Ley General de Comunicación Social | ¿Regulación o farsa?

Ley General de Comunicación Social | ¿Regulación o farsa?

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La iniciativa aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados deja fuera temas como transparencia, fiscalización y topes de gasto gubernamentales.

Durante la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Comunicación Social dejando fuera temas tan importantes como la creación de un órgano autónomo de control de publicidad oficial, el establecimiento de topes de gasto, el evitar los conflictos de interés y la creación de un auditor especial para la fiscalización de los recursos públicos destinados a comunicación social.

Entre lo que sí contempla la iniciativa, ahora en manos del Senado, se encuentra la creación de un padrón nacional de medios, así como la fijación de criterios para la garantizar el desarrollo de la libertad de expresión, sin condicionantes de la propaganda oficial.

Asimismo se establece que la difusión de los logros de programas sociales no son propaganda, sino comunicación gubernamental y se omite el fijar un tope a los gastos de comunicación.

Propuestas rechazadas

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados se basa en 8 iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios, así como una enviada por el Congreso de Jalisco; sin embargo, muchas de las exigencias incluídas en estas iniciativas no fueron contempladas en el dictamen hoy en manos del Senado.

Entre las propuestas que no se tomaron en cuenta en la aprobación de dicha ley se encuentran:

  • Creación de un Consejo Nacional de la Comunicación Gubernamental que regule, verifique y evalúe los contratos de publicidad oficial entre dependencias y medios.
  • La prohibición de que un solo medio de comunicación gane más del 50% de la publicidad oficial.
  • Prohibiría los pagos económicos directos o indirectos por entrevistas de funcionarios en medios.
  • La presentación de un plan de gasto de comunicación social por parte de la Presidencia de la República.
  • Dotar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con las herramientas para fiscalizar el destino de los recursos.
  • Estímulos para la difusión de programas culturales, científicos y tecnológicos en medios.
  • Prohibir cualquier tipo de propaganda del gobierno, salvo aquella acerca de protección civil, turismo y salud.

DATO:

La ley fue aprobada por 205 votos del PRI, PVEM y Nueva Alianza y actualmente se encuentra en el Senado para su aprobación, para entrar en vigor desde enero del 2019. Las organizaciones civiles, Artículo 19 y Fundar, presentarán recursos contra esta ley.


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