Tema de la semana | Por un sistema anticorrupción más fuerte que la cleptocracia

Tema de la semana | Por un sistema anticorrupción más fuerte que la cleptocracia

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Ningún sinaloense sabe a ciencia cierta a cuánto asciende el daño causado a las finanzas estatales durante la administración pública estatal del período enero de 2011 a diciembre de 2016, que presidió Mario López Valdez, debido a que el recuento de lo sustraído varía entre lo que reportan las instancias de fiscalización y lo que se refiere en las carpetas de investigación integradas. La única certeza que gana terrero en la población es que la impunidad va ganando la batalla.

La semana que cierra aportó bastantes elementos de criterio en la polémica respecto a si tenemos en Sinaloa un sistema anticorrupción débil o fortalecido, posicionando el tema en la conversación pública debido a tres hechos relacionados entre sí:

  • Al iniciar el martes el juicio oral contra Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo, acusado de uso indebido de los recursos destinados a la promoción turística del estado, compareció ante el juez el ex secretario de Turismo, Rafael Lizárraga Favela, para evidenciar la red de corrupción que en el caso LAPO “habían falsificado documentos,  habían falsificado firmas, habían falsificado la póliza, habían falsificado la factura” para el desvío de 8.6 millones de pesos.
  • En su informe del primer año al frente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, rendido el miércoles ante el Congreso del Estado, Francisco Mojica López expuso que no es novedad que en Sinaloa la corrupción sea un problema, no de cultura sino de estructura, enraizado en lo más profundo de nuestras nobles instituciones, dominando las leyes y adaptándolas a su antojo.
  • Posteriormente, también el miércoles, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, con el voto a favor de la presidenta Rosa del Carmen Lizárraga y de Ana Martha Ibarra, comisionada que elaboró el proyecto de resolutivo, y la moción en contra de Tomás Medina Rodríguez, determinó desclasificar la carpeta de investigación sobre actos de corrupción cometidos por el ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, luego de que la Fiscalía General del Estado se negó a proporcionar una copia del expediente solicitada por la organización civil Iniciativa Sinaloa.

Estos tres momentos recientes de la extensa polémica que desata el problema de la corrupción representan una fotografía en tiempo real que tiene dos lecturas: una establece que a pesar de contar con las estructuras gubernamental y ciudadana para atacar el flagelo los resultados son lentos y frustrantes; otra le apuesta a que una vez que se sincronicen todos los engranajes del Sistema Estatal Anticorrupción será posible  dar más pasos en firme para atacar este tipo de ilícitos.

Dicho en las palabras de Mojica López, que reflejan la aspiración generalizada en Sinaloa, “”ya no hay lugar para la complicidad, no estamos contentos con las sanciones ejercidas ante aquellos que son responsables de generar actos de corrupción, pues creemos que esto lejos de combatir incita a que el problema se agrave”.

Es decir, aquello que en el discurso suena prometedor ocupa de acciones concretas para llegar al punto donde la justicia le dé a cada defraudador el castigo que le corresponde. Se trata de cinco tareas claves:

  1. Al ser el principal problema de México, y particularmente de Sinaloa, porque corroe al resto del tejido social y retrasa la concreción del desarrollo, es importante fortalecer los sistemas anticorrupción nacional y estatal, dotándolos de “garras” y “dientes” para que sean mucho más sólidos y fuertes que la capacidad fraudulenta de servidores públicos.
  2. Hacer valer la autonomía de la Vicefiscalía Anticorrupción que funciona dentro de la Fiscalía General del Estado para que las correspondientes carpetas de investigación sean integradas conforme a evidencias y apegadas a derecho, sin la injerencia de personajes o grupos de poder que mediante el tráfico de influencias pretendan atenuar o evitar la acción legal contra los delitos que cometen.
  3. Evitar que el sistema de justicia penal haga un uso abusivo de la posibilidad que da la ley para que los indiciados puedan resarcir parcialmente el daño causado a las finanzas públicas, convirtiendo tal “arreglo” en la enorme puerta hacia la impunidad. A través del castigo ejemplar será posible que los funcionarios la piensen más antes de incurrir en afectaciones al erario.
  4. Realizar campañas de concientización para que los sinaloenses empujen desde el ámbito individual, familiar o laboral una conducta más consistente contra la corrupción que crea desconfianza, incentiva nuevas conductas abusivas, sustrae dinero de finalidades sociales, desanima el esfuerzo y rompe el principio de legalidad. Educar para la honradez ayudará a construir ciudadanos conscientes de lo devastador de este fenómeno.
  5. Avanzar hacia el objetivo de cuentas claras totales en las dependencias e instituciones que manejan recursos públicos, lo cual se debe fincar en tener las mejores leyes pero sobre todo que las instancias correspondientes las hagan cumplir.

En la medida que Sinaloa adopte las prácticas vanguardistas para combatir la corrupción se mejorarán los logros de una guerra que no es de una sola batalla ni será ganada de la noche a la mañana. Es un esfuerzo multilateral y de cooperación entre la sociedad y el gobierno, de tan enorme vigor que tiene que vencer a las mafias y sujetos habituados a amasar fortunas a expensas de robarles oportunidades a mayorías marginadas del desarrollo y las oportunidades.

 


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