Efecto ESPEJO | ¿Quién falló en el caso LAPO? Ríos Estavillo en la mira

Efecto ESPEJO | ¿Quién falló en el caso LAPO? Ríos Estavillo en la mira

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La voz enérgica del director del órgano ciudadano Iniciativa Sinaloa, Silber Meza Camacho, no es la única que se manifiesta inconforme con los resultados que la Fiscalía General del Estado presenta en cuestión de combate al delito, ni tampoco la primera que expresa la necesidad de que renuncien los servidores públicos que se muestran omisos al aplicar la ley o integrar carpetas de investigación con la suficiente solidez para evitar que se caigan en los juzgados.

El caso Luis Ángel Pineda Osuna, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado a quien se le demostró que tomó recursos públicos y los depositó en cuentas de sus familiares, se convirtió en el lodo que desbordó la cloaca, pues el juez de la causa procedió a acusarlo solo de desempeño irregular de funciones y lo absolvió del ilícito de peculado debido a que la FGE violó el debido proceso.

La débil resolución judicial en el expediente LAPO removió las heridas de impunidad que el Ministerio Público ha dejado en otros casos (como el benéfico trato hecho con Ernesto Echeverría Aispuro, quien pagó la mitad de la sanción expuesta y con facilidades) y constituye también la posibilidad de que ninguno de los funcionarios del gobierno estatal anterior, el que presidió Mario López Valdez, pisen la cárcel por los daños causados a las finanzas públicas.

Y debería ser, así como señala Iniciativa Sinaloa, que “no hay mucho que darle vueltas, o es complicidad o es incapacidad, cualquiera de las dos cosas es muy grave y cualquiera de las dos cosas tienen que tener consecuencias y ya, y pronto, y aquí, de verdad, alguien tiene que renunciar”.

Con esta queja contra la FGE, que es la misma que se manifiesta en varios sectores de la sociedad, tendría que ser el Congreso del Estado el que revise la actuación del fiscal Juan José Ríos Estavillo y actúe en consecuencia para destituirlo del cargo si se le demuestra omisión o complicidad en la integración de las carpetas de investigación por delitos de corrupción, o bien que el Legislativo determine dónde está la falla y proceda, ya, a corregirlas antes de que Sinaloa se deslice por el tobogán de la desconfianza en las instituciones y el estado de derecho.

 

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