Efecto ESPEJO | Del Estado a los corruptos: impunidad garantizada

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El combate a la corrupción no tiene satisfechos a los ciudadanos que exigen resultados enérgicos y mecanismos de contención que lejos de ser simulaciones se traduzcan en servidores públicos pagando con cárcel el daño causado a las finanzas gubernamentales y sistemas anticorrupción nacional y estatales que en vez de ser costosos aparatos burocráticos operen como mecanismos de detección e inhibición de este tipo de delitos.

Sin embargo, una cosa es que los sectores sociales estén escépticos en lo referente al combate de ilícitos que se cometen a la sombra del poder político y otra que desde el Congreso del Estado se considere sospechoso el trato que el gobierno, la fiscalía y el sistema judicial de Sinaloa les dan a ex funcionarios acusados de corrupción, los que ni pisan las cárceles, ni pagan lo que robaron y en caso de resarcir el daño lo hacen parcialmente y en abonos.

Mientras tanto, en la esfera nacional el discurso anticorrupción ha quedado estancado en la arenga diaria y en la promesa de moralizar la función pública sin la evidencia de voluntad de Estado, sistemática y creíble, para poner a disposición de la justicia a los saqueadores y hacer de la aplicación de la ley la acción más firme de ataque al flagelo.

Los casos de Ernesto Echeverría Aispuro a nivel local y de Enrique Peña Nieto en lo nacional, referencias icónicas en hechos de peculado, cohecho y uso fraudulento del servicio público, permanecen fijos en el sentimiento social y además de generar la percepción de impunidad construyen la idea a futuro de que la tolerancia y complicidad son garantía de un régimen a otro para que el marco jurídico sea benévolo con los grandes desfalcadores del erario.

Así ha sido y todo indica que las cosas seguirán igual porque es inadmisible que el Poder Legislativo, a quien le corresponde implementar nuevas leyes o reformas para reforzar el combate a la corrupción, se ubique en la posición cómoda de repartir culpas y sea incapaz de reconocer las omisiones propias que alientan los cuantiosos saqueos de las finanzas públicas sin que haya el marco legal eficaz para contener ese cáncer nacional.

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