¿Cómo defender al Chapo Guzmán?

¿Cómo defender al Chapo Guzmán?

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La defensa del capo sinaloense actúa tanto en los tribunales como en los medios de comunicación y mueve las piezas de su estrategia.

“Lo más fácil y popular es ahorcar a mis clientes. Lo sé”.

—Clarence Darrow. Abogado.

Tal vez el momento que captura la esencia del sistema penal acusatorio es la audiencia de juicio. En ella, las partes se enfrentan para hacer valer sus pruebas y argumentos, demostrando que su teoría del caso es la correcta. La Fiscalía busca probar que ocurrió un delito y que el responsable es el acusado; por el contrario, la defensa alegará que el delito no es tal o bien que el imputado no es el responsable.

La expectativa que recae sobre los abogados defensores es que solo tienen éxito si su defendido es absuelto, es decir, que sea declarado inocente. En la realidad, una buena defensa puede ir desde lograr condiciones justas para la sentencia, hasta la libertad por detalles técnicos. En esencia, defender a alguien significa cuidar que se respeten sus derechos dentro del juicio, para que este sea justo. Sí, incluso en el caso de procesos a personas que todo el mundo cree que son culpables, como el próximo juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo.

La defensa del Chapo Guzmán está encabezada por el abogado Eduardo Balarezo, nacido en Guayaquil, Ecuador, graduado cum laude de la Escuela de Derecho de la Universidad Howard en Washington D.C. y con una experiencia profesional de más de dos décadas. De acuerdo con el sitio web Balarezo Law, el abogado sostiene: “Aunque los acusados pueden tener muchos derechos en el papel, el sistema y la ley suelen estar tan cargados en su contra que, a menos que tengan un abogado experimentado para ayudarlos en tiempos difíciles, serán solo otra estadística”.

Esa misma página de internet contiene una sección de casos representativos que ilustran el manejo de algunos asuntos, sin que implique una garantía de futuros resultados. Por ejemplo, en el caso EE. UU. contra Altarabeen seguido ante la Corte de Distrito de Massachusetts este año, Balarezo negoció una reducción de los parámetros de la sentencia que iban de 108 a 135 meses, para quedar entre 36 a 60 meses. El cliente había sido acusado de conspirar desde el extranjero para poseer y distribuir cocaína. La evidencia de la Fiscalía incluía grabaciones de audio y video de las negociaciones, chats, llamadas telefónicas y el testimonio de agentes encubiertos. Al final, recibió una condena de 48 meses.

El caso del Chapo Guzmán es muy complejo. El principio de presunción de inocencia quedó reducido a una mera técnica de conducción del juicio que garantice, en el mejor de los casos, que los derechos del acusado sean respetados, porque en realidad nadie cree que sea inocente. Su leyenda lo precede. Esto significa que la “corte de la opinión pública” condenó hace tiempo al Chapo aunque su juicio ante el tribunal de Nueva York aún no inicie.

Balarezo ha sido muy hábil en el manejo de los medios. Sus conferencias de prensa, al finalizar las audiencias ante la Corte, generalmente ofrecen más información que la proveída por las instituciones oficiales. Y, por supuesto, permiten dar su versión de los hechos. La presencia de Emma Coronel y las hijas de su matrimonio con Joaquín Guzmán dan la imagen de una familia unida y preocupada por la difícil situación del padre.

Todas las armas legales y mediáticas son necesarias para enfrentar los 17 cargos que los fiscales del Gobierno de los EE. UU. imputan al Chapo Guzmán y que van desde haber ordenado asesinatos, hasta el tráfico de armas y drogas, pasando por el lavado de dinero. Para probarlo, parece que la estrategia de la Fiscalía apunta, entre otras cosas, a la presentación como testigos de exintegrantes del cártel de Sinaloa. Entre los nombres con los que se especula destacan Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo y Serafín Zambada Ortiz, ambos hijos de Ismael el Mayo Zambada; así como Dámaso López Núñez, alias el Licenciado y su hijo Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, ambos presuntamente involucrados en el asesinato del periodista Javier Valdez.

Por su parte, los abogados del Chapo empezaron por construir una defensa de objeciones procesales centradas en las condiciones de reclusión del acusado o la imposibilidad humana de hacer frente en tan poco tiempo al inconmensurable volumen de pruebas compartidas por la Fiscalía. Además han presentado excepciones administrativas como cambiar la sede del juicio para evitar molestias a los jurados potenciales, quienes a raíz de eso podrían tener prejuicios en contra de su defendido.

Pero a partir de la audiencia del 26 de junio, Balarezo empezó a mostrar otras líneas de defensa más sustantivas. En dicha diligencia la defensa del Chapo Guzmán afirmó que, a diferencia de lo que la Fiscalía ha venido sosteniendo desde el principio, las pruebas en poder de la propia parte acusadora demuestran que Joaquín Guzmán Loera podría no haber sido el hombre principal del cártel de Sinaloa. Su papel se limitaría al de un teniente que recibía órdenes de alguien más.

La estrategia no estaría encaminada a probar la inocencia de Joaquín Guzmán Loera sino a cuestionar, como punto central de la acusación legal y mediática, que el Chapo era el “jefe de jefes” por encima de quien no existía nadie, razón por la cual todas las consecuencias de las acciones del cártel recaerían sobre él. Pero si el Chapo no estaba a la cúspide de la organización criminal, entonces hay que replantear su rol y ajustar su responsabilidad al verdadero papel que desempeñaba.

Estamos tan acostumbrados a los diagramas que presentan las autoridades para representar las estructuras de los grupos criminales, que nadie cuestiona que operan con una jerarquía piramidal: en la base los soldados, en medio los tenientes y en la punta el jefe. ¿Pero en verdad así se estructura toda la delincuencia organizada?

Si este es el camino, el punto central de la defensa pudiera ser el reducir la expectativa de la condena y evitar que la familia Guzmán Coronel vea dilapidar sus bienes. Es decir, ajustar la pena a la verdadera responsabilidad penal del Chapo para que así se respeten los derechos del acusado.

Toda proporción guardada, eso me recuerda a otro juicio del siglo en la Norteamérica de la centuria pasada. Richard Loeb y Nathan Leopold Jr., ambos hijos de familias ricas y menores de 20 años, estaban en la universidad cuando decidieron cometer el crimen perfecto. El 21 de mayo de 1924 eligieron al azar a su víctima, Robert Franks, de 14 años, a quien secuestraron y asesinaron. El crimen sin sentido cometido por dos jóvenes brillantes, sin motivo aparente, sacudió a Chicago. Pronto fueron detenidos para ser juzgados y sentenciados a muerte, según la opinión pública.

Pero su abogado, el famoso defensor Clarence Darrow, presentó una estrategia ingeniosa. No buscaría que los declararan inocentes, sino evitar que fueran condenados a la horca. Debido a ello, los acusados se declararon culpables y en lugar de dar paso a un juicio por jurados, el procedimiento pasó con el juez, quien se encargaría de fijar la pena, que podía oscilar desde 14 años de prisión hasta la muerte. Al final la sentencia fue de 99 años por el secuestro y prisión vitalicia por el homicidio.

Aunque no lo parecía, Darrow había ganado.

 


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