Aborto por violación | Hablan Sipinna, Sector Salud y Colectivo Mujeres Activas Sinaloenses

Aborto por violación | Hablan Sipinna, Sector Salud y Colectivo Mujeres Activas Sinaloenses

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Conzuelo Gutiérrez del colectivo Mujeres Activas Sinaloenses dijo que, aunque esto es algo bueno, el proceso puede seguir siendo difícil debido a los prejuicios que aun abundan en el personal de las instituciones de salud.

El tema del aborto ha vuelto a ganar terreno en la conversación pública a nivel nacional, esta vez por motivo de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dictamina que los hospitales públicos del país no podrán negarse a realizar un aborto las mujeres que hayan sido víctimas de violación.

La norma oficial 046 es la que permite a las mujeres que han sido víctimas de violación practicarse un aborto en los hospitales públicos del país. Los hospitales del sistema público de salud no podrán negarse a dar ese servicio bajo ninguna circunstancia.

Con esta medida las víctimas de violación no tendrán que presentar la denuncia ante el ministerio público para demostrar que fueron víctimas de violación, simplemente acudirán a las áreas de salud donde llenarán una forma con su declaración y se les atenderá.

Conzuelo Gutiérrez, del Colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, comentó que aunque la noticia de que esto se haya aprobado es buena, seguirá siendo muy difícil que el proceso de aborto se lleve en las clínicas de todo el estado porque aunque será legal, el prejuicio continuará.

“Aún con lo que haya decretado la corte, sabemos que siguen prevaleciendo los prejuicios en aquellos que tienen la obligación de aplicar la ley, de ejecutar los programas que las leyes mandatan”, aseguró.

Comentó además que el estado mismo es el encargado de garantizar el cumplimiento de la interrupción al embarazo, por lo que se debe dar una capacitación al personal de salud, ya que todavía hay muchos prejuicios por este motivo.

Señaló que aunque la norma 046 está vigente desde el año 2016 no se ha llevado a cabo ningún aborto, debido a que las autoridades se dedicaban a poner trabas al proceso. Indicó que con esta nueva modificación el proceso deberá ser más sencillo.

Por su parte, el Dr. Efrén Encinas Torres comentó que el método se llevará a cabo a través de una solicitud donde se indique que la mujer quien solicita la interrupción a su embarazo ha sido violada.

Aseguró que mientras la víctima sea menor de 12 años tendrán que ser los padres o tutores legales quienes autoricen la solicitud y que procedan a elaborarla. En el caso de menores entre 12 y 17 no será requerida ningún tipo de autorización de los padres.

LO DIJO:

“El aspecto relevante es que el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción de embarazo, ya no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante y pues se elimina el requisito de la autorización de una autoridad competente, ya no se va requerir una denuncia al ministerio público”.

Señaló por el momento estarán en espera a la resolución definitiva para hacer debida la aplicación de la interrupción al embarazo.

“En el momento seremos muy respetuosos por supuesto del cumplimiento de la ley, de las normas que nos dicte el máximo órgano de justicia de nuestra república mexicana”, aseguró.

 

Mientras tanto, la titular de Sipinna, Margarita Urías Burgos, comentó que el tema de aborto por violación es uno de suma importancia para el estado, ya que con esto, no se estaría privando a las niñas de la entidad de su etapa de infancia por un abuso sexual.

Señaló que al tratarse de menores la denuncia tiene que hacerse por parte de padres o tutores legales; sin embargo, muchas veces las violaciones ocurren dentro de este entorno familiar, por lo que estos mismos tratan de esconder el abuso.

No obstante, Urías Burgos, informó que de ser este el caso, o de que los padres simplemente no quieran cooperar en el proceso, las víctimas pueden buscar a algún otro familiar o refugiarse con algún otro tutor legal, quien lleve a cabo el papeleo para la interrupción del embarazo.

Aclaró que de no ser posible hablar el tema en la familia, siempre tienen la opción de acercarse con alguien en sus escuelas para que estas tomen el control del problema y lleven a cabo los mecanismos para garantizar la denuncia fiscal.

“Las niñas tienen dos ámbitos donde hacen mucho su situación de denuncias, en la familia y si esto está sucediendo ahí y la familia no es receptora del problema, ahí está la escuela y en ella tienen mecanismos, protocolos que ya están instruidos para que sean activados, si estos garantizan la cadena de responsabilidad, la autoridad escolar puede hacer la denuncia fiscal”, dijo.


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