El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Ayotzinapa en los tribunales

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Ayotzinapa en los tribunales

“¿Quieres respuestas? Quiero la verdad.

No soportarías la verdad”.

—Aaron Sorkin, A few Good Men.

¿Qué hacer con el caso Ayotzinapa? Los tribunales federales tienen respuestas… ¡contradictorias!

El pasado 4 de junio se dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas había dictado sentencia relacionada con el caso Ayotzinapa, en la cual resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

 

  1. En los párrafos 1034, 1035, 1079 y 1096 de la resolución, el Tribunal establece con claridad que la investigación de la PGR no fue inmediata, efectiva, independiente o imparcial.

 

  1. Existen indicios para presumir que las confesiones en contra de los acusados fueron obtenidas mediante tortura.

 

  1. Se ordena reponer el procedimiento y el Ministerio Público de la Federación deberá presentar nuevos dictámenes sobre tortura elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

 

  1. Por último, ordena la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación.

 

La decisión del Tribunal de crear la Comisión está fundada en los artículos 17, 20, 21 y otros de la Constitución. Además invoca como antecedentes numerosos asuntos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el Caso Favela Nova Brasilia vs Brasil, en el que se fijó el criterio de crear una comisión indagatoria especial si la investigación del Estado pudiera no ser independiente (párrafo 1129).

 

También refiere el llamado Protocolo de Minnesota, protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de la ONU, que recomienda establecer una Comisión Indagatoria Especial cuando se sospeche que no sea posible una investigación objetiva e imparcial a cargo del Estado.

Con base en estos precedentes, el Tribunal Colegiado ordena se cree la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el Caso Iguala, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia, mediante una investigación exhaustiva con participación de las propias víctimas. Esta comisión deberá ser una instancia con una estructura y un modelo diferentes, para llevar a cabo una verdadera investigación integral, independiente e imparcial.

Desde el propio día en que se diera a conocer la sentencia, la PGR anunció que se opondría a la misma porque no comparte el criterio del Tribunal ya que, desde su perspectiva, la resolución desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que corresponden al Ministerio Público de la Federación y no pueden ser ejercidas por la Comisión propuesta.

Esta postura fue respaldada por todos los fiscales y procuradores del país en la XXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada los días 21 y 22 de junio en Acapulco, Guerrero. Los titulares del Ministerio Público de todo México sostuvieron que la sentencia del Tribunal federal es imposible de cumplir tanto desde el punto de vista real, como jurídico y material.

Bajo este argumento, la PGR se inconformó ante el Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas, el cual resolvió, este 4 de julio, suspender por tiempo indefinido la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia para investigar de nueva cuenta la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Cierto que la facultad de investigar los delitos corresponde mayoritariamente al Ministerio Público, pero no siempre, pues en el nuevo sistema de justicia los ciudadanos pueden ejercer también la acción penal para ciertos casos de delitos de querella en el cual sean víctimas.

Y también se olvida un punto central: la PGR es un órgano caduco y decapitado que debió haber sido remplazado por una nueva Fiscalía Federal Autónoma y que no lo ha sido por ausencia de una nueva Ley Orgánica. Como sigue siendo parte del Poder Ejecutivo federal, aunque no debiera, usa esta laguna para alegar que la creación de la Comisión de la Verdad viola la división de poderes.

 


¿Tienes una denuncia? | Hazla en ESPEJO:

Si cuentas con fotografías o videos de interés público, compártelos con nuestros lectores. Envíalos al correo electrónico: [email protected]