El análisis de José Lara Ruiz | AMLO: obstáculos para una alternancia real de gobierno

El análisis de José Lara Ruiz | AMLO: obstáculos para una alternancia real de gobierno

A la luz de los hechos posteriores al 1 de julio de 2018, la etapa de transición del cambio de gobierno muestra claroscuros, que sin ser un presagio, advierten posibles riesgos para una alternancia verdadera.

Una cosmovisión fragmentaria de los fenómenos socioeconómicos y políticos mantiene su inercia en la tensión de intereses con una teleología estratégica instrumental que trata de superponer los fines de un ámbito sobre los demás por encima del acuerdo mutuo o consensuado.

Así es posible explicar la reconsideración de promesas de campaña, que van más allá de matices y que anticipan lo que podría ser la práctica del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre de 2018.

Declaraciones de AMLO (y/o sus colaboradores nominados), han expresado que se respetarán los acuerdos ya firmados de Pemex en sentido contrario al discurso de la campaña electoral (quedando atrás lo expresado en los debates como contratos leoninos); de igual forma la ambigüedad del curso de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) empezando a pasar a un segundo plano la discusión de que el mayor financiamiento será de recursos públicos y de particulares (léase Afores) mientras que los grandes beneficios económicos serán para los inversionistas del capital del sector privado.

En este rubro se suma la posible arborización del sureste con utilidad económica para el empresario regio Alfonso Romo Sada (declarado jefe de oficina de AMLO), mismo personaje que ha anunciado que el costo de la gasolina continuará sujeto a los precios del mercado, además de las declaraciones de Gerardo Esquivel —futuro subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que valorarán, a la mitad del sexenio, incrementar la edad de jubilaciones del IMSS y del ISSSTE de 65 a 68 años (en total coincidencia con las recomendaciones de la OCDE y del Banco Mundial).

En el aspecto político, el affaire Manuel Velazco Coello cobró relevancia al otorgársele de manera controvertida licencia en el Senado, pues será él mismo su sustituto como gobernador en Chiapas, y al terminar su gestión regresará a ocupar su escaño en la Cámara Baja. Lo anterior fue posible gracias a una modificación de la Constitución de Chiapas que Manuel Velazco mandató para legalizar su megachapulinazo.

De esta manera la aritmética garantiza la mayoría calificada de Morena en el Senado al sumar cinco senadores del Partido Verde Ecologista de México, echando por tierra el compromiso de AMLO en tanto no avalar la corrupción de los vividores de la política como es el caso del Partido Verde (antes aliado de la mafia del poder y hoy un fiel socio de Morena).

Desde el ámbito social es de mencionarse el tema de la seguridad pública, en el cual no se anticipan cambios radicales, más bien al parecer se dará continuidad a la política de mantener a los militares en las calles para salvaguardar la paz ciudadana; la propia designación del próximo secretario de defensa empieza a sesgarse a una terna propuesta a AMLO por el secretario saliente, cuando el presidente electo había mencionado que sería un militar en activo.

De igual forma en los foros de pacificación no ha hecho eco la propuesta de “perdón sin olvido”, en contrapartida se ha enarbolado por los familiares de las víctimas el lema “sin justicia no hay perdón”. Por su parte los foros de educación no tienen una agenda con ejes temáticos que permitan abordar la compleja problemática educativa, situación que mantiene en pie de lucha a los profesores afectados por la evaluación punitiva, donde priva la desconfianza hacia Esteban Moctezuma Barragán, nominado a secretario de educación pública (destacado funcionario del neoliberal Ernesto Zedillo Ponce y expresidente de Fundación Azteca del Grupo Salinas).

Aunado a lo anterior resulta risible el cumplimiento de la promesa de cancelar las pensiones de los expresidentes de México, ante el reclamo en las redes sociales de castigar a los políticos saqueadores que han entregado al gran capital los recursos naturales de la nación.

Los hechos anteriores son solo un botón de muestra que indica el juego de “estira y afloja” que sostiene AMLO con las fuerzas fácticas del poder económico y político en nuestro país. Tal situación revela la falta de una visión sistémica que desde el pensamiento de la complejidad sea capaz de construir un Plan de Desarrollo Estratégico Integral a partir del diálogo nacional con todos los actores del pueblo mexicano.

Resulta de trascendencia el acuerdo de un nuevo pacto social, definiendo el telos del proyecto México Moderno en el siglo XXI, más allá de un boceto denominado la Cuarta Transformación o de un planteamiento ambiguo como la Constitución Moral. Después del 1 de julio de 2018, se requieren definiciones del modelo de nación que abrazaremos. ¿Se apuesta a una globalización con rostro humano, a un neoestado benefactor o se pretende construir un populismo de izquierda innovador?

La ausencia en la definición del modelo sociopolítico conllevará al mantenimiento de las tensiones en las esferas tecnoeconómica, política, social y cultural. El abordaje fragmentado de sus problemáticas sería insuficiente, y gradualmente los conflictos al interior de Morena y del aparato de Estado se irán agudizando en el horizonte del 2021.

Nuestra sociedad no merece otra alternancia fallida como la de Vicente Fox (2000-2006). Los más de 30 millones de votos por AMLO, llevaron al candidato triunfador a declarar al pueblo “gracias México, no les voy a fallar”, en el contexto del hartazgo de un pueblo agraviado que demanda en el menor tiempo posible “justicia y una distribución más equitativa de la riqueza”.

 



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