El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | ¿Quién para la puerta giratoria?

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | ¿Quién para la puerta giratoria?

Compartir:

“¿Que estoy detenido? De acuerdo. La última vez tardé tan poco en salir que mi sopa todavía estaba caliente cuando llegué a casa”.

—Tony Soprano.

Una de las descalificaciones más exitosas que se esgrimen contra el Nuevo Sistema de Justicia Penal es el de caracterizarlo como una puerta giratoria. Es decir, que tan pronto es detenido un probable delincuente, casi de inmediato es puesto en libertad.

El argumento central de este argumento, vinculado en particular con el delito más frecuente en la república que es el robo, consiste en el reclamo de que tras la nueva detención del ladrón, este es dejado en libertad por el Ministerio Público o los jueces; tras lo cual regresa a confrontar o burlarse de la víctima.

Claro que detrás de este reclamo está la idea de que el probable ladrón es culpable desde el momento mismo en que es detenido, aunque no haya sido juzgado, y por lo tanto merece ir a prisión. ¿Es esto cierto?

Para que una persona detenida sea llevada a prisión mientras espera y se desarrolla su juicio, se debe tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia. Es decir, todo detenido por causa de ser probable responsable de un delito es considerado inocente hasta que un juez no lo declare culpable.

Esto no significa que se encuentre exento de ser investigado o que no pueda llegar a ir a prisión, sino que, las autoridades no pueden darle el trato de una persona que ya fue condenada, cuando ni siquiera ha sido llevada a juicio.

Cuando una persona es detenida en flagrancia y se le lleva a audiencia para que se le impute un delito y se solicite sea vinculada a proceso, el detenido es presuntamente inocente. De lo contrario, el juez le daría el trato de presunto culpable y su defensa se convertiría en algo prácticamente imposible.

En esa misma audiencia, cuando la Fiscalía tiene datos de prueba suficientes, se plantea también la necesidad de garantizar que el imputado cumpla con su obligación de acudir a todas las audiencias. Una de esas medidas es la prisión preventiva.

La ley ordena al juez dictar prisión preventiva en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos por medios violentos, como armas y explosivos, o crímenes contra el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

En el resto de los delitos, la ley no ordena que el imputado quede en libertad, sino que, caso por caso, la Fiscalía puede plantear ante el juez la necesidad de la prisión preventiva cuando: 1) otras medidas no garanticen su comparecencia; 2) la libertad del imputado signifique riesgo de obstaculizar la investigación; 3) ponga en peligro a la víctima, testigos o la comunidad, y 4) haya sido sentenciado por delito doloso o esté procesado por uno.

En todos estos casos, la petición del Ministerio Público será debatida por el abogado defensor, pues su cliente se sigue presumiendo inocente. Lo cual significa que, para proceder, la solicitud de prisión preventiva debe acompañarse con pruebas para demostrar que estamos ante uno de los cuatro supuestos mencionados arriba.

En la práctica, muchos fiscales quieren probar estas condiciones mediante la presentación de lo que consideran “antecedentes penales”, es decir, el historial delictivo del imputado. Pero en realidad, dichos antecedentes solo son tales cuando ha existido una sentencia condenatoria. Lo que presenta la Fiscalía son, por lo general, registros de investigaciones previas, que podrían tener valor de indicio pero que por sí solos son insuficientes para justificar la prisión.

Antes de intentar soluciones que significan implementar políticas públicas, se ha tratado de enfrentar este problema proponiendo incrementar la lista de delitos para que la ley ordene al juez dictar la prisión preventiva en más casos. Lo que aumentará el número de personas que sin estar sentenciadas se encuentran en prisión. Presuntos inocentes castigados por anticipado.

Lo correcto es fijar criterios nacionales para que los fiscales que soliciten la imposición de prisión preventiva funden su alegato en las causas de procedencia de la ley, así como que justifiquen la necesidad de la medida. Además, deben presentar datos de prueba adicionales a los registros de investigación y argumentar por qué estos precedentes son indicio del riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad.

¿Quién para la puerta giratoria? Los encargados de aplicar la ley. No es serio culpar al sistema. El sistema tiene operadores, ellos son los responsables.

 


¿Tienes una denuncia? | Hazla en ESPEJO:

Si cuentas con fotografías o videos de interés público, compártelos con nuestros lectores. Envíalos al correo electrónico: [email protected]

Compartir: