La gestión legislativa del CPC | El análisis de Enrique Hubbard

La gestión legislativa del CPC | El análisis de Enrique Hubbard

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Una poco observada pero trascendental parte del trabajo anticorrupción se concentra en cerrar los huecos legales que permiten actos corruptos. Con ello en la mira y como parte de su plan anual, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) se propuso impulsar acciones de incidencia en tres marcos legislativos: compras, adquisiciones y obras públicas; servicio civil y profesional de carrera; y archivos. Para ese efecto, el CPC se reunió con diputados de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de ahí se han derivado diversas acciones en conjunto.

El CPC participó en un foro de consulta convocado por las comisiones legislativas de Fiscalización y de Comunicaciones, así como la de Obras Públicas, durante el cual diversas organizaciones civiles y ciudadanos hicieron propuestas concretas para la reforma de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados. También se ha trabajado con las instancias correspondientes a fin de consolidar las cinco iniciativas de reforma existentes, en un solo pre dictamen que conjunte los intereses y anhelos del gremio y de la sociedad.

La UNESCO, la OEA, y la Unión Europea, han subrayado el papel que juegan los archivos para el buen gobierno, como fuente de evaluación de las conductas sociales. La comunidad archivística internacional considera que los archivos son conducto para la transparencia de gestión y el derecho a buscar, recibir y difundir información. En Sinaloa es necesario legislar sobre archivos públicos, pues la Ley General de Archivos no tiene equivalente en el estado. El CPC trabaja con diversas instancias a fin de generar tal legislación.

El CPC considera que implementar un servicio de carrera en Sinaloa es fundamental para el buen funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. En la medida en que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito, y que los servidores actúen bajo estándares de profesionalismo e integridad, las posibilidades de reducir los actos de corrupción son más amplias. Conforme el mérito se torna valor apreciado al interior de la administración pública, se incrementan las posibilidades de que las decisiones que se tomen respondan a criterios de imparcialidad y universalidad.

La ‘Propuesta para la institucionalización del servicio profesional de carrera del sector público en Sinaloa’, documento en cuya elaboración colaboraron con el CPC diversos profesionistas y organizaciones de la sociedad civil, ha sido entregada al Congreso.

Cabe agregar que el 12 de febrero de 2018 se adicionaron disposiciones de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y se otorgaron facultades, atribuciones y responsabilidades a los Síndicos Procuradores de los Municipios.  Algunas de esas facultades ya se habían otorgado a los Órganos Internos de Control y esto ha provocado controversias y tropiezos.

La figura de Síndico Procurador no es competente para aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas, es el Órgano Interno de Control el que cuenta con facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; además para sancionar aquéllas que no son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; así como para presentar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito.

De lo anterior se deriva que la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa contiene una antinomia legal, hay contradicción con la Constitución Federal y con la local, así como con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se hace necesario aclarar dichas atribuciones por medio de una iniciativa de reformas a Ley, que el CPC presentó ante el congreso el 11 del presente mes de junio.

 

SOBRE EL AUTOR

Enrique Hubbard Urrea es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.

 

 


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