El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | La independencia de los jueces

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | La independencia de los jueces

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El pasado 13 de septiembre, el senador de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, presentó a nombre de su bancada la iniciativa para garantizar la independencia de los poderes judiciales de los estados.

“Mientras podamos tener un Poder Judicial independiente, los grandes intereses de la gente estarán seguros”.

—John Rutledge. Juez fundador de la Suprema Corte norteamericana.

Aplicar la ley para decidir una controversia parece cosa sencilla. Después de todo, las reglas se hicieron precisamente para resolver los problemas sociales, o al menos eso es lo que todos esperamos. También asumimos que las normas son congruentes, válidas y eficaces, diseñadas para ser justas. El asunto es que no siempre es así. Pero esta herramienta, con todas sus imperfecciones, debe ser usada por alguien para decidir su aplicación, y ese alguien suele ser un juez. Ya lo decía Cicerón, el magistrado es la ley que habla.

Si la ley tiene sus complicaciones, el caso al cual debe aplicarse tiene también las suyas. Pero para estos análisis y argumentaciones es que los jueces se preparan. Sin embargo, lo más peligroso son las influencias externas que desean orientar el fallo de los asuntos que se ven en las cortes. En particular si esas influencias tienen motivación política y vienen de alguno de los otros poderes constitucionales.

La iniciativa reconoce estos peligros y cita al Derecho Internacional de los Derechos Humanos como fundamento de la necesidad de garantizar el principio de independencia judicial. En particular, invoca la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela para establecer que dicho principio es pilar de las garantías del debido proceso y resulta indispensable para la protección de los derechos fundamentales.

Además, nos recuerda que esa misma sentencia “dividió en tres vertientes las garantías que se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas”. Incorporar estas garantías es el espíritu de la reforma a la fracción III del artículo 116 de la Constitución.

Los puntos más importantes de esta reforma son los siguientes:

Las constituciones de todas las entidades federativas establecerán con órganos de control constitucional.

Las constituciones locales deben prever garantías para la independencia y seguridad de los magistrados y jueces.

Estas mismas leyes fijarán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los integrantes de los poderes judiciales locales.

Los nombramientos de todos los magistrados integrantes de los tribunales superiores locales serán hechos a través de concursos de oposición.

Efectuado el concurso, el Pleno de cada Consejo de la Judicatura elegirá una terna que someterá a consideración del Congreso local.

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados de cada congreso estatal.

Los magistrados locales solo podrán ser privados de sus puestos en los casos previstos por cada constitución y las respectivas leyes de responsabilidades.

Los tribunales superiores de las entidades federativas elegirán a sus magistrados presidentes por un plazo de cuatro años y no podrá ser reelectos para el período inmediato posterior.

La remoción de un juez local solo podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los jueces y magistrados estatales percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, que no podrá ser disminuida. Al concluir su cargo tendrán derecho a una pensión por retiro.

El presupuesto anual de cada uno de los poderes judiciales de los estados no será inferior al 2% del presupuesto de la entidad federativa.

La reforma propuesta tiene un propósito noble, acotar la influencia de los gobernadores sobre los tribunales de sus estados. Nos recuerda que jueces y magistrados deben ser independientes, no solo porque es la única manera de reforzar las pesas y balanzas que componen el principio de la división de poderes; sino porque la independencia y autonomía de los poderes judiciales no se ejerce a fin de cuentas en beneficio de ellos mismos, sino de los ciudadanos, quienes tienen el derecho de acceder a la justicia impartida por tribunales competentes, independientes e imparciales.

Esperemos que así sea.

 


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