Política sobre drogas en América ¿lo nuevo es lo de siempre?

Política sobre drogas en América ¿lo nuevo es lo de siempre?

“La confrontación con el narcotráfico ha ido al fracaso en todas partes del mundo. Seguir insistiendo en combatir una patología de la sociedad con las mismas herramientas que fracasaron es totalmente inútil”.

Tabaré Vázquez. Presidente de Uruguay.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) llevó a cabo su 62° periodo de sesiones, del 13 al 15 de diciembre en Washington, DC. México, a través de la PGR, presidió la reunión y el encargado del despacho anunció la creación de la Oficina Nacional de Política de Drogas dentro del Ministerio Público de la Federación.

Durante las sesiones, México propuso trabajar sobre diez puntos clave, entre los que destacan: establecer un enfoque integral; generar una perspectiva de salud pública; incluir la prevención de la violencia; recomponer el tejido social; privilegiar nuevas alternativas al encarcelamiento y fomentar la cooperación internacional como factor indispensable para el combate a las drogas.

CICAD es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene como misión fortalecer las capacidades institucionales de sus miembros para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas, así como enfrentar las consecuencias sanitarias, sociales y penales que generan las drogas. En su 60° periodo de sesiones aprobó el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2016-2020, que contiene las sugerencias de nuestro país.

Si nos atenemos al boletín oficial, parece que los representantes de las naciones del continente se reunieron para repetir el discurso políticamente correcto en materia de combate a las drogas: “Es un problema de salud”; “es más importante la prevención”; “meter a la cárcel a todos no soluciona el problema”. Es claro que hay consenso en torno a los qué, pero lo más interesante son los cómo; o sea, la experiencia que tienen los países en sus acciones al encarar el consumo o el tráfico de drogas.

Canadá. El gobierno de este país presentó su enfoque para legalizar, regular y restringir el acceso al cannabis. De acuerdo con su diagnóstico, el 30% de los jóvenes entre 20 y 24 años de edad son consumidores de esta droga. Así que, basados en las experiencias de Uruguay y algunos estados de EE. UU., se proponen crear un mercado legal de cannabis capaz de desplazar el mercado ilegal.

El 13 de abril de 2017, el ministro de justicia presentó en la Cámara de los Comunes el proyecto de ley C-45, la Ley del Cannabis, que propone utilizar el poder del derecho penal federal con el propósito de crear un estricto marco para controlar y regular la producción, distribución, venta y posesión de cannabis. Sujeto a la aprobación del Parlamento, la ley entrará en vigor a más tardar en julio de 2018.

EE. UU. Las cifras muestran la gravedad del problema. Las muertes anuales a causa de abuso de drogas se incrementaron de alrededor de quince mil en 1999 a más de cincuenta mil en 2015 y rebasan a las muertes provocadas por accidentes de tránsito o por disparo de armas de fuego.

En materia de prevención, el gobierno norteamericano compartió el modelo de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, al que denomina prevención basada en datos. En otras palabras, la política pública en materia de salud debe nutrirse de la recopilación sistemática de datos, así como en su análisis e interpretación. Lo anterior significa superar los esquemas que solo proponen campañas mediáticas de concientización, ferias de salud o programas de valores morales.

Uruguay. La experiencia del país sudamericano con la regulación del cannabis, se basa en su Ley No. 19172 que establece el marco jurídico para el control, por parte del Estado, de dicho narcótico y sus derivados. La normatividad establece tres vías para obtener cannabis psicoactivo de uso no médico: autocultivo, clubes de membresía y compra realizada en farmacias.

La modalidad de autocultivo permite un máximo de seis plantas con capacidad psicoactiva, con una producción anual de 480 gramos. Los clubes de membresía tienen como único objeto brindar flores de cannabis a sus miembros, quienes pueden variar entre quince a cuarenta y cinco. La venta en farmacias inició en julio de este año y se hace a residentes acreditados. El precio lo fija el gobierno y en la actualidad es de 1.3 dólares americanos por gramo.

Uruguay cuenta con 7,680 autocultivadores, setenta clubes de membresía y 17,091 usuarios que obtienen la cannabis en farmacias. Entre todos, representan el 18% de los consumidores del país.

Buenas lecciones puede aprender México de estas experiencias. De inicio podría detenerse a pensar si su oficina nacional de drogas debe estar en una institución represora del delito o en una de salud pública.

 


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