Carlos Ontiveros, ex abogado general de la UAS, pone al rector Guerra Liera en el banquillo

Carlos Ontiveros, ex abogado general de la UAS, pone al rector Guerra Liera en el banquillo

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En su paso drástico de defensor jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa a abogado de sí mismo en la demanda por despido injustificado que interpuso contra la UAS, Alfonso Carlos Ontiveros Salas va más allá de acusaciones de tipo laboral y enumera algunas irregularidades que, así lo afirma, conoció al ejercer el cargo en el rectorado de Juan Eulogio Guerra Liera.

Desde que en junio de 2015 fue designado director general de asuntos jurídicos de la UAS, Ontiveros Salas trabajó sin problemas con los rectores Héctor Melesio Cuen Ojeda, Víctor Antonio Corrales Burgueño y el primer periodo del actual, Juan Eulogio Guerra Liera, hasta que, según expone en la denuncia, se negó a legitimar acciones indebidas de la administración universitaria en funciones.

En el documento que el 7 de mayo de 2018 le entregó a la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje, exige la reinstalación con el pago de salarios caídos, prestaciones y tiempo extra no devengados, en forma acumulativa en tanto dure el proceso legal.

Y expone los siguientes hechos en la demanda 5/33/2018, que citamos textualmente:

1. Con fecha 28 de junio de 2005, fue contratado para ocupar el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, o también mencionado con el cargo de Abogado General en sustitución del fallecido Enrique Ávila Castro.

2. Que las funciones que tenía asignadas el suscrito eran las de representar a la Universidad Autónoma de Sinaloa en todos los actos que tuviera parte como en los juicios y controversias judiciales de diversas jurisdicciones, tales como laborales, civiles, administrativos, excepcionalmente mercantiles, penales, fiscales y de amparo; de igual forma, el suscrito participaba en la celebración y firma de los contratos de arrendamiento que por instrucciones del Rector tendría que celebrar la Institución de Educación Superior demandada. Asimismo, el suscrito emitía opiniones técnico-jurídicas que solicitaba el Rector o por instrucciones de él algún otro funcionario de la institución que se demanda.

De igual forma tenía la obligación de supervisar los trabajos de los Abogados adscritos a la Dirección que estaba a mi cargo, y formular las observaciones, correcciones y aprobación de sus trabajos en la defensa jurídica de la Universidad demandada.

El horario que laboraba el suscrito fue de 8 (ocho) horas diarias, de lunes a viernes, distribuidas de 8 (ocho) de la mañana a las 15 (quince) horas y de las 18 (dieciocho) a las 20 (veinte) horas diariamente, contrario a las jornadas que imperan en la Universidad demandada, de seis horas la jornada diurna, cinco horas y media la jornada mixta y de cinco horas la jornada nocturna, como máximo para el personal administrativo incluyendo al personal de confianza, de lunes a viernes en forma general. Los trabajadores académicos se rigen de manera diferente conforme a sus tabuladores de cargas académicas o de investigación en la institución educativa demandada.

Mi jornada de trabajo fue establecida desde sus inicios de seis horas diarias, comprendida entre las 9:00 am y las 15:00 horas diariamente de lunes a viernes, con la obligación de descansar los días sábado y domingo de cada semana. A la fecha del despido injustificado percibía un salario mensual de $50,783.41. Lo que es lo mismo se me pagaba un salario integrado de $37,400.76 mensuales en nómina ordinaria y $13,382.65 en nómina de becas al desempeño administrativo, lo que da el total mencionado de $50,783.41 mensuales que en su oportunidad quedará demostrado. El suscrito solo recibía órdenes de trabajo del Rector Juan Eulogio Guerra Liera.

3. La relación laboral siempre fue cordial y respetuosa desde el inicio de mis actividades con los Rectores con los que me tocó laborar como lo fueron el MC Héctor Melesio Cuén Ojeda, y el Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño, incluso durante el primer período rectoral del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera fue una relación llevadera en buenos términos, pero con diferencias muy evidentes, como la postura de desacuerdo que el suscrito asumí con relación a los términos en que se negoció la disolución del fideicomiso para la jubilación de los trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como se manifiesta más adelante, situación de enojo que se siguió observando en su persona durante el período de su nuevo mandato rectoral que inició a partir del 8 de junio de 2017, al aprobar su reelección el H. Consejo Universitario por un período de cuatro años más o sea a partir del 8 de junio de 2017 para concluir el 7 de junio de 2021, cuando me dijo que procurara acordar los asuntos de la institución con el MC Manuel de Jesús Lara Salazar, Secretario de Administración y Finanzas de la misma, a lo que yo le dije que como el acuerdo en mi contratación fue que los asuntos donde participara como parte la Universidad Autónoma de Sinaloa, los comentaría con usted y así fue como usted aprobó, que solo lo hiciera con usted, porque además quería estar enterado de todo lo que hiciera en la Dirección a mi cargo, le respondí que cuando tuviera un espacio en su agenda me recibiera para acordar los asuntos con usted. El Rector Guerra Liera reconoció y rectificó su determinación y retomamos las entrevistas y acuerdos de manera personal en su oficina o en el lugar que él eligiera, incluso en diversas ocasiones en su casa particular, con una actitud fría e indiferente en algunos casos.

4. Que el Rector Juan Eulogio Guerra Liera cambió de actitud con el suscrito, a partir de que me manifesté en desacuerdo con la disolución del fideicomiso para la jubilación de los trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, particularmente cuando el propio Rector Guerra Liera manifestó públicamente que la Universidad pagaría la cantidad de $110,000,000.00 por la defensa en los diversos juicios radicados y que se radicarían en la Universidad Autónoma de Sinaloa para que los trabajadores activos y jubilados de la propia Universidad demandada no pagaran por sus demandas en la devolución de sus aportaciones al fideicomiso. El suscrito le manifestó al rector que no tenían por qué pagar la Universidad ningún centavo a Abogados, ya que el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa tenía Abogados adscritos y pagados por el Sindicato, que además son trabajadores de la Universidad demandada comisionados al mismo, a lo que el Rector manifestó que eso había sido ya un acuerdo no me dijo con quién o entre quién, y que se pagaría con recursos de la Universidad Autónoma ahora demandada, le volví a manifestar que eso era demasiado dinero y más se molestó cuando le manifesté a quién o a quiénes se les pagaría y en qué monto, no me dio más explicaciones, y fue a partir de ese hecho cuando manifestó un trato más frío e indiferente con el suscrito.

5. El Rector Juan Eulogio Guerra Liera también se molestó con el suscrito cuando instruí revisar los inmuebles que el propio Rector me ordenaba celebrar contratos de arrendamiento con sus propietarios y me encontré con dos inmuebles arrendados por la Universidad y que se encontraban solos y con indicaciones de venta frente a sus fachadas, uno de ellos en la colonia La Campiña y otro en la colonia Las Quintas, ambos de esta ciudad, de ellos se lo informe de inmediato al Rector y me dijo que no le estuviera comentando mitotes y que los contratos se mantenían como estaban, el enojo al parecer es porque los propietarios de dichos inmuebles son amigos cercanos de la familia del Rector.

6. Otro hecho relacionado con un contrato de arrendamiento, fue el de un estudio de fotografía ubicado por la Av. Álvaro Obregón, que tenía alrededor de tres años en posesión de la Universidad demandada, sin contrato, y por ello me enteré cuando me instruyó el Rector el pasado mes de noviembre, que sin comentarios de ningún tipo, celebrara el contrato por un año más y conforme a las condiciones que fijara el arrendador que era su amigo. Después me enteré, que la hija del propietario de dicho estudio de fotografía había sido contratado por la Universidad con un contrato de trabajo de los llamados asimilables al salario.

7. Estos hechos son algunos entre muchos otros que de ser necesario se expondrán en el momento procesal oportuno, en los que el suscrito le sugerí al Rector Guerra Liera, que fuera más prudente en las determinaciones porque eran hechos que impactarían negativamente en perjuicio de la Universidad, como el de una jubilación que se concedió el mes de febrero del año en curso, y que de igual manera pone en entredicho la debida representación de la Institución, a lo que todavía más el rector se indignó y fue ahí cuando por primera vez me dijo que si no estaba conforme con lo que me ordenaba que me podía retirar cuando quisiera, que nadie era indispensable en ninguna parte.

8. Que el 15 de marzo del año en curso alrededor de las 9:00 de la noche fui llamado por teléfono por el Lic. Manuel Cervantes González, Secretario Particular del rector, para decirme que éste último quería platicar conmigo a las 9:00 am. Le manifesté que con mucho gusto ahí estaría en su oficina. Cuando llegó el Rector alrededor de las 9:30 am, a su oficina antes de recibir al suscrito, le puso por el interior seguro a la puerta y platicó aproximadamente 10 minutos con su asistente de agenda Manuela Mitchel Elizalde, quien ejerce un poder desmedido en la Universidad, y concluida esa reunión me hizo pasar para comentarme solamente que haría algunos ajustes en su administración y que solo quería informarme de ello para que estuviera al pendiente. El lunes 19 de marzo aproximadamente a las 22:00 horas me llamó por teléfono el Lic. Manuel Cervantes González, Secretario Particular del Rector para decirme que éste último quería que lo acompañara en un acto que se llevaría a cabo en la oficina que estaba a mi cargo, entre 9:00 y 9.30 am del día de mañana 20 de marzo en este mismo año, le manifesté que con mucho gusto estaría presente acompañando al Rector, fue ahí cuando el Rector llegó acompañado de varios funcionarios de la administración a su cargo y fui despedido de mi trabajo sin ninguna justificación, cuando en un evento público, del que en su oportunidad se demostrará, alrededor de las 10 am le toma protesta y da posesión en el cargo como nuevo Abogado General o Director General de Asuntos Jurídicos al C. Lic. Lázaro Gambino Espinoza.

9. Mis prestaciones son procedentes, por lo siguiente:

9.1. El suscrito laboraba dos horas extraordinarias diariamente de lunes a viernes y cuatro horas extraordinarias el día sábado de cada semana, por lo que considero las horas extraordinarias del último año anterior al despido injustificado son 672 horas extraordinarias laboradas, que deberán pagarse de la siguiente forma: a) 432 horas a razón del 100% más del salario ordinario que se paga por hora trabajada, por las primeras nueve horas laboradas a la semana que al año se me dejó de pagar por ese motivo la cantidad de $91, 408.88, b) 240 horas extras laboradas a razón del 200% más del salario ordinario que se pagaba por hora trabajada, por cinco horas excedentes trabajadas en la semana, se me dejó de pagar por ese motivo la cantidad de $101, 563.20, que en su momento quedará demostrado.

9.2. Todo el personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, descansa los días de descanso obligatorios que señala el contrato colectivo de trabajo vigente en la Universidad demandada y que ya se mencionó, con excepción del personal que no es sindicalizado de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que tiene que atender los asuntos naturales de la que es parte en los diversos juicios o procesos jurídicos en los diversos tribunales que se mencionaron con antelación y cuyas fechas son hábiles en los tribunales dependientes del estado y de la federación porque los días de las agencias del ministerio público del fuero común o de la federación todos los días son hábiles, y que obliga a pagar los días en términos de ley o sea al 200% más del salario que ordinariamente procede pagar. Los días que laboró el suscrito en el último año anterior al despido fueron los días de la semana de pascua del 2017, 5 y 10 de mayo, 12 de octubre, 1 y 2 de noviembre todos del año 2017, así como los días 12 y 13 de febrero del año en curso. Todos se pagaron al personal de la dependencia que estuvo a mi cargo hasta el día del despido por haberlos trabajado, con excepción del suscrito que no se me pagó, como también se demostrará. Por ese motivo, se le adeuda al suscrito la cantidad de $20,313.36 que también se probará.

9.3. Se me adeuda también el aguinaldo proporcional correspondiente al periodo laborado del año en curso, de 55 días que se pagan de aguinaldo al año en la Universidad demandada al personal académico y de confianza, en términos de la cláusula 77 del contrato colectivo de trabajo. Lo que representa un adeudo de $15,508.71.

9.4. Me adeuda también la cantidad de $30,459.24 por concepto de prima vacacional proporcional del último año.

Le informo al H. Tribunal del Trabajo, que la Universidad demandada, sin distingo, aplica por igual el contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado con el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tanto a los trabajadores miembros de dicha organización sindical como al que no lo es y a los trabajadores de confianza, según quedará demostrado en el juicio.

Asimismo, precisaré en la fase procesal oportuna del juicio, los adeudos por concepto de prima de antigüedad ligada al salario prevista en dicho contrato para los trabajadores al servicio de la Universidad demandada y que al suscrito no se le pagó porque percibía el salario de una nómina que tampoco reflejaba ninguna retención y pago por concepto de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tampoco fue considerado para las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, considerando dicho salario.

10. En el caso de que la Universidad demandada se niegue a la reinstalación del suscrito esta deberá indemnizarme en los términos del artículo 49 en relación con el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que de ser necesario deberá abrirse el correspondiente incidente de liquidación para determinar la cantidad indemnizatoria que proceda.

Con estos argumentos, Ontiveros Salas, quien también se desempeñó como exsecretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, de junio de 2011 a mayo de 2013, mantiene la demanda contra la UAS, en un proceso que continúa y que, según fuentes ligadas a la Junta de Conciliación, el monto económico reclamado como indemnización asciende a casi dos millones de pesos a la fecha.




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