El análisis de Daniel Rodríguez | La autoridad federal y su percepción errónea de las estancias infantiles

El análisis de Daniel Rodríguez | La autoridad federal y su percepción errónea de las estancias infantiles

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En el presupuesto de egresos 2019, el gobierno federal decidió reducir casi el 50% de los recursos a las estancias infantiles, bajo el argumento de que existía corrupción en el manejo de los mismos. La supuesta solución a este problema implicó el cierre de muchas estancias de la antigua Sedesol (hoy Secretaría de Bienestar), generando disgusto en algunos sectores de la población.

Luego del cúmulo de inconformidades mostradas en la opinión pública y las diversas manifestaciones encabezadas, principalmente, por madres trabajadoras, así como educadoras afectadas por dichos recortes, las autoridades federales declararon que el apoyo sería entregado, ahora, de manera directa a las familias para que éstas decidieran si gastarlo en el pago de estos servicios, o bien, que algún familiar se quedara a cargo de los infantes.

Vaya ocurrencia. Comprar su argumento sería, análogamente, como dejar de financiar a las policías y entregarle el recurso directamente a los ciudadanos para que ellos se hagan cargo de su propia seguridad, deslindándose de las consecuencias.

Ante estas declaraciones, quiero resaltar algunos puntos para la reflexión.

El primero es que se vulnera el principio del interés superior de la niñez y su derecho a aprender. Las estancias infantiles no deben percibirse únicamente como un espacio donde “guardan” a las niñas y niños, mientras las familias trabajan. Dado que las personas aprenden desde que nacen, los primeros años son exponencialmente formativos. Por lo tanto, las estancias deben brindar una base sólida de aprendizaje y habilidades socioemocionales, cognitivas y lingüísticas, pues en esta etapa el desarrollo es más veloz y profundo que en las posteriores.

Segundo, el Estado no puede delegar o eximirse de una responsabilidad ni de un interés público, menos aún si se trata de garantizar un derecho humano habilitador de otros derechos. Debido a los altos índices de marginación que hay en México, con la propuesta del ejecutivo se correría el riesgo de que el apoyo se destine para cubrir otras necesidades ajenas al aprendizaje de los educandos, ampliando aún más las brechas de desigualdad. Inadmisible, teniendo en cuenta que la educación es el único medio para que niñas y niños puedan superar su contexto y no reproducirlo.

Por último, las estancias infantiles tienen que contar, estrictamente, con medidas que garanticen la seguridad de las niñas y niños dentro de la institución. Sin embargo, al delegar esta obligación a un particular, se pone en riesgo la vida y seguridad de los infantes, sobre todo aquellos que viven en contextos marginados, frente a servicios de mala calidad o personas que no cuentan con la formación adecuada para atenderlos, sin que nadie se responsabilice legalmente de las consecuencias.

La evidencia no puede ser remplazada por la ocurrencia.

Si las estancias no están teniendo los resultados óptimos, deben de fortalecerse y buscar soluciones que no afecten el desarrollo integral de la primera infancia. El recorte presupuestal -y desmedido- es una decisión apresurada, ya que éstas, por sí mismas, no son corruptas. Se tienen que realizar las investigaciones correspondientes y castigar a los culpables. Una forma de combatir la corrupción es a través de sanciones efectivas a quienes cometen dichos actos, no a quienes padecen los estragos.

* Daniel Rodríguez es investigador en Mexicanos Primero Sinaloa.

Daniel Rodríguez. Mexicanos Primero Sinaloa.


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