Las obras que ningún gobierno quiere ver | El análisis de Norma Sánchez

Las obras que ningún gobierno quiere ver | El análisis de Norma Sánchez

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Hay un tipo de obra pública que a ningún político parece importarle: las que impulsaron sus antecesores y que están ahí, detenidas en el tiempo y sumidas en la más profunda opacidad porque de ellas poco se sabe.

No hay mecanismos de transparencia que permitan siquiera medir el tamaño de esas malas inversiones que terminan en nada. Si no fuera por los medios de comunicación que registran los casos más visibles porque están en zona urbana, nada sabríamos de ellas. De las obras que se construyen en la sierra mejor ni hablar.

En noviembre del 2017, el semanario Riodoce difundió los resultados de una investigación que arrojó que durante el primer año de gobierno de Quirino Ordaz Coppel, un total de 126 contratos de obra firmados entre 2011 y 2016 seguían con adeudos financieros y/o poco avance físico.

En 2019 podemos contar como ejemplos de incompetencia de planeación y finanzas públicas dos casos: el Parque Temático de Culiacán que parecía ser uno de los mejores atractivos para Sinaloa y la Biblioteca Gilberto Owen, ambos edificios abandonadas en la misma zona, frente a la Universidad Autónoma de Occidente.

La práctica de empezar y no acabar obras parece no tener fin y las políticas públicas que impiden que esto siga ocurriendo parecen no ser claras.

Por eso la reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa que impulsa la actual Legislatura local aparece como un primer paso para colocar los candados necesarios a ese despilfarro.

Lo primero sería que el propio Congreso de Sinaloa autorice recursos solo para los proyectos establecidos en el Plan Anual de Obra Pública, un documento que debe ser transparente y accesible para todos.

Otro importante ajuste se tendría que hacer desde la etapa de planeación, pues los programas de obras públicas de Sinaloa y sus 18 municipios deben estar alineados al Plan Estatal y Nacional de Desarrollo.

La Ley de Obras Públicas deberá asegurar el diseño e implementación de sistemas informáticos y plataformas electrónicas que transparenten el ciclo completo de las obras, para saber con precisión el número de obras inconclusas y el costo social que representan.

Y, finalmente, por supuesto, la aplicación de sanciones a servidores públicos y a particulares que abandonan obras sin justificación clara ni transparente, como sería un dictamen donde fundamenten la decisión de no continuarlas.

En todo esto quienes integran el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción tienen qué ver. Una política pública que asegura la planeación y pertinencia de las obras para que no haya más hospitales y escuelas abandonadas, por poner tan solo un ejemplo, nos beneficiaría a todas y a todos.

SOBRE EL AUTOR

Norma Sánchez es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa.


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