Efecto ESPEJO | Castigo a corruptos en Sinaloa, el mandato del voto

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Una vez que la votación del primero de julio respaldó el discurso anticorrupción que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, sostuvo durante la campaña política como principal promesa a los ciudadanos, en Sinaloa queda pendiente de resolver la situación legal de once ex servidores públicos que durante el periodo 2011-2016 incurrieron en delitos que dañaron las finanzas públicas.

De estos, al menos tres se han amparado contra posibles acciones judiciales, según datos de Reyna Angulo Valenzuela, fiscal especializada en este tipo de ilícitos.

En tal contexto, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel recibe el apoyo social para que muestre la mayor voluntad posible  en las investigaciones que realizan la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Fiscalía General del Estado y Auditoría Superior del Estado, sentando el precedente de que los responsables sean puestos a disposición de los tribunales, antes de que la percepción de impunidad convierta a los corruptos en inocentes y en culpables a los que deben empujar la justicia.

A obedecer pues el edicto anticorrupción, porque se trata de una especie de veredicto inapelable emanado de las casillas electorales.

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