El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Segundo informe: la ausencia de las tareas del Ejército

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Segundo informe: la ausencia de las tareas del Ejército

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El 15 de noviembre, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, entregó el Segundo Informe de Gobierno a la LXIII Legislatura del Congreso del Estado. En medio de cifras y slogans, sobre todo en materia de seguridad, permanecen las dudas de siempre: ¿avanzamos, retrocedimos o nos estancamos? ¿Hacia dónde es que debíamos ir?

Como es normal en estos reportes, se incluyen opiniones y datos, algunos de ellos positivos, por ejemplo la reducción en la frecuencia del registro de ciertos delitos relevantes:

Estamos tan acostumbrados a las cifras de incidencia delictiva, que han dejado de tener la importancia de hace quince años. La medición de su alza o baja no elimina en muchos la percepción de que las cosas en seguridad siguen estando mal. Esta circunstancia sorprende a las autoridades, que no se explican por qué la gente sigue reclamando si los robos de vehículo han disminuido. Por el otro lado, muchas personas se siguen preguntando por qué las autoridades insisten en dar a conocer datos en los cuales no se confía.

El documento sostiene: “En el periodo que se informa hemos fortalecido a la dependencia estatal de Seguridad Pública con el apoyo del Gobierno federal a través de acuerdos, gestiones y la celebración de varios convenios de coordinación y colaboración para robustecer sus capacidades operacionales y fomentar la profesionalización de sus integrantes, en busca de una más eficaz prestación del servicio de seguridad pública y el desarrollo de actividades de prevención del delito y de la violencia”.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre el Modelo Óptimo de la Función Policial de la Segob, en México el estándar mínimo del estado de fuerza es de 1.8 policías por cada mil habitantes. Al 31 de julio de 2018, Sinaloa reportó un estado de fuerza de 0.2 policías, el más bajo de toda la república. Verbos como “fortalecer” o “robustecer” empleados por el informe se atemperan frente a este panorama.

Pero tan importantes como los temas que se destacan, son los que se encuentran ausentes. Las fuerzas armadas por ejemplo. Nada se dice de la base militar en El Sauz, con una inversión de más de 700 millones de pesos, proyectada para albergar a 3,500 elementos y sus familias. No se avisa del avance en el complejo de la Policía Militar que se ubicará dentro de sus instalaciones. Tampoco se da cuenta de las acciones y resultados del Grupo Coordinación Sinaloa, integrado por mandos estatales y federales, presidido por el gobernador.

Desde 1966 en que el Gobierno federal ordena al Ejército la aplicación del Plan Canador con el objetivo de erradicar cultivos de marihuana y amapola en el llamado Triángulo Dorado, en la confluencia de Sinaloa, Chihuahua y Durango, la seguridad pública en nuestro estado no se explica sin la presencia militar.

A pesar del desgaste natural que provoca su intervención en tareas de seguridad, los mexicanos confiamos más en el Ejército que en la Policía de Tránsito, Policía Municipal, Policía Ministerial, Policía Estatal o Policía Federal; lo corroboran los datos del Inegi. Tal vez se deba a lo que la Suprema Corte de Justicia reconoció como la capacidad de organización, disciplina, armamento y otros factores que caracterizan al Ejército como una fuerza capaz de enfrentar grupos de delincuentes, sobre todo cuando otras autoridades no tienen la capacidad para hacerlo.

La presencia de las Fuerzas Armadas en el combate al delito conduce naturalmente al tema de la guerra. Ambos están ausentes del segundo informe. Por eso no reconocemos al estado en las cifras, porque no refleja el temor a vivir en un entorno donde el conflicto entre autoridades y delincuentes no tiene fronteras definidas. Donde los criminales tienden lazos con la sociedad y el Estado; las víctimas no solo provienen de grupos ilícitos enfrentados y la desconfianza abunda entre todos.

Dejar de hablar de las cosas no hace que dejen de existir. Es necesario mejorar el formato de los informes gubernamentales y además, abandonar la autocalificación para abrirlos al escrutinio público. Por lo pronto, le toca al Congreso hacer la glosa. Ya veremos.

 


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