El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Juzgar con perspectiva de género

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Juzgar con perspectiva de género

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El caso es real. Los hechos ocurrieron en otro estado hace más de una década. Un día antes de cumplir quince años, nuestra víctima es invitada por un conocido de su barrio a una fiesta que se llevará a cabo dentro de las instalaciones de una granja. Durante los próximos seis meses, la menor acude varias veces a este tipo de fiestas en las que están presentes otras chicas de su edad.

En estas fiestas se consume alcohol y droga. Además, se realizan juegos que consisten en responder preguntas de contenido sexual, y quien pierde debe despojarse de una prenda o tomar un trago de tequila. Durante el juego eran fotografiadas y videograbadas con teléfonos celulares. En otras ocasiones los castigos implicaban besarse, tocarse, practicar el sexo oral, o llegar al coito frente a los presentes. Las niñas recibían regalos en especie tales como ropa, celulares e incluso dinero en efectivo de parte de los hombres que asistían, quienes se ostentaban como gente influyente.

Meses más tarde, uno de los organizadores de las fiestas, priva de la libertad a nuestra víctima una noche al salir de la escuela. Se la lleva a bordo de su carro a un lugar apartado en donde la golpea y la viola. La niña, acompañada por su madre, presenta la denuncia. No hay testigos, solo su narración de los hechos. Ahí empieza su calvario.

En la fiscalía estatal no recibieron la atención que esperaban, al contrario, les dieron trato hostil. La autoridad desconfió de la declaración de la niña. La familia se sintió agredida y presentaron una nueva denuncia en la fiscalía federal. Ambas instituciones trabajaron el caso por separado. El temor de que el Ministerio Público especializado en violencia contra las mujeres de la PGR creyera en la víctima fue tal, que se encomendó al órgano de vigilancia de la dependencia revisar periódicamente los avances de la averiguación previa.

Usar al sistema jurídico como herramienta para negar o retrasar el respeto de derechos subjetivos, es una estrategia que aplican los grupos dominantes con capacidad para definir la elaboración o aplicación de leyes. Uno de los casos más evidentes es la situación de las mujeres. Durante muchos años, la teoría dominante en materia de relaciones jurídicas civiles o familiares sostuvo que el Derecho era racional, objetivo, abstracto y universal; por lo tanto, justo. Juristas como Frances Elisabeth Olsen se han encargado de demostrar que esa afirmación es falsa. En todo caso, mientras no beneficie a las mujeres, incorporando sus reclamos dentro de las normas jurídicas, el Derecho no puede ser racional, objetivo o universal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha promovido en los últimos años la incorporación de la perspectiva de género como método a ser empleado por los jueces al momento de resolver casos en materia de derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, así como respecto de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

El Pleno del más alto tribunal ha sostenido que la perspectiva de género pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de su sexo e implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad.

“De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar porque en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, esta se tome en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria”.

Con base en esta visión, el pasado 2 de marzo se publicó la decisión del Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Décimo Sexto Circuito, en la que se afirma que, en los casos que involucren violencia sexual, los operadores de justicia deben reconocer un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza con respecto a la declaración de las víctimas del delito, así como emplear de manera adecuada la cláusula de libre valoración probatoria en la que se sustenta el sistema penal acusatorio.

En otras palabras, no se trata de creer a ciegas, pero sí de darle valor a la narración de los hechos que hacen las víctimas de delitos sexuales. Algunos operadores del Derecho son de lento aprendizaje, ojalá estos criterios judiciales los guíen para que terminen de llegar al siglo XXI.

 


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