El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | La decisión sobre el magistrado anticorrupción

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | La decisión sobre el magistrado anticorrupción

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La semana pasada se llevó a cabo la comparecencia de los integrantes de la terna para designar al titular de la Magistratura de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

Los candidatos a magistrado anticorrupción expusieron ante los diputados sus proyectos de trabajo, plantearon las razones que justifican su idoneidad para el cargo y respondieron a las preguntas que les correspondieron tras ser sorteadas.

Los requisitos para ser miembro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado son:

1) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

2) Tener título de licenciatura en derecho, con una experiencia mínima de cinco años, en materia administrativa o en impartición de justicia;

3) Tener más de treinta años de edad y menos de sesenta y cinco el día de su nombramiento;

4) Ser de notoria buena conducta;

5) Haber residido efectivamente en el estado durante los últimos dos años;

6) No haber sido condenado por un delito intencional castigado con prisión.

 

De acuerdo con la Ley de Justicia Administrativa, la elección del magistrado se lleva a cabo en dos fases. La primera corresponde al titular del Ejecutivo, quien al conformar la terna, debe acompañar una justificación de la idoneidad de las personas propuestas, lo cual se cumple al hacer constar la trayectoria profesional y académica de los candidatos.

En su oficio de 19 de febrero, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, al comunicar al Congreso la terna, expone que los candidatos cumplen con los requisitos de ley, cuentan con amplio prestigio y trayectoria, y se encuentran ausentes de señalamientos en su contra. Además ofrece una reseña de la trayectoria profesional de cada uno de ellos.

La segunda parte está a cargo del Congreso del Estado, el cual valorará la idoneidad de los candidatos mediante el desahogo de comparecencias públicas y transparentes. El punto segundo del acuerdo del 20 de febrero de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, fija como elementos para valorar el desempeño de los aspirantes durante su comparecencia, los siguientes:

  1. Dominio del tema en relación a la materia administrativa, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción;

2) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, congruencia y uso adecuado del lenguaje;

3) Capacidad de síntesis;

4) Sentido crítico en el razonamiento;

5) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el organismo;

6) Visión congruente con los propósitos y principios constitucionales en materia administrativa, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción;

7) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que se plantearon.

 

Este es el momento en el cual nos encontramos: en la valoración de la idoneidad de los candidatos por parte de los diputados. Más allá del sentido del juicio de cada legislador sobre los miembros de la terna, el Congreso debe elegir si transparenta y deja constancia de la aplicación de los criterios de valoración que él mismo acordó, o bien, si diluye la responsabilidad de su decisión en una votación por cédula donde cada diputado deposita su papeleta en secreto.

Hay antecedentes de ambos casos. Con motivo de la elección del primer magistrado anticorrupción de Sinaloa, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación emitió un acuerdo el 16 de octubre de 2017, en el cual comunicaba al pleno del Congreso que los aspirantes cumplieron los requisitos de elegibilidad y propone que la elección se realicea mediante escrutinio secreto. No se menciona en ninguna parte la valoración de la idoneidad de los candidatos, solo se transcribe la información recopilada en los procedimientos.

Por otro lado, recordábamos en una colaboración anterior, el caso de la ratificación de los magistrados del Tribunal de lo Administrativo de Jalisco, la cual fue impugnada y resultó en la sentencia del Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, que para efectos de lo que nos interesa, estableció:

“Los dictámenes de la Comisión de Justicia del Congreso estatal, relacionados con la ratificación de dichos juzgadores, que se sometan a consideración del Pleno del Congreso del Estado, deberán contener: la evaluación del magistrado en la que se expliquen sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, los motivos de su ratificación o no, explicación que deberá realizarse de forma personalizada e individualizada, refiriéndose a su función en el desempeño del cargo, en donde debe examinarse si fue o no apegada a los principios de eficiencia, probidad, honorabilidad, honestidad invulnerable, buena fama, ética probada y profesionalismo”.

En mi opinión, la segunda opción supera a la primera en congruencia y transparencia y abona a la legitimación del nuevo magistrado anticorrupción. Por ello reitero que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que someta a la consideración del Pleno la selección del magistrado anticorrupción, debe contener la valoración de la idoneidad de los candidatos de la terna, en la que se expliquen con claridad los motivos de su nombramiento o no.

Sinaloa no está para retroceder.

 


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