El análisis de Sergio Ramírez | “Nosotros no pedimos una Ley de Seguridad Interior”

El análisis de Sergio Ramírez | “Nosotros no pedimos una Ley de Seguridad Interior”

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“Nosotros no pedimos una Ley de Seguridad Interior, pedimos un marco jurídico. El que quieran, pero que nos lo den. De otra manera, ¿cómo podemos ayudar?… es decir, nos impiden ayudar”, afirmó el general Salvador Cienfuegos(1), secretario de la defensa nacional.

En demasía le asiste la razón al general secretario Cienfuegos. Lo que el Ejército y la Armada requieren es un marco jurídico donde con toda claridad se alcance a precisar la delimitación de responsabilidades en todos y cada uno de los elementos castrenses que participen en tareas de seguridad pública y en las acciones que igual sean dirigidas contra la delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico. Es decir, lo que puntualmente demanda el general Cienfuegos es solo certidumbre jurídica.

Y ciertamente, no solo ahora sino de siempre ha sido apremiante llegar a contar con una regulación jurídica de ese tipo ya que por demás se ha soslayado cumplir con legislar no solamente para regular sino para reglamentar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en tiempos de paz.

Se trata de contar con un texto jurídico bajo el cual se rija la toma de decisiones y la actuación de todos aquellos que intervienen en la cadena de mando militar, observable antes, durante y después de todas y cada una de sus intervenciones desde el cuerpo de generales, pasando por los demás rangos de oficiales, hasta los elementos de tropa.

De ser así, todos los miembros de las fuerzas armadas tendrían una mayor conciencia de las posibles consecuencias jurídicas y penales que pudieran derivarse de sus intervenciones.

Más todavía, ello supondría por otra parte, una gran contribución social para la población, pues se estaría en la posibilidad de conocer de las atribuciones, pero también de las restricciones que las fuerzas armadas deben de observar en sus diferentes actuaciones. Tal condición vendría a significarse en un gran amparo social para todos y cada uno de los miembros de los diferentes colectivos sociales.

De tal suerte que dicho conocimiento se convertiría en una herramienta de defensa social en manos de la ciudadanía pero también de las mismas autoridades civiles, si por consecuencia de una indebida actuación de las fuerzas castrenses se encontrara en riesgo la seguridad personal, familiar o comunitaria.

La ciudadanía entonces contaría con respaldo legal y estaría en una posición más cierta y segura para exigir a mandos militares como a la tropa misma sujetarse y remitirse a la debida e irrestricta observancia del marco jurídico en mención; e igual sería para las autoridades civiles que estarían en capacidad de exhortar a las fuerzas armadas a conducirse con pleno respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos que a todas las personas sin excepción, les son inherentes. De no ser así deberán ser apercibidos de las consecuencias jurídicas y penales que ello les contraería.

Esto último se desprende de la histórica necesidad que han padecido y se continúa padeciendo en todas aquellas regiones, ciudades y comunidades que de una manera u otra han experimentado las intervenciones castrenses. Es decir, llegar a sufrir prácticamente una ocupación militar y la experiencia de vivir de facto en un estado de excepción.

Como la memoria histórica ilustra, donde las fuerzas militares intervienen, de inmediato la sociedad toda y en más de las veces las mismas autoridades civiles quedan sujetas a un estado de excepción de facto, situación que frecuentemente propicia el abuso y los excesos castrenses, acusando siempre la victimización individual y colectiva de la población que —paradójicamente— debiese estar bajo su institucional resguardo.

Por otra parte, sí resulta obligado conocer de los procedimientos y protocolos de actuación que deben observar las fuerzas armadas en tal y/o cual circunstancia, condición o situación u operativo militar, igualmente comprometida es la responsabilidad de conocer la temporalidad y los límites de la circunscripción territorial donde se lleven a cabo dichas intervenciones, además de dar a conocer específicamente los fines que se persiguen en la ejecución de sus expediciones punitivas.

Saber de la dimensión de su logística, el cuerpo de oficiales de mando y el personal de tropa, el equipamiento e  instrumentos tecnológicos, el nivel y tipo de armamento del que deberán de hacer uso durante sus actuaciones. Y por último, pero no menos importante, en la cadena de mando bajo qué autoridad civil deberán quedar sujetos los oficiales de mayor rango y en consecuencia, el demás personal de tropa. O como sucedió con frecuencia en el pasado y todavía en nuestros días, los mandos de las fuerzas armadas quedan a su libre albedrío y decisión.

Finalmente, el controvertido documento conocido como Ley de Seguridad Interior, no alcanza a puntualizar ni precisar y mucho menos aportar la certidumbre jurídica que el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda legítimamente demanda para todos los miembros de las fuerzas armadas.

Más bien habría que acusar la pretensión real de la clase política en el poder, de encubrir detrás del caos el endurecimiento de los instrumentos y mecanismos de control social y con ello, propiciar la agudización de la política criminal de estado.


Sergio Ramírez Rivera dirige el Colegio de Criminólogos, Victimólogos, Criminalistas y Forenses de Sinaloa, A.C.
Escríbele: [email protected]

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Referencia:
(1) “No pedimos una ley de seguridad interior”, afirma Salvador Cienfuegos. Manrique Gandaria. El Sol de México. Miércoles 28 de marzo del 2018. Encontrado el 4 de abril del 2018 en la página web: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/no-pedimos-una-ley-de-seguridad-interior-afirma-salvador-cienfuegos-1572481.html

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