El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Acusando al Chapo Guzmán

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Acusando al Chapo Guzmán

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La Fiscalía norteamericana sigue la estrategia más vieja en cuanto a acusar imputados: cargarle encima el Código Penal.

En la causa no había nada que defender. Era un problema de Filosofía

del Derecho: ¿Cuál es el sentido del castigo? ¿Por qué castigamos?

—Ferdinand von Schirach. Crímenes.

 

Un día después de que fuera extraditado por México, el Gobierno de los Estados Unidos imputó a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, la comisión de diecisiete delitos, entre los que destacan los siguientes:

Entre enero de 1989 y diciembre de 2014, Guzmán Loera dirigió una empresa criminal encargada de introducir y distribuir en la Unión Americana grandes cantidades de narcóticos ilegales, además de conspirar para asesinar a personas que representaban una amenaza para su organización.

Lavado de dinero relacionado con el contrabando desde los EE. UU. a México de más de 14 mil millones de dólares en efectivo provenientes de la venta de narcóticos.

Guzmán Loera e Ismael Zambada García, líderes del cartel de Sinaloa, conspiraron para importar más de 200 toneladas métricas de cocaína a los Estados Unidos, las cuales traían desde Colombia.

Para evadir la ley y proteger la distribución de narcóticos, Guzmán Loera y el cártel de Sinaloa emplearon sicarios que asesinaron para cobrar deudas, silenciar a testigos potenciales y evitar que los funcionarios públicos tomaran medidas contra el cártel.

Esta es la base de la acusación. Sin embargo, el 20 de julio pasado, los fiscales norteamericanos presentaron a los abogados defensores, Eduardo Balarezo y William Purpura, un documento donde especifican más de veinte casos de conspiración para asesinar a personas que representaban un riesgo para la organización criminal del Chapo Guzmán. Ahí encontramos, entre otras, las muertes de Ramón Arellano Félix (2002), Rodolfo Carrillo Fuentes (2004) y Francisco Aceves Urías, alias el Barbarino (2015). Otros nombres son reservados pues la parte acusadora consideró que revelar la identidad de sus informantes colaboradores pondría en peligro su vida.

Mucho se ha dicho que la estrategia de la Fiscalía apunta, entre otras cosas, a la presentación de exintegrantes del cártel de Sinaloa como testigos de cargo. Se rumora que en la lista de testimonios aparecerán Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo y Serafín Zambada Ortiz, ambos hijos de Ismael el Mayo Zambada; así como Dámaso López Núñez, alias el Licenciado y su hijo Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, ambos presuntamente involucrados en el asesinato del periodista Javier Valdez.

Así, entre montañas de documentos, testigos protegidos y criminales enjuiciados que buscan o han llegado a acuerdos con el gobierno norteamericano, la acusación se engrosa y sigue la ruta que tiene como destino la prisión de por vida para el capo sinaloense.

Pareciera que el objetivo de la Fiscalía es construir sobre la idea preconcebida de que el Chapo Guzmán es responsable por ser notorio su liderazgo del cártel de Sinaloa, y a partir de ahí, acreditar su culpabilidad por acumulación de hechos en los cuales está involucrado.

En otras palabras, la acusación sabe que cualquier ciudadano norteamericano supone de antemano que Joaquín Guzmán Loera es culpable por ser el Chapo. Así, el juicio inicia con la ventaja, para la Fiscalía, de que el acusado es socialmente culpable por ser malo, narcotraficante y capo. Después de todo, si fue arrestado, encarcelado, fugado, vuelto a encarcelar y extraditado, seguro fue porque es culpable. La culpabilidad jurídica, requisito para que el jurado emita su fallo condenatorio, esa se irá reafirmando con cada testimonio que mencione la participación del Chapo en los hechos por los cuales se le acusa.

La existencia de esta culpabilidad social que asignamos antes de definirse las responsabilidades en un juicio, sobre todo a partir de la detención de alguien, ha sido analizada este año por la profesora de la Universidad de Seattle, Anna Roberts, en un artículo de la Revista de Derecho de Alabama: “Incluso si vemos un arresto como respuesta al acto de un sospechoso, un acto raramente es suficiente para establecer la culpa fáctica”. Mucho menos para definir la culpa legal.

En esta batalla jurídica, cuyo punto culminante se aproxima con la celebración del juicio, la fiscalía lleva las de ganar. Y la mayoría de los espectadores, también desean que gane.

 


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