Sistema penal acusatorio, “el villano favorito” | El análisis de Sergio Avendaño

Sistema penal acusatorio, “el villano favorito” | El análisis de Sergio Avendaño

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El 18 de junio de 2016 concluyó en todo el país el proceso de implementación del sistema penal acusatorio que vino a sustituir a uno inquisitivo o mixto, cumpliéndose así con el mandato impuesto por la reforma constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación ocho años antes (18 de junio de 2008).

Contrario a lo que muchos suponen, el impulso de esta gran reforma no tuvo su origen en el sector gubernamental, sino que provino de la sociedad civil organizada; el 13 de diciembre de 2006, la “Red Nacional a favor de los Juicios Orales y debido Proceso Legal“, conformada por destacados especialistas del sector académico e integrantes del gremio empresarial y de la comunicación, entre otros, presentó ante los integrantes de las Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una propuesta de reforma constitucional con la finalidad de modificar el procedimiento penal en nuestro país.

La motivación de este movimiento ciudadano reformador se centró en los persistentes reclamos de la sociedad respecto del funcionamiento de la justicia penal, era necesario un profundo cambio para garantizar el debido proceso legal, en armonía con tratados y convenciones internacionales que México había ya firmado y ratificado.

Logrado el cometido de reforma constitucional, siguió la ardua tarea de su implementación, solo en nuestro Estado de Sinaloa se ejecutaron proyectos con un costo superior a los 700 millones de pesos, destinados a los ejes de planeación, capacitación, difusión y equipamiento tecnológico, así como para la edificación de la infraestructura requerida para la operación del sistema.

El esfuerzo fue enorme y fructífero, tal y como lo requería la transformación jurídica/procedimental más importante del país en los últimos cien años.

Sin embargo, esa reforma constitucional que derivó en la adopción de un sistema penal de corte acusatorio y oral, privilegiando los derechos fundamentales de las partes involucradas en el mismo, se ha visto seriamente amenazado y trastocado, por inesperados adversarios.

Los altos índices delictivos registrados en prácticamente todo el país durante los años recientes, aunado a los escasos resultados de los tres ámbitos de gobierno en el combate a este flagelo, han llevado a muchos sectores de la sociedad, e incluso a gobernantes, a cuestionar la utilidad y conveniencia de este nuevo sistema.

Desde algunos medios informativos se ha señalado con molestia al nuevo sistema penal como responsables de que supuestos delincuentes permanezcan en las calles y no en prisión.

Entendible resulta la frustración ciudadana ante la falta de esclarecimiento de hechos delictivos sobre los que a diario se da cuenta; lo que no compartimos, es que desde las instancias gubernamentales se señale al sistema acusatorio como responsable de la falta de resultados en el combate a la delincuencia e impunidad.

No, no es cierto que las nuevas reglas procedimentales en las que se privilegian los derechos fundamentales de todas las personas, constituyan un obstáculo para las labores de los cuerpos de policía y demás autoridades encargadas de la procuración de justicia.

El ajustar los actos privativos a rigurosos estándares constitucionales, convencionales y legales de protección a derechos fundamentales, no es aporte del sistema penal acusatorio; las detenciones en flagrancia, ejecuciones de órdenes de aprehensión, detenciones y cateos, han estado contemplados en la Norma Suprema desde la Constitución de 1857 y han sido siempre sujetos a requisitos específicos y mecanismos de control judicial para su ejecución.

Todos debemos exigir que los actos de autoridad más gravosos e invasivos para el ciudadano, como lo es la restricción de su libertad, estén condicionados al respeto irrestricto de sus derechos fundamentales. A nadie nos conviene ni beneficia un sistema en el que primero se encarcele y después se investigue.

El respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas en un procedimiento penal no riñe con la aplicación de la justicia, al contrario, la privilegia; las instituciones públicas deben ocuparse de la formación de servidores públicos verdaderamente especializados en el sistema penal acusatorio y así consolidarlo, no de desacreditarlo; y desde la sociedad civil debemos exigir que así se actúe, porque fue la ciudadanía la que impulsó este cambio, sigamos trabajando en él y para él.

 

SOBRE EL AUTOR

Sergio Avendaño Coronel es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa.


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