Sinaloa transparente: fortalecer el testimonio social en obra pública | Tema de la semana

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Al estar en boga en Sinaloa el tema de la transparencia, por el dinamismo con que empujan organismos de la sociedad civil y por la demanda ciudadana de mayor energía y voluntad del Estado en el combate a la corrupción, se abre pauta a la revisión del rol desempeñado por los testigos sociales en la vigilancia de la obra pública que realizan el Gobierno del Estado y los 18 Ayuntamientos.

A reserva de que en las semanas por venir el Congreso del Estado y el gobierno de Quirino Ordaz Coppel repongan el tiempo perdido en lo referente a la plena rendición de cuentas y supervisión social en la obra pública, en lo transcurrido del ejercicio de la 63 Legislatura y la administración pública estatal persistió el desgano o desinterés por avanzar en tales ámbitos.

Por un lado, organizaciones como Coparmex, Iniciativa Sinaloa, Mapasin, Movimiento Interdisciplinario de Estudiantes y Egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Parlamento Ciudadano y Observatorio Ciudadano de Mazatlán, entre otras, se han dado a la tarea de fortalecer los esquemas anticorrupción en obra pública, sin embargo, los poderes Legislativo y Ejecutivo parecen ir a contracorriente del ímpetu cívico.

Por ejemplo, la implementación del testigo social es minimizada en las tareas de supervisión del debido proceso, desde la redacción de la convocatoria hasta la asignación y la entrega-recepción de la obra pública. A este participante ciudadano las instituciones de auditoría y transparencia le ponen trabas para el cumplimiento de su función cuando lo más razonable sería que le reconocieran un rol preponderante.

De acuerdo a estudios y propuestas que los organismos de la sociedad civil de Sinaloa han presentado tanto al Congreso como al Gobierno del Estado, se destacan los siguientes puntos para que los testigos sociales cumplan la misión para lo cual fueron involucrados en los sistemas de transparencia y anticorrupción:

  1. Resulta indispensable reducir el límite económico mínimo que obliga a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a integrar a un testigo social a los procesos de contratación de obra estatal (aquella que no cuente con recurso federal). Actualmente está en 91 millones de pesos, de acuerdo a la reforma de octubre 2017, lo cual se traduce en que sea un número muy bajo de obras las que tengan que ser vigiladas por un testigo social. Se plantea bajar el monto mínimo a $10 millones de pesos.
  2. También es impostergable establecer por ley que se permita la participación ciudadana a través de figuras de testimonio social, observadores y comités de obra en todas las fases del ciclo de obra pública, y en todos los tipos de gasto de obra.  Actualmente se permite sólo para licitaciones e invitaciones restringidas y solamente en las fases de contratación. Es necesario que se incluya la participación en planeación, presupuestación, ejecución, evaluación y finiquito. Y en las obras por adjudicación directa y administración directa.
  3. Debe simplificarse el proceso de registro de testigo social, eliminando requisitos irracionales como la carta de no antecedentes penales federal (que el interesado tiene que tramitar en persona en la Ciudad de México), carta de no inhabilitación (que la propia STyRC consulta en sus propios sistemas), currículum con experiencia en vigilancia de obra pública (ya que es un tema de participación ciudadana naciente), profesiones en particular (ya que lo requerido del ciudadano básicamente es aplicar sentido común y conciencia clara: el desinterés económico o particular de los procesos). Realmente lo que se requiere es promover el registro con asociaciones civiles, medios de comunicación, cámaras, universidades privadas y públicas. Es fundamental publicar, como lo marca la ley, los testimonios oficiales.
  4. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas debe hacer valer sus facultades para insertar en todo tipo de procesos de obra pública a observadores ciudadanos, además de los testigos Sociales. La figura de observador no emite un testimonio oficial, pero debe y puede comunicar sus observaciones a la titular de la STyRC y medios de comunicación.
  5. La ley debe ordenar que los ciudadanos que participen en los comités de obras deben tener voto no sólo voz. O bien, que se obligue a la STyRC y a la dependencia contratante a difundir y dar respuesta pública e inmediata a sus observaciones.  Establecer a la vez que no puedan sesionar los comités sin que esté al menos un ciudadano presente.

Hasta el momento el registro de testigos sociales en la STyRC es casi nulo e inactivo. Sólo existe un registro activo de un ciudadano y el testimonio del único procedimiento en el que participó como testigo no ha sido publicado, incumpliendo lo que marca la Ley de Obras y el reglamento correspondiente. No existen más registros y no se ha cumplido con asignar testigos a las obras que lo ameritan por ley. Tampoco ha hecho uso de su facultad la titular de la STyRC para incorporar a testigos y observadores ciudadanos a procesos de obra pública, tanto de recursos estatales como federales, donde la pertinencia lo amerita.

De nada sirve que en el discurso se manifieste la intención de transparentar todo lo relacionado con la infraestructura física creada para el desarrollo de Sinaloa si el Congreso del Estado, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas eluden la tarea que les toca para que el andamiaje legal, social y gubernamental sea lo más sólido posible frente a la acción y tentación por el uso indebido de los recursos públicos. Más normas jurídicas y ciudadanía cerrándole el paso a la corrupción, es lo que se requiere.


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