El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Sinaloa: pesos y contrapesos

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Sinaloa: pesos y contrapesos

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El balance de las fuerzas políticas en Sinaloa, como en todo México, cambió a partir de las elecciones del 1° de julio. ¿Qué opciones legales se abren?

“Para sentar las bases de ese ejercicio separado y distinto de los diferentes poderes del gobierno… es evidente que cada departamento debe tener una voluntad propia”.

—James Madison. El Federalista.

La forma tradicional del sistema político mexicano, el presidencialismo, es decir, la preeminencia del Poder Ejecutivo, y de su titular, sobre el Legislativo y el Judicial, está tan arraigada que muchas personas lo perciben como algo normal. La preponderancia del presidente de la República se tradujo, en la relación local de fuerzas políticas, como el protagonismo de los gobernadores de los estados, subordinados estos al gran Tatloani. De cierta manera, esta prevalencia del Ejecutivo puede interpretarse como una forma de eludir la obediencia estricta del principio de la división de poderes.

Durante mucho tiempo, en Occidente, el poder del Estado se ejerció de manera unipersonal a través de monarcas o tiranos, gobernantes absolutos que no tenían frente a sí ningún mecanismo político que limitara sus facultades. Aunque no puede generalizarse que esta fuera siempre la norma, pues existen los ejemplos históricos del Senado romano o el Parlamento inglés, frente a los cuales se irguieron las figuras del César o la del rey.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, de la mano de John Locke y Montesquieu, se desarrolló la idea de que el poder del Estado no debe depositarse en una sola persona, sino que debe ejercerse a través de diferentes órganos, cada uno de los cuales debe convertirse en contrapeso de los otros. Este principio de la división de poderes se adoptó en México desde la primera constitución en 1824 y se consagra actualmente en el artículo 49 constitucional. En Sinaloa, su ley fundamental establece: “El Supremo Gobierno del Estado, se divide para su ejercicio, en tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial (artículo 19)” y “No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación” (artículo 20).

Para James Madison, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, la división de poderes se compone de las siguientes reglas:

1) Cada uno de los poderes debe tener que ver lo menos posible en la designación de los miembros de los otros poderes.

2) Los emolumentos de los miembros de un poder deben depender, tan poco como sea posible, de los miembros de los otros poderes.

3) Debe darse a los órganos donde reside cada poder los medios constitucionales necesarios para resistir las invasiones en su ámbito por parte de los otros poderes.

 

La disparidad entre los poderes que en nuestro país llevó a que el Ejecutivo pesara más que los otros dos, trajo como costumbre política en los estados, Sinaloa entre ellos, que los gobernadores tuvieran facultades metalegales para invadir al Legislativo y el Judicial e intervenir en los procesos de designación de sus miembros. De esa manera los controlaba y los sometía. Facilitaba las cosas el que todos ellos pertenecieran, en la mayoría de los casos, al mismo partido político. El PRI generó estos controles políticos, pero no son de su exclusividad, una vez echados a andar también los han usado el PAN y el PRD. Esta realidad contrastaba con el discurso oficial que siempre recurría a la alabanza de los principios formales de la democracia, entre ellos la división de poderes.

La composición de la LXIII Legislatura tiene características que nos llevan a planear la posibilidad de que, por primera vez en Sinaloa, el principio de la división de poderes sea una realidad y no una mera ficción discursiva. Por un lado, la composición interna de la cámara hace de Morena el partido con la fracción parlamentaria mayoritaria (23 diputados), seguido del PRI (8 diputados), PT (3 diputados), PAN y PRD (2 diputados cada uno), PAS y Encuentro Social (1 diputado cada uno). En términos prácticos esto significa que aquellas facultades del Congreso que se ejerzan mediante el voto de la mayoría simple de sus miembros serán controladas por Morena.

Para aquellas decisiones que impliquen ser aprobadas por mayoría calificada, Morena habrá de acompañarse de otras fuerzas políticas, como sus aliados del PT y Encuentro Social, para alcanzar los 27 votos necesarios. Caso aparte son las reformas a la Constitución del estado, que no solo deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los diputados del Congreso, sino también por dos tercios de los ayuntamientos, es decir, doce órganos municipales. Ahí Morena solo cuenta con siete municipios por ocho del PRI.

Por otro lado, la mayoría parlamentaria de Morena se opone a la composición priista casi hegemónica del Poder Ejecutivo. Esto pudiera dar lugar a replantear el papel de “gran legislador” que han ejercido los gobernadores de Sinaloa hasta la fecha. O bien puede originar acercamientos estratégicos con miembros específicos y bien identificados para romper la mayoría bajo el principio de divide et impera.

Pero harán bien los estrategas locales de estar al pendiente de las decisiones políticas y legislativas nacionales. Por un lado, el anuncio de la creación de superdelegaciones tiene la clara intención de acotar el ámbito de gestión de los gobernadores. Por otro, las decisiones del Congreso de la Unión de modificar la Constitución de México o de ampliar el espectro de leyes generales, obligaría al legislador sinaloense a adecuar las normas locales conforme a los parámetros nacionales.

Ante este panorama, parece muy probable que el ejercicio real de la división de poderes lleve a dirimir algunas de las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo ante los tribunales. El Pleno de la Suprema Corte ha establecido: “La controversia constitucional es un medio de regularidad disponible para los poderes, órdenes jurídicos y órganos constitucionales autónomos, para combatir normas y actos por estimarlos inconstitucionales; sin embargo, atento a su teleología, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, sino solo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal” (jurisprudencia con número de registro 2010668).

Lo más interesante es que la propia Corte, a través de su Segunda Sala, nos recuerda que la división de poderes no se ha establecido para beneficiar a ninguno de ellos, sino que el sistema de pesos y contrapesos se implementa para salvaguardar a los ciudadanos en sus derechos: “El principio de división de poderes… (es) un mecanismo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público” (tesis con número de registro 2015478).

A fin de cuentas el tema es uno de justicia. Como decía James Madison, la justicia es el fin del gobierno y es el fin de la sociedad civil.

 


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