Obra pública transparente en Sinaloa: 5 puntos para empezar | Tema de la semana

Obra pública transparente en Sinaloa: 5 puntos para empezar | Tema de la semana

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Más allá de la enunciación de la voluntad por abrir al escrutinio de los sinaloenses la obra pública que se realiza en el estado, lo que se requiere es la articulación de las instancias gubernamentales, legislativos y de fiscalización con las organizaciones de la sociedad civil que registran avances importantes en el tema. Potenciar la rendición de cuentas e involucrar a los ciudadanos agilizará el abatimiento de malas prácticas que alimentan la persistente percepción de corrupción.

Esta semana que concluye, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio motivos para retomar el debate abierto antes por organismos de la sociedad civil, al anunciar en Mazatlán que en atención a la exigencia ciudadana, iniciará un proceso de apertura de todos los detalles que tengan que ver con la obra pública que se construye en Sinaloa.

“Voy a publicar todas las obras, todos los contratos de la obra pública, porque la gente tiene que saber todo, los gobiernos tienen que ser muy transparentes y nosotros no tenemos nada que ocultar”, dijo en el contexto en el cual el Congreso del Estado analiza propuestas ciudadanas en el mismo sentido.

Después de este planteamiento, al gobernador se le tomará la palabra para corregir y obligar también a su secretario de Desarrollo y Obras Públicas, Osvaldo López Angulo, y demás funcionarios del área, a que también rectifiquen las inconsistencias que se repiten sexenio tras sexenio y que los políticos en turno han prometido erradicar en el discurso y en la práctica las mantienen y solapan.

Cabe señalar que Ordaz Coppel no partirá de cero porque existe un trabajo de los OSC´s derivado de reuniones de análisis y estudios a la actual legislación estatal en la materia, del cual se rescatan los siguientes cinco puntos:

  1. Revertir en el Congreso local la reforma a la Ley de Obras Públicas aprobada en febrero 2017 en la que se resucitan las prácticas de opacidad en gasto de obra que se tenían con la operación de la extinta Cocosin, mismas que en su momento la Cofece señaló como anticompetitivas, y que estudios especializados señalaron que generaba un malgasto de hasta el 90% en los costos unitarios ejercidos. Es razonable que el Gobierno del Edo tenga flexibilidad y modos de ejecutar obra por administración directa, pero debe limitarse a topes pequeños, sin excepción.
  2. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas debe reducir el límite mínimo que obliga a integrar a un Testigo Social (y fortalecer la capacidad de intervención de esta figura ciudadana) a los procesos de contratación de obra estatal. Está en 91 millones de pesos de acuerdo a la reforma de la ley de octubre de 2017, lo que se traduce en que será un número muy bajo de obras las que tengan que ser vigiladas por un Testigo Social. Se propone bajar el monto mínimo a $10 millones de pesos.
  3. Sacar en buenos términos las reformas a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa propuestas al Congreso del Estado por la OSC´s, para reducir espacios de excepción a lo mínimo razonable. Se cuenta en la Ley con 14 excepciones que pueden ser aplicadas por las entidades contratantes para no licitar públicamente un contrato, y en cambio adjudicarlo directamente o por invitación restringida. Se considera que el hecho de que se puedan otorgar contratos directamente (sin licitar), y sin que exista un estudio de mercado que justifique tal, solo porque algún particular o empresa cuente con un derecho o patente, o nuestros gobiernos celebren “alianzas estratégicas” porque así lo decidieron, permitirá otorgar obras a particulares para favorecerlos o, incluso, favorecer a algún gobernante en turno. Debe indicarse por ley que el sistema de CompraNet Sinaloa debe ser la plataforma electrónica única para sistematizar y transparentar cualquiera de los 4 tipos de ejercicio de gasto en obra pública. No solo la licitación pública sino también la “invitación restringida”, la “adjudicación directa”, así como las obras ejecutadas por “administración directa”.
  4. Las adjudicaciones directas no están siendo argumentadas por la dependencia que contrata (como la SDOP), ni por la STyRC que las valida. Sólo se cita al artículo 61 de la Ley de Obras pero sin elaborar argumentos o criterios lógicos. La SDOP está procediendo a contratar por administración directa obras de infraestructura vial, sin importar el monto, a través de la PRECASIN, sin ningún tipo de vigilancia ciudadana real, ni publicación de la información de proyectos en Compranet y sin evidencia pública de que la STyRC esté vigilando las cotización de insumos y servicios contratados, costos unitarios, y presupuestos.
  5. Las entidades contratantes están elaborando bases de licitación con requerimientos técnicos, adicionales a los mínimos exigibles por Ley o Reglamento, que no cuentan con una justificación técnica-constructiva ni un argumento lógico. Además, el portal de la SDOP no cumple con todo lo exigido por la Ley de Transparencia del Estado y la Ley General, especialmente en el detalle de su quehacer interno y del ejercicio del gasto público en obra.

Es mucho lo que se tiene que resolver para transparentar la obra pública y primero que nada es importante mostrar voluntad política. Buena señal sería que los poderes Ejecutivo y Legislativo logren sacar adelante los cambios, derogaciones y propuestas que están en la cancha del Congreso del Estado desde marzo de 2019, para adecuar la Ley de Obras Públicas a los estándares de transparencia y participación ciudadana que esta semana el gobernador ofreció implementar.

Hay que tomarle la palabra a Quirino Ordaz Coppel y empezar por corregir las graves carencias que tiene la actual Ley de Obras Públicas de Sinaloa que son las que propician opacidad, corrupción e impunidad. Si el gobernador cumple su palabra, el Congreso del Estado hace la chamba que le corresponde y las instancias de auditoría funcionan, entonces la pinza se cerrará con la verdadera vigilancia ciudadana para que la transparencia sea una realidad y deje de ser la declaración de intenciones nunca antes cumplidas.


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