El análisis de Sara Patricia Madrid | La sociedad civil como actor clave para el Estado

El análisis de Sara Patricia Madrid | La sociedad civil como actor clave para el Estado

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Es necesario fortalecer los lazos entre Estado y sociedad civil, lazos cuya consolidación fue un arduo proceso y que podrían debilitarse. El reto es anteponer la regulación a la eliminación, formular un esquema de rendición de cuentas transparente, que garantice la correcta utilización de los recursos otorgados a las organizaciones de las sociedad civil.

El pasado 18 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se retiraría el apoyo económico a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por parte del gobierno federal, proponiendo en su lugar entregar el recurso directamente a los beneficiarios, argumentando que los recursos rara vez llegaban a estos. Ante ello, activistas y miembros de diversas organizaciones nos hemos pronunciado en contra de esta medida debido a las repercusiones que la decisión podría tener.

Las declaraciones del presidente carecen de imparcialidad, al generalizar y colocar las miles de organizaciones en el mismo espectro de corrupción e irregularidades, y calificando a la sociedad civil como un “gobierno paralelo”, basándose sólo en presunciones. La realidad nos indica que a pesar de que han existido casos de corrupción y conflicto de intereses, es precipitado aseverar que todas las organizaciones han presentado estas irregularidades. Además, falla en reconocer la enorme pluralidad de causas e ideales que conforman a la sociedad civil.

Tan solo en materia de educación existen diversas OSC conformadas por ciudadanos que se han organizado por causas diversas en la búsqueda de la transformación social, más allá de partidos o regímenes políticos.  Como un ejemplo, en Sinaloa, el pasado 11 de mayo 65 organizaciones de la sociedad civil se unieron para plantear propuestas para que los candidatos de las pasadas elecciones se comprometieran con una agenda educativa que impulsara el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes.

El enfoque del presidente López Obrador carece de visión integral, olvida el hecho de que el trabajo que realizan sociedad civil y Estado se complementa, logrando en muchas ocasiones atender e incluso resolver necesidades que el gobierno por sí solo no ha podido, debido a factores como insuficiencia de recursos humanos o carencia de estrategias adecuadas. Las OSC pueden ofrecer un nivel de experiencia y conocimiento técnico especializado en temas que atentan contra los derechos humanos, contribuyendo a la creación de soluciones basadas en estos criterios.

La solución propuesta por el gobierno federal es meramente monetaria, equipara el otorgar una cantidad mensual al apoyo brindado por las OSC, sin tomar en cuenta que este implica mucho más que simplemente otorgar dinero a los beneficiarios; asesoría profesional, apoyo emocional, acompañamiento, equipo, refugio, entre otros. Su propósito va más allá de simplemente mejorar la situación económica de los beneficiarios, ya que en muchas ocasiones esto no ayuda a resolver la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

Es necesario fortalecer los lazos entre Estado y sociedad civil, lazos cuya consolidación fue un arduo proceso y que podrían debilitarse. El reto es anteponer la regulación a la eliminación, formular un esquema de rendición de cuentas transparente, que garantice la correcta utilización de los recursos otorgados a las organizaciones de las sociedad civil. De igual manera, es indispensable reconocer sus aciertos. La participación ciudadana es crucial para el funcionamiento de un sistema democrático, trabajo en conjunto entre los actores que representan a las diferentes esferas de nuestro país para garantizar el respeto a los derechos humanos, concretamente el derecho a aprender.

 

 

Sobre el autor:

Sara Patricia Madrid es investigadora de Mexicanos Primero, capítulo  Sinaloa.


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