El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Impunidad por apatía

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“Fiat iustitia, pereat mundus”.

Que se haga justicia aunque el mundo perezca.

Cada nueva revelación en el juicio contra el Chapo Guzmán lleva a plantear la misma interrogante, ¿Habrá investigaciones?

El inicio no pudo ser más espectacular. En su alegato inicial Jeffrey Litchman, abogado de Guzmán Loera, habló de que los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa habían recibido sobornos del Cártel de Sinaloa. Y en los días posteriores siguieron las sorpresas. En el mar de corrupción que rodea al narcotráfico, los relatos de los testigos sacaron a la superficie los nombres del ex secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, el ex procurador general de la república, Ignacio Morales Lechuga, el ex director de la Policía Ministerial de Sinaloa, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, así como varios mandos militares. Tan solo por lo que hace a México.

Con cada revelación se generan reacciones encontradas: incredulidad, certidumbre, sorpresa, dolor, encono, coraje, desesperanza. Pero sea cual sea nuestra respuesta, en todos los casos hay una pregunta que en forma natural se formula ¿por qué no se investigan todas estas acusaciones implícitas?

Lo primero que hay tomar en consideración es que las revelaciones han salido a la luz dentro de un proceso judicial que tiene por objeto comprobar la culpabilidad del Chapo Guzmán de los hechos por los cuales se le acusa, principalmente que encabezó una organización delictiva dedicada a introducir drogas a los EE.UU.

En otras palabras, el propósito de ese juicio no es averiguar si los hechos imputados a Peña Nieto, Calderón, García Luna, Morales Lechuga o Chuy Toño son reales, si constituyen delitos y si aún son perseguibles. Hemos conocidos de ellos porque formaron parte de las declaraciones de testigos que llegaron a acuerdos con las autoridades norteamericanas para mejorar sus condiciones de encarcelamiento, pues están esperando sus propias sentencias o se encuentran cumpliéndolas.

Los fiscales y los defensores no han profundizado en ellas, o bien porque se han centrado en los detalles que se relacionan directamente con la responsabilidad de Guzmán Loera, o bien porque el juez ha prohibido insistir en asuntos escandalosos que nada aportan en verdad a la inocencia del acusado.

Pero las revelaciones sobre probables delitos cometidos en nuestro país no obligan a las autoridades norteamericanas a investigar. A las mexicanas sí. No se trata de aceptar todo lo que se ha escuchado en las audiencias del juicio, pero tampoco es cosa de desestimarlo por anticipado. De ahí la necesidad de indagar.

El profesor español Luis María Díez-Picos sostiene: “El interrogante clave, en este orden de ideas, consiste en qué debe hacerse ante una notitia criminis, esto es, en presencia de indicios racionales de que se ha cometido un delito. La respuesta de los diferentes ordenamientos se sitúa a lo largo de una línea en cuyos extremos se hallarían, respectivamente, la obligatoriedad y la discrecionalidad absolutas” (El poder de acusar, 2018).

La ley en México adopta un criterio intermedio entre ambas posturas, que parte de la obligación de investigar, y a partir de eso enumera ciertas causas para detener, en forma momentánea o definitiva, una indagatoria. Pero a ello hay que sumar circunstancias reales como el número de denuncias presentadas y la capacidad real para atender cada una de ellas.

El problema verdadero se centra en dejar de investigar por criterios de discrecionalidad política en los que se influye a la institución “autónoma” del Ministerio Público para que se abstenga de ejercer la acción penal porque ello es apropiado para cumplir con ciertos objetivos políticos que se disfrazan bajo conceptos como gobernabilidad o paz social.

Respecto al tema de las revelaciones de corrupción y delictivas que implican a personajes públicos en los testimonios rendidos en el juicio del Chapo Guzmán, sostengo que deben iniciarse carpetas de investigación para analizar, primero, si se encuentran indicios racionales que soporten las imputaciones. Después determinar si ha operado la prescripción o aún es posible ejercer la acción penal. Y finalmente, concluir las indagatorias conforme a los datos de prueba recabados.

Hacer caso omiso, voltear a otro lado, esperar que lleguen el olvido o el desánimo es apostar por la impunidad, así sea por apatía.

 


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