhabilitados para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público dadas las irregularidades detectadas por esta secretaría y por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

 

Armando Villarreal.

¿En qué falta incurrió Villarreal?

Al ex secretario de administración y finanzas se le inició un procedimiento administrativo debido a que omitió enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) diversas aportaciones patronales y cuotas de trabajadores por un monto de 1,175 millones de pesos, motivo por el cual se dictaminó su inhabilitación por siete años.

Por la misma razón, también fue inhabilitado por cinco años el ex subsecretario de egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota, al encontrarse responsabilidad en la omisión del entero de dichas aportaciones al IPES, las cuales fueron descontadas a los trabajadores.

Este exfuncionario, Guzmán Cota, también recibió otra sanción de inhabilitación por seis años, debido a la irregularidad encontrada en los saldos iniciales de las cuentas bancarias del Gobierno, pues la administración pasada reportó un saldo de 1,088 millones 671 mil pesos, cuando en realidad se recibió la cuenta con 421 millones de pesos; es decir, una diferencia de 667 millones de pesos. Cabe precisar que las sanciones no son acumulativas y solo se ejecutará la mayor, es decir, la inhabilitación por seis años.

Por el mismo caso también se sancionó al exdirector de tesorería, Ernesto Herrera Félix, quien fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo dentro del gobierno por tres años.

 

José Luis Sevilla.

¿Y José Luis Sevilla?

Derivado a las anomalías encontradas en el manejo y aplicación de los recursos que estaban relacionados con la construcción de distintas obras públicas, se dictaminó la inhabilitación por tres años para el ex secretario de desarrollo urbano y obras públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo, ya que suscribió dos convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original del contrato, referentes a la construcción del cruce ferroviario del bulevar Enrique Tamayo en Culiacán, y la edificación de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales de Navolato.

Asimismo, Sevilla Suárez suscribió el contrato para la construcción del Centro de Justicia Penal de Sinaloa, Región Centro, sin contar con la autorización correspondiente para generar al Gobierno de Estado una obligación financiera de 78.8 millones de pesos.

Por la omisión de informar al exsecretario de obras y desarrollo urbano de que no se contaba con la propiedad de los terrenos donde se ejecutaría la obra del cruce ferroviario en mención, la STRC dictaminó una suspensión temporal en el servicio público por 90 días para el ex director de contratos, Carlos Ramón López Castro.

De igual manera, el exdirector de control administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix, recibió una suspensión temporal por seis meses, por omitir hacer del conocimiento del exsecretario Sevilla Suárez que la dependencia carecía de los recursos suficientes para realizar la obra de la construcción del Centro de Justicia Penal, Región Centro, motivo por el cual se adeuda al contratista 78.8 millones de pesos.

La titular de la STRC, Guadalupe Yan Rubio, destacó que la secretaría a su cargo ha dirigido sus esfuerzos, atendiendo el compromiso del gobernador, de fortalecer el control interno institucional del Gobierno del Estadio en tres grandes ejes como son: transparencia, rendición de cuentas y seguimiento de impactos.

Guadalupe Yan Rubio. Rendición de cuentas.

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