El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | ¿Juzgar barato o juzgar caro?

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | ¿Juzgar barato o juzgar caro?

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Los ministros y jueces federales están bajo ataque. Acusados de recibir sueldos estratosféricos y de promover el nepotismo, enfrentan al Ejecutivo y al Legislativo en una lucha de poder.

“El mundo necesita la verdad si va a cambiar para mejorar”.

—Geoff Jones. Doomsday Clock #8.

El problema no es tan sencillo como las partes en conflicto exponen. Veamos algunos de los puntos que se han planteado en la discusión pública.

Prestaciones. Los detractores sostienen que los ministros de la Suprema Corte ganan alrededor de 600 mil pesos mensuales, y estos se defienden alegando que solo reciben 269,215 pesos de salario neto, pero no suman las percepciones por aguinaldo, prima vacacional y pago por riesgo.

¿Cuánto ganan los jueces en Estados Unidos? De acuerdo con el sitio web de las cortes federales norteamericanas, los ingresos anuales de un juez de circuito en 2018 serán de 220,600 dólares. En comparación, los magistrados de circuito en México percibirán este año 123,479 dólares, incluidas prestaciones, es decir, casi un 44 por ciento menos que sus colegas estadounidenses. En cambio, los ministros de la Corte mexicana ganarán un 18 por ciento más que sus contrapartes norteamericanas.

¿Qué dice la Constitución? Desde 1928, el artículo 94 establece que la remuneración de los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces, no podrá ser disminuida durante su encargo. Pero el artículo 127 establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. Existe, en apariencia, una contradicción entre estas dos normas.

¿Qué dice la letra chiquita? El texto actual del artículo 127 se publicó el 24 de agosto de 2009 y en los artículos transitorios se estableció, respecto de las percepciones de ministros, magistrados y jueces: a) si el salario es superior al del presidente de la República, se mantendrá durante el tiempo que dure el encargo; b) las compensaciones se mantendrán si ellas no exceden las remuneraciones del titular del Ejecutivo; y c) tanto el salario como las compensaciones podrán aumentarse solo si no sobrepasan las remuneraciones del presidente de México.

Ley Federal de Remuneraciones. El 5 de noviembre pasado se publicó esta ley, en la cual se reitera que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. En contra de esta ley se interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad que por ley debe resolver la Suprema Corte, y el ministro a quien corresponde llevar el trámite ordenó suspender la ley. Para combatir la suspensión, este 10 de diciembre se presentó la reclamación por la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado. El caso está por resolverse y pone de relieve una cuestión de primer orden: ¿es lo ideal que el máximo tribunal resuelva un asunto donde claramente tiene un interés personal?

¿Es corrupción? De acuerdo con la ONU, la corrupción tiene diferentes rostros, tales como el soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, abuso de poder, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito u obstrucción de la justicia. Pero obtener grandes ingresos y magníficas prestaciones de manera legal, no es un acto de corrupción. Plantea, eso sí, una reflexión ética importante: ¿son congruentes las remuneraciones de los ministros y jueces en un país con más de 53 millones de personas viviendo en la pobreza?

Nepotismo. Lo que es cierto es el resultado de la investigación que presentó Mexicanos contra la Corrupción en 2017, titulado El Poder Familiar de la Federación, en el que concluyó lo siguiente: “Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas ‘redes clientelares’ se extienden a más de siete mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina”. Ganar bien y evitar la corrupción, no necesariamente van de la mano.

¿Cómo se debe fijar el sueldo? La cláusula de no disminución de las percepciones de ministros y jueces, también llamada garantía de remuneración, está inspirada en el artículo III de la Constitución norteamericana. Se considera uno de los pilares de la independencia del Poder Judicial frente a presiones económicas del Ejecutivo y el Legislativo (Alexander Hamilton, 1788, El Federalista). Siguiendo esta línea, hay quien sostiene que el Congreso solo puede incrementar los salarios de los jueces si se presenta alguno de estos factores: la inflación, el aumento de cargas de trabajo y las expectativas de la sociedad.

División de poderes. El fondo del debate se refiere, por supuesto, a lo que Karl Loewenstein llama la separación de funciones estatales. Se reconoce que uno de los objetivos de este principio es que existan mecanismos para que los poderes se defiendan de las intromisiones de los demás. Por ejemplo, frente a las declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados sobre reducir los salarios a los ministros de la Corte en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, la Constitución prevé una cláusula en el artículo 75 que prohíbe a los diputados dejar de señalar la retribución de un empleo federal, y si se omite, se tendrá por establecida la fijada en el presupuesto anterior. Además le recuerda al legislador que debe respetar las bases previstas en el artículo 127.

En el fondo la discusión se refiere también a la interpretación de la carta magna. ¿Le corresponde al Ejecutivo y al Legislativo el control político de la constitucionalidad? ¿O dicho control debe seguir siendo jurídico y le pertenece al Poder Judicial?

Aprendizaje. El dilema que confronta a los Poderes de la Unión deja en claro que la arquitectura constitucional clásica no diseñó mecanismos de solución efectivos para estos casos, porque nunca se habían presentado en nuestra joven democracia. Es momento de cambiar paradigmas y buscar soluciones en la experiencia internacional. Tal vez en el futuro escuchemos hablar de tribunales constitucionales, de constitucionalismo universal o de Constitución 3.0. Hay que aprender y mejorar.

Ilustración: @monerorape

 


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