El análisis de Ángel Leyva | Los vacíos de la nueva reforma educativa

El análisis de Ángel Leyva | Los vacíos de la nueva reforma educativa

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Han pasado poco más de dos semanas desde que el nuevo gobierno federal asumió el cargo y la propuesta de reforma educativa ya está en el Congreso. Para algunos grupos es un gran logro, mientras que para otros es un grave retroceso para el sistema educativo.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo, que busca reformar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, tiene varios aspectos positivos, entre los que destacan focalizar el interés superior de las niñas, niños y jóvenes como eje central en la educación, reconocer al maestro como agente transformador y su derecho a la formación continua, plantear un enfoque de equidad e integralidad, además de reconocer que se necesitan abrir espacios de participación para todos los actores educativos y sociales.

Sin embargo, esta iniciativa también genera preocupaciones serias sobre temas imprescindibles que deben ser abordados. En primer lugar, el derecho a la educación se limita al acceso y cobertura, perdiendo de vista que este va más allá de estar en la escuela, sino que también exige aprender y participar. En este sentido, se plantea derogar la obligación del Estado para garantizar que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los directivos, garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Otro aspecto que afectaría el derecho a aprender es que se pretende eliminar la educación inicial de la Constitución, lo cual implica desatender una etapa exponencialmente formativa para reducir las brechas de desigualdad entre niños de 0 a 3 años, lo que significaría un grave retroceso para el desarrollo integral de la primera infancia.

Si bien, se considera el derecho a la formación continua de los docentes, hasta el momento no se establece de qué manera será garantizada efectivamente por el Estado. Sobre este tema permanece la incertidumbre, ya que al derogar la Ley General del Servicio Profesional Docente nos dejaría los siguientes cuestionamientos: ¿Qué pasará con los perfiles establecidos? ¿De qué manera se llevarán a cabo los procesos de ingreso y promoción? ¿Permanecerá la tutoría y los servicios de asistencia técnica en la escuela para el acompañamiento docente? Todos estos elementos deben quedar claros a la brevedad para evitar un vacío en el sistema educativo.

De igual manera, desaparecería el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un órgano autónomo que se ha encargado de generar diagnósticos y directrices de política educativa, así como evaluar el progreso en la garantía del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes. Si bien, se plantea la creación de otra instancia que sustituiría a este organismo y que contaría con autonomía técnica, esta formaría parte del Gobierno federal y los siete consejeros serían nombrados por el secretario de educación, lo que implica un retroceso democrático, pues la autoridad de ninguna manera debe ser juez y parte.

A través de los años, hemos tenido muchas reformas, sin embargo, crear o modificar leyes no necesariamente cambia la realidad. La nueva propuesta tiene puntos destacables pero también otros que pueden corregirse y mejorarse. Al hablar del derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes no hay margen de error. El nuevo gobierno debe considerar las aportaciones y recomendaciones de la sociedad civil, académicos y todos los actores educativos y sociales para avanzar hacia la transformación educativa a la que aspiramos.

 

* Ángel Leyva Murguía es encargado de la Dirección General de Mexicanos Primero Sinaloa.

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