Tema de la semana | Amenaza a México y Sinaloa la imprudencia política

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Contrario a los pronósticos de una jornada electoral complicada, los conflictos entre las autoridades en funciones y las que asumirán sus cargos en las semanas próximas se agudizan en la etapa poselectoral, dilapidando tiempo y voluntad para la conciliación, diálogo y consensos que necesitan con urgencia México en el plano nacional y Sinaloa en lo local.

La sensatez en los políticos es una virtud en vías de extinción. La confrontación de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, con el Instituto Nacional Electoral, así como el proceder de la 62 Legislatura en Sinaloa que genera el enojo del Movimiento Regeneración Nacional, amenazan con echar por la borda la estabilidad en que transcurrió la emisión del voto.

La postura de López Obrador al acusar al INE de “una vil venganza” contra Morena, por imponerle a este partido la sanción de 197 millones de pesos pues consideró que hubo uso irregular del fideicomiso “Por los demás”, a la par con la decisión de la mayoría priista en el Congreso de Sinaloa que le aprobó un endeudamiento de 347 millones de pesos al actual Gobierno de Culiacán que concluye el 31 de octubre, le meten presión a la despresurizada olla política de México.

Como ocurrió durante las campañas políticas, se hace indispensable llamar a la cordura a los servidores públicos en funciones, a los que están en retirada y los que asumirán cargos de representación popular. El sufragio fue más allá de empoderar a unos y aleccionar a otros; delineó un modo nuevo de conducir al país hacia la estabilidad.

Vale la pena entonces hacer un repaso de los principios fundamentales que la acción popular quiso resaltar el primero de julio:

  1. Democracia. La voluntad ciudadana ya determinó a quiénes quiere al frente de las instituciones e inclusive transita pronto del apasionamiento político a la vigilancia de los nuevos representantes populares. El veredicto es inapelable y la obediencia al mismo es general, lo que obliga a subordinarse a la ley tanto a ganadores como perdedores. El encono del proselitismo y la sed de venganza que deviene a la frustración deben cesar ya.
  2. Institucionalidad. El comportamiento y fuerza de las instituciones del Estado ha de imponerse por encima de sentimientos revanchistas o ambiciones adelantadas de poder. A las autoridades salientes se les debe respetar el período constitucional para el que fueron electas, mientras que a aquellas que tomarán los cargos se les tiene que facilitar el acceso ordenado y pacífico.
  3. Ponderación. La utilización perversa de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para el cobro de facturas políticas redunda en sostener vivo aquello que la sociedad buscó exterminar con el voto. La instauración de una nueva configuración del poder público dejó de ser lucha de y entre partidos y es designio de una mayoría legítima. Más allá de la interpretación patrimonialista de la función gubernamental, debe prevalecer el sano juicio.
  4. Reconciliación. Las partes involucradas en el diferendo poselectoral tienen que sentarse a dialogar, armonizar y enfriar derrotismos y triunfalismos. La política es acuerdo antes que enfrentamiento y el punto de encuentro es muy visible: un México mejor. Los que gobiernan y los que conforman administraciones públicas nacientes dejan de ser militantes o servidumbres de partidos y tienen que asumirse como trabajadores de, para y con México. Al reconocerse como tales, se aceptan como mediadores no como obstaculizadores del avenimiento.

Ni México ni Sinaloa están para perder el tiempo en remarcar las diferencias ideológicas, estructurales o de estilo que se extienden más allá de los plazos perentorios de las elecciones, con secuelas dañinas a la unidad social y la agenda nacional conjunta. Los caprichos y resentimientos jamás han llevado al país a buen puerto, menos ahora que la moraleja del voto fue clara y contundente.

La sabia virtud de saber ser y saber no ser debe instalarse con urgencia sin retroceder a sofismas de “al diablo las instituciones”, “la ley de Herodes” o “dictaduras perfectas”. La última palabra de la democracia está dicha y corre el tiempo para contrastar cualidades entre los que llegan y los que se van. Acierto e error, el nuevo régimen debe contar con la colaboración institucional y ciudadana.


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