Tema de la semana | Ajustes de cuentas políticas, con las cuentas públicas

Tema de la semana | Ajustes de cuentas políticas, con las cuentas públicas

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Al decidir la Comisión de Fiscalización de la 63 Legislatura rechazar las cuentas públicas de los 18 gobiernos municipales, determinación que también podría aplicarle al Gobierno del Estado, se abre otro episodio de confrontación en el Congreso local entre los grupos parlamentarios del Movimiento Generación Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, dando pauta a la pregunta de si se trata de un ejercicio de rendición de cuentas o de revanchismos políticos entre la mayoría y la primera minoría de la Cámara local.

El PRI está atrincherado en la postura de hacer valer las reformas realizadas en 2017 a los artículos 37 y 43 de la Constitución de Sinaloa, que derogan las facultades del Congreso de revisar, aprobar, hacer observaciones o suspender las cuentas públicas, cediéndole y fortaleciéndole tales atribuciones a la Auditoría Superior del Estado.

El grupo de diputados de Morena, por su parte, usa la mayoría en el Congreso del Estado en el intento por regresar al viejo modelo donde el Legislativo realizaba la labor de revisar, dictaminar y someter a votación si los informes contables y administrativos de los alcaldes y gobernador pasaban la evaluación o eran devueltos con observaciones.

En este cuello de botella legislativo están atoradas las actitudes de ambos partidos en abono a la percepción ciudadana que considera que más que actos en favor de la transparencia y honestidad en el manejo de recursos públicos, lo que el PRI y Morena pretenden es el ajuste de cuentas políticas aprovechando la circunstancia de arqueo en las finanzas del gobierno.

Desde el 11 de julio de 2017 cuando se aprobaron las reformas constitucionales que le otorgaron toda la capacidad de fiscalización a la ASE, en detrimento de la facultad que poseía el Congreso para auditar, aprobar o vetar las cuentas públicas, se vio venir la complejidad en los acuerdos que ahora está a la vista de los sinaloenses.

La ASE presentó al Congreso los resultados de la revisión de las cuentas públicas de los 18 Ayuntamientos, de las cuales consideró aprobatorias las de Badiraguato, Angostura, San Ignacio, Salvador Alvarado, Mazatlán, Culiacán, Cosalá, Concordia, Choix y Ahome  y recomendó rechazar las de El Fuerte, Elota, Escuinapa, Guasave, Mocorito, Navolato, Rosario y Sinaloa.

Sin embargo, la mayoría de Morena en la Comisión de Fiscalización, con el voto en contra de los miembros del PRI y PAN, determinó suspender por parejo las cuentas públicas de los 18 municipios, lo cual tiene dos interpretaciones: Con la legislación vigente los cuatro legisladores morenistas y uno petista que apoyaron este dictamen violentan la Constitución; si se trata de desobedecer aquellas modificaciones hechas a la Constitución local en 2017, pues si están en su derecho de rechazar para que los alcaldes procedan a solventar las observaciones.

El contexto actual trae a tiempo presente las mismas interrogantes que se realizaron en 2017 cuando se modificó la Constitución para pasarle a la ASE facultades que hasta entonces eran del Congreso y que, se dijo, las reformas tenían el propósito de que la revisión de las cuentas públicas se realizara con criterios técnicos de auditoría y no con base a razonamientos políticos que desencadenaban ajustes de cuentas entre los partidos representados en el Congreso.

¿La reforma constitucional de 2017 va en contra de la rendición de cuentas o la fortalece? ¿Abre cauce  para que las cuentas públicas se resuelvan en lo oscurito? ¿Se le otorgan supra atribuciones a la Auditoría Superior del Estado y se debilita la función fiscalizadora del Congreso? ¿Realmente despolitizan el tratamiento de las cuentas públicas? ¿Se afecta la participación ciudadana de vigilancia tendiente al adecuado manejo de recursos públicos? ¿En qué gana la ciudadanía con todo esto? ¿Existe la posibilidad de que dichas reformas se utilicen para dar impunidad a delitos de corrupción?

¿Tiene o no facultades el pleno del Congreso para revisar, aprobar o en su caso rechazar las cuentas públicas del Gobierno del Estado y los municipios? ¿Qué tanto obligan las reformas a los diputados al voto de conciencia y no al criterio partidizado respecto a las cuentas públicas? ¿Cómo se ven reforzadas las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado?

La semana próxima el diferendo entre Morena y el PRI llegará al punto más crítico al someterse a consideración del Congreso los dictámenes de la Comisión de Fiscalización que en el caso de ocho Ayuntamientos sí atienden la recomendación de la ASE de suspender las cuentas públicas, pero en los 10 municipios restantes, donde el órgano auditor superior determinó que procede aprobarlas, el grupo legislativo de Morena se echó por su cuenta la decisión de también rechazarlas.


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