El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Delitos graves

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Delitos graves

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El 22 de octubre, el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, dio a conocer el Acuerdo del Programa Legislativo de la Cámara alta, cuyo punto tres se refiere al catálogo de delitos graves.

“Si el acusado presenta alguno que responda por él, dejadlo libre”.

—Ley de las Doce Tablas. Antigua Roma.

 

¿Qué son los delitos graves?

De acuerdo con el Diccionario del Español Jurídico, un delito grave es el hecho punible castigado con pena grave. Parece broma ¿verdad? Pero en realidad no lo es. Sucede que en 1810 Napoleón decretó un Código Penal que influiría, entre otras, a las leyes españolas, primero, y a las mexicanas, después.

El artículo 1° de ese código establecía la clasificación de las infracciones a la ley en contravenciones, delitos y crímenes. La contravención se castigaba con el reglamento de policía; el delito era sancionado con penas correccionales como prisión o multa; y el crimen se reprendía con penas aflictivas o infamantes, por ejemplo, muerte, trabajos forzados o destierro. Se trataba de una división de las infracciones con base en la dureza de la sanción que recibían. La idea detrás de ello era que con penas mayores se protegían los bienes jurídicos más valiosos.

 

Los delitos graves en el enjuiciamiento inquisitivo mexicano

La Constitución liberal de 1857 estableció que si al acusado no se le había imputado un delito sancionado con pena corporal, sería puesto en libertad bajo fianza. Tales crímenes, de acuerdo con la ley del 29 de noviembre de 1858 expedida por el presidente conservador Félix Zuloaga, eran los que merecían pena capital, presidio, obras públicas, destierro o prisión. Es decir, una persona sometida a juicio por un delito cuyo castigo, en caso de ser condenado, no fuera grave, podía recibir la libertad mientras duraba el proceso, si pagaba una fianza.

 

Los delitos graves en la Constitución de 1917

El texto original del artículo 20 constitucional fijó como derecho del acusado el obtener la libertad bajo fianza, “según sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con una pena mayor de cinco años de prisión”. La regla se modificó en 1948 cuando se estableció que la libertad bajo fianza procedía en el caso de delitos cuyo término medio aritmético no fuera superior a cinco años; es decir, que el resultado de dividir entre dos la suma de los límites mínimo y máximo del castigo, no superara el lustro.

Y volvió a modificarse en 1993, al ser sustituida por la obligación de negar la libertad del inculpado, mientras durara el procedimiento, en caso de “delitos en que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder este beneficio”. Es decir, que si las leyes de la federación o las de los estados enlistaban a un delito como grave, la persona imputada por un hecho de esa naturaleza no tenía derecho a la libertad provisional bajo caución.

 

Los delitos graves en el enjuiciamiento acusatorio mexicano

Con la reforma constitucional de 2008 cambió por completo la regulación de la prisión preventiva y los delitos graves. El artículo 19 constitucional actualmente estipula:

 

1) El Ministerio Público puede pedir la prisión preventiva para cualquier delito, siempre y cuando pruebe: a) que otras medidas son insuficientes para garantizar la presencia del imputado en el juicio; b) que la libertad del imputado pone en riesgo la investigación, a la víctima, los testigos o la comunidad; y c) que el imputado está procesado o fue sentenciado previamente por un delito doloso.

 

2) En casos de: a) delincuencia organizada; b) homicidio doloso; c) violación; d) secuestro; e) delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; f) delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud; el juez debe ordenar de oficio la prisión preventiva.

 

Es decir, la regla de los delitos graves como base para imponer la prisión preventiva deja de ser la norma general. Ahora, esa medida cautelar puede solicitarse para cualquier delito, pero será dictada de oficio por el juez tratándose de los crímenes mencionados en el párrafo anterior. En materia de delitos graves, la prisión oficiosa solo procede para: a) ilícitos previstos en la ley en contra de la seguridad de la nación; b) ataques contra el libre desarrollo de la personalidad; y c) delitos contra la salud.

Por su parte, el artículo 16 constitucional da a los delitos graves una nueva función, pues ante su probable presencia, se concede al Ministerio Público la facultad de ordenar la detención del imputado, siempre y cuando se trate de casos urgentes, exista riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, y no se pueda acudir ante un juez por razón de la hora, lugar o circunstancia.

 

Las iniciativas en el Senado

El pasado 20 de septiembre, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 constitucional y ampliar la lista de delitos por los cuales se dictará prisión preventiva oficiosa a los imputados, para que enfrenten sus juicios encarcelados. Se propone agregar a los delitos en materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, armas de fuego y explosivos.

 

Demagogia punitiva

Las voces públicas que ven agravios en la libertad provisional de los acusados por un crimen, aun cuando no se ha decidido su culpabilidad, invocan el principio de la prevención general. Es decir, la ejemplaridad del castigo, o incluso su amenaza, es el objetivo del sistema penal porque gracias a él otros delincuentes potenciales se abstienen de actuar por el temor a ser castigados.

Debemos tener claro que el encarcelamiento, preventivo o definitivo, no es la única medida de éxito para evaluar al nuevo sistema de justicia. Incluso, si la intención es elevar el número de imputados presos, hay que ponderar primero si es justo confinar tras las rejas a quienes aún no reciben sentencia, y por ese solo hecho deberían ser tratados como presuntos inocentes.

Si aún con estas consideraciones se estima baja la eficiencia del Ministerio Público al solicitar esta medida cautelar, la solución está en capacitarlos, dirigirlos y evaluarlos de mejor manera. No se resuelve el problema evitando que argumenten, funden y prueben sus peticiones, al facilitarles la vida con un catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio.

El peligro, como dice Raúl Zaffaroni, consiste en crear normas para dar un trato punitivo diferenciado a quienes consideramos entes peligrosos, y ya no personas con derechos. A través de las leyes podemos convertir a los autores de delitos graves en enemigos de la sociedad, y entre más amplia la lista, más ancha la etiqueta de criminal y más restringidas las libertades.

 


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