Diez años de reforma penal | Que se haga justicia aunque caiga el cielo

Diez años de reforma penal | Que se haga justicia aunque caiga el cielo

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Hace unos días se cumplieron diez años de la reforma constitucional que creó al Nuevo Sistema de Justicia Penal. ¿Estamos mejor ahora?

La verdad es que la reforma a la Constitución de 2008 en materia de justicia penal no llegó de manera inmediata a los estados. Cuando se aprobó, solo Chihuahua tenía tiempo experimentando con otra manera de llevar a cabo los juicios penales, una más transparente, más rápida, de mayor certidumbre: el sistema acusatorio. Y eso por la presión internacional y la obligada respuesta frente al caso Campo Algodonero que había llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Sinaloa el Nuevo Sistema de Justicia Penal se adoptó hasta mediados de 2014 mediante decreto del Congreso, pero la aplicación gradual inició el 15 de octubre de ese mismo año en los municipios de Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Guasave y Sinaloa. En otras palabras, se perdieron seis años de implementación.

En casi todos los estados ocurrió lo mismo. Muchos apostaron que, con la salida del presidente Felipe Calderón, el nuevo titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, echaría atrás la reforma. Se equivocaron. A las cero horas del día 18 de junio de 2016, al pie del Castillo de Chapultepec, frente al monumento a los Niños Héroes, se reunieron los titulares de los podres Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación y las treinta y dos entidades federativas, así como los procuradores y fiscales autónomos, para celebrar el inicio de la vigencia total de la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal.

¿Pero, cómo ha funcionado?

El World Justice Project acaba de publicar un estudio titulado La nueva justicia penal en México, en el cual informa de avances y retos pendientes. Para su realización se empleó la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi, cuyos resultados publicó a mediados del 2017. La muestra representativa fue de más de 58 mil personas privadas de su libertad, quienes fueron entrevistados cara a cara en centros penitenciarios federales, estatales y municipales.

Entre los avances detectados está que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ha generado un mejor trabajo de los jueces. “A los encuestados se les preguntó qué tan claro fue el juez en explicar por qué tomaba sus decisiones. Después de la reforma, la mejoría es clara en este indicador”. Además se encontró que ahora existen mejores maneras de presentar pruebas y de registrar las audiencias y en general, los procesos ante los jueces son más eficientes, en particular, más rápidos.

Por el lado de los retos, el más urgente es el fortalecimiento de policías y fiscalías. En ambas instituciones las reformas aún no se han concretado. “Por un lado, como resultado de la reforma, el MP enfrenta un estándar probatorio más elevado, porque el nuevo sistema opera bajo el principio de presunción de inocencia del imputado. Por su parte, la policía es el primer respondiente en la escena del delito y tiene ahora un papel activo en la investigación bajo la dirección y mando del MP”.

Pero ninguna de ellas opera aún con eficiencia. Arrastran problemas como el abuso de la retención de personas detenidas antes de ser puestas a disposición de un juez, el maltrato que sufren ante policías y fiscalías, así como el uso de presiones para obtener una confesión. No obstante este último aspecto, las confesiones voluntarias, sin coacción de por medio, se han incrementado.

Por último, frente a la constante amenaza de una contrarreforma, el estudio del World Justice Project concluye: “Reinstalar el sistema antiguo de proceso penal no es recomendable. A solo dos años de la entrada en vigor del NSJP en todo el país, es necesario dejar que la reforma madure… Un proceso penal no es sustituto de un sistema de seguridad ciudadana en términos de prevención, investigación, persecución y reinserción. Por tanto, conviene fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia antes de desconocer lo ganado y emprender un camino de regreso”.

A esto podemos agregar dos puntos a los cuales el estudio no se refiere:

El refuerzo de las capacidades operativas de las fuerzas armadas se ha llevado a cabo en detrimento de la fortaleza de las instituciones policiales preventivas, en especial de las municipales. No hay planes ni políticas en esta materia.

El sistema político debe renunciar de una vez por todas al uso que hace de las procuradurías y fiscalías como instrumentos de control para beneficio de sus intereses.

Como afirmaba la antigua jurisprudencia británica, fiat justitia ruat caelum… que se haga justicia aunque caiga el cielo.

 


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