Efecto ESPEJO | ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde está la justicia?

Efecto ESPEJO | ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde está la justicia?

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Cuando apenas el Estado mexicano inicia políticas públicas para dar respuestas a las familias que buscan a víctimas de desapariciones forzadas, el problema de la privación ilegal de la libertad se muestra mucho más allá de la capacidad de asombro y de las posibilidades de las instituciones de procuración e impartición de justicia para atender este tipo de delitos.

En México, a propósito del Día Internacional del Detenido Desaparecido que se evoca hoy, las preguntas de dónde están van dirigidas no solo para saber el paradero de quienes fueron arrancados a la fuerza del seno familiar sino también de los gobernantes, sistemas jurídicos y grupos criminales cuya responsabilidad, por acción u omisión, es parte de una crisis legal y moral que se origina en la impunidad.

En el caso de Sinaloa, el reciente informe de la Fiscalía General del Estado da a conocer la existencia de 4 mil 265 casos de privaciones ilegales de la libertad y desapariciones forzadas de enero de 2007 a julio de 2019, así como 6 mil 63 expedientes abiertos en esos delitos desde 2010, en tanto que las tareas de búsqueda han permitido localizar en casi una década a 2 mil 47 personas con vida y 770 muertas.

La herida de las desapariciones forzadas se abre más cada día en lugar de cicatrizar a través del buen desempeño de las autoridades y como prueba de ello ahí está el calvario de las madres rastreadoras que, agrupadas en diferentes organizaciones, llevan a cabo las labores de localización de sus hijos con un activismo que provoca avances lentos como es el caso de la aprobación en octubre de 2017 de la primera Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas publicó en noviembre de 2018 sus hallazgos sobre este fenómeno violento en México, recomendándole al gobierno atender los obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, así como los que obstruyen el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

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