El control interno en el combate a la corrupción | El análisis de José A. Pérez Cruz

El control interno en el combate a la corrupción | El análisis de José A. Pérez Cruz

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Mucho se habla del combate a la corrupción en México, pero a la fecha la realidad es que no existe una política pública formalmente aprobada ni validada para tales efectos, basada en una estrategia presentada a la sociedad mexicana por C. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sólo declaraciones políticas muy generales y acciones muy direccionadas sobre el sector energético, principalmente en materia de gasolinas, sin que se hayan dado a conocer nombres de los involucrados en esos actos de corrupción.

Todo lo anterior ante un panorama actual y dentro del marco de un Sistema Nacional Anticorrupción no totalmente integrado con sus elementos para operar en el combate a la corrupción; un Sistema Nacional Anticorrupción cuyo plan de trabajo no lo conoce la sociedad y su modelo se reprodujo a través de leyes espejo de la ley federal en las entidades federativas, donde al interior de dichos sistemas estatales predomina el interés político de los gobernadores, ya que la ley convierte en empleados del gobierno a los miembros de la Secretaria Ejecutiva en estos sistemas estatales, es decir, existe una dependencia de carácter administrativa y operativa del ejecutivo estatal vía las asignaciones presupuestales para este tipo de secretarías ejecutivas del Poder Ejecutivo y en el Sistema Nacional Anticorrupción dependen del C. Presidente de la República, a través de los miembros que integran el llamado Comité Coordinador(CC).

En Sinaloa el Sistema Anticorrupción también se encuentra incompleto debido a que faltan de integrarse al sistema los presidentes municipales a través de sus representantes, lo cual limita su operatividad y alcance en el combate a la corrupción.

México ha estado sufriendo los flagelos de la corrupción, la opacidad, abuso de autoridad, el desorden y la impunidad. Para atender esta problemática urge se implante obligatoriamente por ley el Control Interno en la Administración Pública, con la participación de los ciudadanos, organizaciones sociales, sector académico, sector empresarial y los medios de comunicación.

El Control Interno en la administración pública incluye desde luego a los tres poderes y tres órdenes de gobierno, lo cual implica la armonización de sistemas contables, sistemas informáticos, de los archivos y de los procesos de control y toma de decisiones, pues se debe tener conciencia de que la administración pública está al servicio del ciudadano.

¿Qué es el Control Interno?

 

El Control Interno es un concepto que se confunde con el llamado control interno contable que debe tener todo sistema contable y cuyo estudio y evaluación es una de las normas de la auditoría de estados financieros. Incluso la mayoría de las observaciones resultantes de las actividades de fiscalización que se comunican en los informes de auditoría se refieren a las deficiencias del control interno contable, sin embargo, el nuevo concepto de Control Interno moderno que en nuestra opinión se debe de establecer obligatoriamente en la Administración Pública de México, a través de la expedición de una Ley General de Control Interno para la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.

Esto no es suficientemente conocido por quienes diseñan las políticas públicas debido a la falta de una cultura administrativa, ni tampoco es conocido por los encargados de implementarlas, y aún persisten ideas equivocadas en relación con las responsabilidades en esta materia.

El concepto moderno de Control Interno es un proceso efectuado por el órgano de gobierno, el titular, la administración y los demás servidores públicos de una institución, con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales identificados con la efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad de la información financiera y no financiera y el cumplimiento de políticas, leyes y normas.

¿Para qué sirve el Control Interno?

 

  1. Prevención de riesgos de diversa naturaleza, en función de cada uno de los objetivos de las instituciones gubernamentales.
  2. Advertir situaciones de malos manejos de los recursos públicos.
  3. Evitar desperdicios y dispendios.
  4. Adicionar transparencia y la rendición de cuentas con oportunidad y suficiencia.
  5. Instrumento de evaluación de la eficiencia organizacional.

 

SOBRE EL AUTOR

José Antonio Pérez Cruz es miembro del Comité de Participación Ciudadana el Sistema Anticorrupción del estado de Sinaloa y sus Municipios.


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