Tema de la Semana | 5 retos inmediatos para el Sistema Estatal Anticorrupción

Tema de la Semana | 5 retos inmediatos para el Sistema Estatal Anticorrupción

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Con la designación de la magistrada anticorrupción, el Congreso de Sinaloa le colocó una pieza más al sistema estatal para combatir a este fenómeno que de acuerdo a datos del Banco Mundial tiene un costo en México del nueve por ciento PIB. Ahora lo que sigue es que el SEA, en vías de ser concluido, demuestre que todos sus componentes funcionan como debiera ser porque los dispositivos de la corrupción se mueven a la perfección.

Al elegir a María Cháidez Zepeda como magistrada de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, la 62 Legislatura le apostó a la terna que le envió el Gobernador Quirino Ordaz Coppel tomando este los nombres de dos de los mismos del trío que presentó  en la propuesta anterior, cuando fue designado Ricardo Aguilasocho Rubio, quien dimitió al cargo tres meses después del nombramiento.

Es decir, en vez de reponer desde el origen el mecanismo de selección de magistrado, Ordaz Coppel recicló el procedimiento anterior, lo cual motivó a organizaciones ciudadanas a inconformarse. Finalmente la Cámara local, en período extraordinario, decidió por la vía fast track validar la terna del Gobernador y seleccionar a Cháidez Zepeda.

Controversias aparte, hoy lo importante es que los engranajes ya puestos al Sistema Estatal Anticorrupción activen las voluntades, instituciones y capacidades para ir más aprisa que los individuos o grupos que causan grandes boquetes financieros a Sinaloa y los municipios. Por lo pronto son 5 retos los que ponen a prueba al SEA:

  1. Dotar de los medios técnicos, financieros y humanos al Comité de Selección para que este a su vez seleccione a quienes integrarán el Comité de Participación Ciudadana, instancia que es el alma del Sistema Estatal Anticorrupción.
  2. Empezar a ver los resultados del funcionamiento de la Vice Fiscalía Anticorrupción, al frente de la cual se nombró a Reyna Angulo Valenzuela. Lucen estancadas las carpetas de investigación sobre casos denunciados que involucran a servidores públicos que formaron parte del gobierno de Mario López Valdez.
  3. Habilitar a la nueva magistrada anticorrupción con los recursos que requiera para cumplir sus funciones, pero principalmente de la independencia frente al Ejecutivo y entidades y actores políticos que en este caso son sujetos obligados a ceñirse a objetivos y mandatos del Sistema Estatal Anticorrupción.
  4. Hacer valer la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa promulgada en junio 2017, en sus términos precisos, para que conforme a derecho cada quien rinda cuenta sobre los daños causados al patrimonio público y al ajustarse a ella los servidores públicos se promueva la cultura de la legalidad en el desempeño de cargos de gobierno.
  5. A partir de la actual administración pública estatal que encabeza Quirino Ordaz, y de los gobiernos municipales, hacer uso de los mecanismos jurídicos del Sistema Estatal Anticorrupción para que el manejo de los recursos públicos sea escrupulosamente fiscalizado e indudablemente honesto, sin simulaciones que continúen generando desconfianza en los sinaloenses hacia autoridades e instituciones.

Las personas integradas el SEA están en el momento adecuado para demostrar que al margen de las fallas que presentó el procedimiento para designarlas, tienen mano firme, mérito jurídico, valor civil, autonomía política y financiera, así como recursos técnicos y humanos calificados para responder a las expectativas sociales fincadas en ellas.

El combate a la corrupción es la ruta, sin desviaciones. Por si hicieran falta elementos para confirmarlo, ahí está la encuesta “Transparencia y rendición de cuentas” realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que confirma que siete de cada diez mexicanos perciben que la corrupción aumentó en el último año, sobre todo en el sector público.


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