No regresará el SNTE al control de las plazas | El análisis de Alejandro Luna

No regresará el SNTE al control de las plazas | El análisis de Alejandro Luna

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La reforma educativa de 2013 de Enrique Peña Nieto fue, en un primer momento, una estrategia política para quitarle el enorme poder que había acumulado el SNTE en el sector educativo. La función de defensa laboral del magisterio se había pervertido en las negociaciones político-electorales, nacionales y locales, movilizando un ejército de activistas –comisionados sindicales— por todo el país para hacer campaña en favor del partido o candidato que mejor pagara. Y su liderazgo rayaba en los excesos, el abuso del poder y el autoritarismo. Por ello, los maestros aplaudieron la aprehensión de Elba Esther Gordillo en febrero del 2013.

Sin embargo, en un segundo momento, con el SNTE sometido y sumiso, el gobierno la emprendió contra los maestros ya indefensos. Los culpó del fracaso educativo y los metió en una dinámica laboral altamente estresante y humillante, con una perspectiva productivista, lo que volvía imposible generar mejores resultados educativos. En el extremo de la visión neoliberal que campeaba en gobierno peñista, corrió a los maestros que no se habían sometido al examen nacional de permanencia y amenazó a cientos de miles con las sanciones contenidas en la ley.

Cuando los maestros creían que con el autoritarismo y los excesos de Elba Esther les había ido mal, clamaron por su liderazgo cuando sintieron la estulticia empoderada de Nuño y  la estolidez de sus corifeos instalados en los mandos de la SEP y las secretarías de educación de los estados, ante la complicidad de Juan Díaz, ocupado en hacer lucrativos negocios y justificado en los cursos de capacitación a los maestros “con atractivos descuentos” del SINADEP, para aplicar al pie de la letra la reforma.

Con el cambio de gobierno cayó la “reforma educativa”. Se derogó la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa que contenían el complejo entramado para el control y sometimiento del magisterio. Sin embargo, la cancelación de la reforma no implica el regreso al control del SNTE sobre las plazas ni el reparto “50% y 50% entre la SEP y el SNTE, como demandaba Alfonso Cepeda en su primer discurso como nuevo dirigente nacional a la salida de Juan Díaz.

Es decir, ya no habrá examen como criterio único de ingreso al servicio docente, pero tampoco se asignarán plazas por propuesta sindical. La reforma educativa 2019 establece que la selección de maestros para el ingreso al servicio docente será mediante un proceso público y transparente. Y aunque hay un periodo de seis meses para emitir las leyes secundarias que especifican dicho proceso, ya se prevé que será mediante un sistema de puntajes que se formará con indicadores del perfil, desempeño, experiencia y habilidades del que el aspirante.

Entre los requisitos que se espera que se tomen en cuenta para puntaje, es tomar y acreditar un curso para diagnosticar las habilidades docentes, elaborar un ensayo orientado a la mejora continua de la educación, o una planeación didáctica. Así mismo, la experiencia profesional, el currículum incluyendo cursos, talleres, diplomados, especializaciones, otras licenciaturas y posgrados; estancias nacionales o internacionales y probablemente el promedio de calificaciones del certificado de bachillerato.

Buena parte de estas propuestas ya se están aplicando por acuerdo de la Coordinación del Servicio Profesional Docente que coordina el proceso para la selección de docentes de nuevo ingreso en el periodo 2019-2020, que ya está en marcha, y son, seguramente las que se propondrán en las leyes secundarias.

La responsabilidad de coordinar este proceso recaerá principalmente en las autoridades de la SEP, refrendando así las indicaciones de la reforma 2019 de mantener la rectoría del estado en materia educativa, pero sin regresar al examen, establecido en la reforma del 2013, como criterio único de ingreso al servicio docente ni a la propuesta (y control) de plazas 50 y 50% entre patrón y trabajadores, contenida en el apartado B de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional.

 


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