El análisis de Ángel Leyva Murguía | La transparencia de la nómina educativa estatal, el gran desafío

El análisis de Ángel Leyva Murguía | La transparencia de la nómina educativa estatal, el gran desafío

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El pasado mes de febrero, se dio a conocer el “Informe Especial Pase de Lista del FONE 2017”, documento que hasta el momento sigue siendo tema de la conversación pública en Sinaloa, ya que mostró evidencia del desorden administrativo en el sistema educativo estatal.

Los resultados del pase de lista mostraron que había 14,128 registros irregulares, es decir, algunas personas no se encontraban en el centro de trabajo por diversos motivos, ya sea por cambio de adscripción, licencias médicas, termino de nombramiento, incapacidad, entre otras. Sin embargo, había un apartado que nos llamó la atención: 3,294 personas no fueron identificados por el responsable del centro.

Posteriormente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una muestra aleatoria de 191 centros de trabajo en 4 municipios los cuales contaban con 2,204 trabajadores. En el reporte sobre las visitas físicas, 607 personas no fueron localizadas, no obstante, después de unos días se dio a conocer que quedaban 38 casos por resolver.

Aunque es un avance aclarar 569 casos del personal no localizado y que la autoridad esté trabajando en un sistema de información de gestión de personal para combatir el desorden administrativo, el reto apenas comienza. El pase de lista ha sido una herramienta para darnos cuenta de las irregularidades que se presentan en la nómina federal, pero ¿qué sucede en la nómina estatal? La respuesta es un desconocimiento total, ya que permanece completamente en la opacidad.

En ese sentido, Mexicanos Primero Sinaloa propone, tal y como sucedió en 2013, la creación de un censo estatal para conocer la situación del personal, alumnos y escuelas del sistema educativo. Recordemos que esta acción ayudó a identificar 12,028 registros irregulares en la entidad, de los cuales 2,561 resultaron no identificados, 1,428 comisionados, 3,350 que habían renunciado, jubilado o fallecido, y 4,689 ubicados en otro centro de trabajo.

Después de aclarar la fotografía del sistema educativo, es preciso realizar un proceso de conciliación de plazas, lo que implica conocer y validar el monto y número de plazas ocupadas y vacantes. Esta medida permitiría verificar que, efectivamente, los recursos destinados y el personal, estén donde deben estar.

Habiendo regularizado la situación, la autoridad estatal debe publicar y actualizar la nómina estatal para que, al igual que sucede con el portal del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada tres meses se actualice la información relativa a los movimientos de personal, licencias, comisiones, tabuladores, prejubilados y jubilados, entre otros.

Otro aspecto importante que debe institucionalizarse son procesos de verificación de la nómina estatal para que año con año la Auditoría Superior del Estado realice un ejercicio similar al pase de lista en lo local, de esta manera, será posible contar con herramientas que permitan corregir las irregularidades de esta nómina.

Como sociedad debemos exigir la transparencia para que sea posible visibilizar el ejercicio del poder, asimismo, que se exponga al escrutinio público información clara, precisa y confiable que permita corregir, ajustar y hacer más eficiente el actuar gubernamental y los procesos administrativos. Con estas medidas se permitirá un mejor uso de los recursos públicos y cada peso podrá ser efectivamente invertido en garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes. Sabemos que no es sencillo, pero con la voluntad política suficiente lograremos acabar con el desorden administrativo del sistema educativo en Sinaloa.


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